Política
El gobierno ha decidido desmantelar el equipo policial que brindaba apoyo a la Fiscalía encargada de investigar a Boluarte.
Pretexto. Resolución firmada por el ministro del Interior alega que hay duplicidad entre este grupo y la Diviac. Colaborador eficaz dijo que mandataria mandó a desactivar el Eficcop.
El Gobierno desactivó al grupo de élite de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investiga a la presidenta Dina Boluarte.
Con una resolución del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo anuló las anteriores disposiciones de la misma entidad que dieron pie a la conformación en la Policía del Equipo Especial de apoyo al Eficcop.
El Gobierno alega que hay duplicidad entre este equipo policial y la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la institución. Con el argumento de que el Estado debe evitar dobles funciones, eliminó este grupo clave en las investigaciones que complican a Boluarte y su entorno, entre otros poderosos de nuestro país.
La resolución que desactiva este equipo policial de élite es firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz. Se sostiene en un informe del Equipo de Asesoramiento Inmediato de la Comandancia General de la Policía y un oficio de la Dirección de Asesoría Jurídica de la entidad, ambos elaborados este año.
Tiene venia del comandante general de la Policía Víctor Zanabria y de su Dirección de Asesoría Jurídica, que lidera el general Juan José Serrano Herrera.
Gran aporte
El equipo policial fue creado en gestión del entonces ministro Mariano González en julio del 2022 como una muestra de apoyo a la lucha anticorrupción cuando el gobierno de Pedro Castillo escalaba en descrédito.
El equipo era liderado por el coronel Harvey Colchado, actualmente suspendido por una foto de una torta por su cumpleaños que recordó el allanamiento a la casa de Boluarte.
Este grupo policial y Eficcop, de la Fiscalía, lograron confesiones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal Patricia Benavides, que incluyen presuntas conversaciones de Boluarte sobre nombramientos en el Gobierno en “apoyo mutuo” con la Fiscalía de entonces.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, ha sido el primero en tratar de justificar este cuestionable paso dado.
“Entiendo que esta es una decisión netamente administrativa (…). Seguro esto se va a ver en el Consejo de Ministros. (…) No se ha visto. (…) Parte de una decisión administrativa que entiendo que ha sido evaluada por el sector. Se ha tomado una decisión y me imagino que eso tendrá comentario en el Consejo de Ministros”, sostuvo en entrevista a la estación televisiva Canal N.
Otras voces del Gobierno no quisieron pronunciarse aún.
En la mira
Este equipo de élite estaba en la mira de Boluarte, según testimonios y diversos indicios. Un colaborador eficaz del Ministerio Público declaró que la mandataria mandó a desactivar el Eficcop y el grupo policial que apoya la labor de estos fiscales.
“Vinculación de la presunta organización delictiva”, “Inteligencia criminal en la sombra” y acciones para desacreditar, quebrantar y desmembrar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y el Equipo Especial de la PNP en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, por encargo de Dina Boluarte Zegarra”, se menciona en un documento de la Fiscalía, que sostiene su tesis.
“Es una venganza de la presidenta, falta reacción»
«Es un golpe al corazón de la lucha contra la corrupción. La desactivación del equipo policial que trabajaba con la fiscal Marita Barreto es una venganza, claramente tomada desde lo más alto del poder, Dina Boluarte, por las investigaciones que están en curso contra ella y su hermano. Lo que no pudo lograr Pedro Castillo lo está logrando Boluarte. Dependerá de nosotros reaccionar», dice el exministro del Interior Carlos Basombrío.
La constitucionalista Beatriz Ramírez aduce que esta decisión debería sancionarse como infracción constitucional e inhabilitar a Boluarte por actos de aprovechamiento del cargo para beneficios particulares.
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Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
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Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
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Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
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