La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.

En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.

Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.

La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.

Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.

¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?

Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.

¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?

ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.

Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.

Los ciudadanos ya firman formularios para revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y decenas de gobernadores regionales, alcaldes, consejeros y regidores luego de que la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)declaró procedentes 119 pedidos de compra de kits para recolectar rúbricas en respaldo a las iniciativas para destituirlos.

La ONPE declaró procedente la solicitud de Ciro Silva, promotor de la revocatoria al burgomaestre capitalino. “Se inicia de manera inmediata la recolección de firmas de los ciudadanos que apoyan la revocatoria”, comentó el impulso tras recibir el kit en la ONPE.

“Se necesita firmas del 25% del padrón electoral: algo más de 1’900,000 rúbricas”, explicó

El promotor de la iniciativa tiene hasta el 12 de octubre para entregar estas firmas.

Silva sustenta su pedido en que no ha cumplido sus promesas de campaña, de lema “Lima Potencia Mundial”, el endeudamiento a Lima por 18 años, el abuso de autoridad, la basura acumulada, despidos arbitrarios de cientos de trabajadores ediles y la supuesta sobrevaloración de motos en más de 5 mil soles, una pérdida de 18 millones de soles.

El pedido de Silva incluye revocar a 38 regidores de la capital.

“En cualquier democracia del mundo, la revocatoria es un derecho, pero mi único comentario es que el señor (Ciro) Silva tiene un conflicto grave de interés porque está muy ligado a Susana Villarán y demás personajes políticos. (…) Ojalá que esa campaña no tenga a Odebrecht atrás«, expresó López Aliaga en una conferencia de prensa.

Hay un segundo pedido de compra de kit que busca la remoción de López Aliaga, esta presentada por Andrea Lia Valderrama Campos, comunicadora y activista. Esta solicitud ha sido observada por ONPE y sus impulsores tienen dos días de plazo para subsanar.

119 kits de revocatoria

Unos 119 pedidos similares contra gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales fueron declaradas procedentes hasta el lunes reciente, de un total de 457 solicitudes presentadas en el país desde hace dos semanas, según informó a La República Melissa Garro, subgerenta de Atención al Ciudadano de la ONPE.

En tanto 104 solicitudes han sido observadas y pueden ser subsanadas para una nueva evaluación y solo un pedido se ha declarado improcedente. El resto aún no se califican.

De las 457 solicitudes presentadas, 366 apuntan a revocar alcaldes y regidores distritales, 72 a alcaldes y regidores provinciales y 19 a gobernadores y consejeros regionales.

De estos pedidos contra autoridades regionales, cuatro son de Arequipa, dos del Callao, otros dos de Ayacucho, también dos de Puno y los demás, uno cada uno, son de Lima provincias, Ancash, La Libertad, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque y Piura.

Los gobernadores Rohel Sánchez, de Arequipa; Ciro Castillo Rojo, del Callao; Wilfredo Oscorima, de Ayacucho; son algunas autoridades que buscan destituir en sus regiones.

En general, los departamentos con más pedidos de compra de estos kits son Arequipa, Ayacucho, Junín, Cusco, La Libertad, Loreto y Lima, según informó ONPE a La República.

Luego de recolectarse las firmas necesarias, deben validarse en Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil). Si esta entidad concluye que son verdaderas, ya se puede solicitar que se consulte a la población si revoca o no a la autoridad en cuestión.

Las consultas de revocatoria están previstas para el año 2025.

Silva: “Lo voy a querellar”

Ciro Silva, promotor de la revocatoria del alcalde Rafael López Aliaga, anunció que denunciará al burgomaestre por haber afirmado que está vinculado a Susana Villarán y que “ojalá Odebrecht no esté detrás de esta campaña”

“Solo fui candidato a la alcaldía de Surco y después nada…. Es mentira que yo esté vinculado a ella. Voy a querellar a López Aliaga”, dijo a La República.

Silva postuló a alcalde del distrito limeño de Santiago de Surco en el 2010 por el partido Fuerza Social, de Villarán. Ese mismo año ella fue elegida para ser alcaldesa de Lima.