Sindicatos y gremios de comerciantes, universitarios y hasta partidos políticos participan de la movilización nacional convocada para este viernes por la CGTP. Cientos de personas marcharon en las regiones de Piura, Cusco, Ayacucho y Arequipa con diferentes plataformas de protesta que coinciden en su rechazo a la presidenta Dina Boluarte y su gobierno como contra el Congreso.

En Ayacucho se está dando una movilización de las bases de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), donde está el sindicato de construcción civil de Ayacucho, Huanta y La Mar, SUTE y el sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Huamanga, exigiendo mejoras laborales y la reactivación de más de 20 obras paralizadas por el Gobierno Regional de Ayacucho y afectando a miles de familias de obreros.
También salieron a protestar junto a los obreros sus familiares, entre ellos sus esposas, quienes piden a Oscorima el pago a obreros y la reactivación de obras.

En la Plaza de Armas de Cusco, los trabajadores del sindicato de Construcción Civil, del mercado de Wanchaq, del mercado de Santiago, universitarios y partidos políticos se están sumando a esta movilización que en el caso de la ciudad imperial rechaza la privatización del agua y la masificación del gas.

Con arengas especialmente creadas para la marcha, el clásico cántico contra la presidenta Boluarte, carteles y banderas, los marchantes van mostrando y pronunciándose sobre el gobierno y el Congreso, al que no reconocen que los representa, pese a que votaron por ellos en las urnas.

También en Trujillo, La Libertad, los trabajadores de la CGTP salieron a marchar para alzar su voz de protesta. La secretaria de defensa de la CGTP – La Libertad, Kenia Paredes, declaró que “Dina Boluarte da la espalda al pueblo y solo sale a figuretear”.

En tanto, los manifestantes calificaron a la gestión de Boluarte: “Es pésima, es la peor gestión de todos los tiempos”.

Los manifestantes se desplazaron por las principales calles de Piura, expresando su descontento en contra de la mandataria, su gobierno y los congresistas.

“Agua sí, Mina no”, “No a la privatización del agua”, fueron las consignas más repetidas en la movilización de los sindicatos de Arequipa. Los marhantes se desplazaron por la Plaza de Armas, bajo la organización de la Coordinadora Política Social de la Región Arequipa.

Los participantes se manifestaron en contra del gobierno nacional y el Congreso. Pero también en contra del gobernador regional, Rohel Sánchez y el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera. También se desarrolló un lavado de banderas. Tampoco quieren que el proyecto Majes Siguas pase al Ejecutivo.

En tanto, en Piura, los ciudadanos marcharon gritando “por culpa del gobierno estamos en las calles”. Fueron cientos de personas que apoyaron así el Paro Nacional contra el gobierno de Dina Boluarte, para exigir su salida y el cierre del Congreso.

Estuvieron presentes los agremiados del Fenutssa Piura y de la CGTP. También los trabajadores de Construcción Civil.

En Amazonas, las rondas campesinas agrupadas en la Cunarc se unen a los sindicatos contra: el régimen de Dina Boluarte, el Congreso, un sueldo mínimo mísero, la explotación laboral de compañías y la inseguridad. “¡Democracia sí, dictadura no!”, exclaman.

Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones, solicitó a las autoridades estadounidenses revocar las visas de legisladores peruanos implicados en corrupción y en la aprobación de normas que afectan el Estado de derecho, como en otros países de la región

La Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones a nivel nacional, ha solicitado a las instancias gubernamentales de Estados Unidos que revoquen las visas de todos los congresistas peruanos implicados en corrupción u otros delitos graves, “así como de aquellos que sistemáticamente aprueban normas que afectan el Estado de derecho y la democracia”.

En un pronunciamiento difundido este jueves a través de la plataforma Change.org, donde han iniciado una recolección de firmas, el colectivo subraya que esta medida ya ha sido empleada en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, países en los que Washington ha sancionado a funcionarios involucrados en actos antidemocráticos.

En agosto de 2021, la administración estadounidense anunció la restricción de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, además de fiscales y jueces, acusados de obstaculizar el proceso electoral previsto para noviembre de ese año. En 2019, además, revocó las visas de altos militares del régimen chavista por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.

En el caso peruano, Coalición Ciudadana destacó que el 91% de los ciudadanos rechazan el desempeño del Congreso, señalando que esta falta de legitimidad se debe a “una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población”.

El colectivo remarcó que en el último año, el Congreso ha avanzado en la aprobación de “anti-reformas” legislativas que ponen en riesgo el sistema de justicia y la democracia, entre ellas, la limitación de los procesos de colaboración eficaz, el favorecimiento de organizaciones criminales en allanamientos judiciales y la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Además, los legisladores han aprobado reformas políticas y electorales como la reelección inmediata y la bicameralidad, ignorando el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de 2018. También han eliminado movimientos regionales y locales, la paridad horizontal para mujeres en política y el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estos actos, junto con escándalos de corrupción como los ‘Mochasueldos’ y ‘Los Niños’, así como privilegios injustificados, “han llevado a la ciudadanía a tomar acciones contra estos abusos de poder”.

Basándose en un informe de Ojo Público, la Coalición enfatiza que Estados Unidos es el principal destino extranjero de los parlamentarios peruanos. “Esta situación no solo significa un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no merece un sector mayoritario de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados”, se lee en el pronunciamiento.

La petición se ha hecho pública el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.

La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate. El proyecto de Fuerza Popular y Renovación Popular, en parte compuesto por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a personas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.

Puedes firmar la petición aquí