Dina Ercilia Boluarte Zegarra se enfrentaría a la cárcel al dejar la presidencia de la República. La fiscalía de la Nación presentó una denuncia ante el Congreso contra la presidenta Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves, en un contexto de violación de los derechos humanos a los ciudadanos que participaron las masivas protestas que se desarrollaron de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023.

La denuncia constitucional incluye a los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, el ex ministro de defensa Jorge Luis Chávez Cresta y los ex ministros de Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Los hechos denunciados, precisa un comunicado de prensa de la fiscalía, «están referidos a las protestas ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad».

«De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente (impacto de bomba lacrimógena)) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)», precisa el comunicado.

El Ministerio Público establece que la presidenta Boluarte y los ministros mencionados tenían poder de mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que pudieron evitar la represión violenta de las protestas. Al no cumplir con sus funciones constitucionales y legales, cometieron un delito por omisión impropia con dolo eventual y son responsables de las 44 muertes y 116 heridos graves y leves que dejó la represión.

Protección en el Congreso

Esta es la segunda denuncia que Ministerio Público promueve contra la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas que se realizaron en Lima y las regiones del sur del país tras declararse la vacancia y producirse la detención del ex presidente Pedro Castillo.

La primera denuncia fue presentada el 27 de noviembre de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pocas horas antes de la detención de sus asesores por un caso de corrupción y que ella fuera apartada de la conducción del Ministerio Público. Esa denuncia incluyó el delito de genocidio.

Sin embargo, el 18 de julio último, la denuncia de Benavides contra Boluarte fue rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 14 votos en contra y solo cuatro a favor.

Una denuncia constitución busca que el parlamento autorice el procesamiento de la autoridad denunciada, en este caso de la presidenta de la República, ante el Poder Judicial.

La denegación de la autorización o rechazó de la denuncia constitucional no elimina los cargos penales, sino que posterga su tramite hasta cinco años después de dejar el cargo.

La nueva denuncia fue presentada por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y no incluye el delito de genocidio. Este ilícito penal, sobre el que no habían mayores evidencias, fue dejado de lado y pasó al archivo.

El 27 de mayo de 2024, Villena también presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el delito de cohecho propio, por los relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle, que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficiarlo con aumentos del presupuesto regional.

La denuncia del caso Rolex si fue admitida a trámite por el Congreso.

Cadena de Mando

La denuncia contra Boluarte establece que la presidenta tiene el control funcional y operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la obligación de prevenir y controlar situaciones que pusieran en peligro la vida e integridad física de los ciudadanos que participaban en las protestas sociales, luego de declararse la vacancia del expresidente Pedro Castillo.

Dicha cadena de mando partía de los jefes operativos de las fuerzas armadas y policiales desplazados para controlar el orden publico, pasaba por los ministros del interior y defensa, la presidencia del Consejo de Ministros y tenía en la cúspide a la presidencia de la República.

La fiscalía indica que no se evidencian órdenes concretas de las altas autoridades ejecutivas para evitar la muerte y agresiones físicas a los manifestantes; al contrario se fomentó el uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada. Entre estos indicios, aparece la designación del ministro de defensa, Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros.

Entre el 10 y 11 de diciembre de 2022, la represión policial causó 6 fallecidos en Andahuaylas, pero ni la mandataria Boluarte, ni el Comando de la Policía Nacional, ordenaron cesar el uso de las armas de fuego, según un informe de la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, que fue incluido en la denuncia constitucional.

Esto explica, según la fiscalía, por qué el 12 de diciembre la policía disparó y mató a Robert Medina Llanterhuay , de 16 años, y dejó herido de gravedad a otro niño, Einer Quispe Navarro, de 13 años, además de Alcides Barzola Huamán, de 23 años, en la localidad de Chincheros.