Política
Expertos plantean que aumentar el número de universidades estatales podría tener repercusiones negativas en la calidad de la educación superior.
Descontrol. Expertos y 3 exministros de Educación coinciden en que congresistas ven en la creación de nuevas universidades públicas una forma de hacer campaña electoral. No toman en cuenta la parte técnica. En 3 años, han presentado 146 iniciativas y 60 están en camino de convertirse en ley. Algunas entidades ya existen en el papel.

La creación de más universidades estatales por parte del Congreso es una amenaza contra la calidad de la educación pública superior, coinciden especialistas y exministros consultados.
En ese sentido, la forma indiscriminada en que se crean fuera de Lima está ocasionando que las universidades nacionales que ya existen, como la de Cajamarca, la de Trujillo o la de Piura, vean reducido de manera dramática el presupuesto que reciben cada año.
Esto es un ataque directo del Parlamento a las casas de estudios públicas regionales, ya que los recursos del canon, que usualmente son para infraestructura, investigación y docencia, ahora serán divididos y repartidos con las entidades que han sido creadas sin sustento técnico.
Potenciar universidades antiguas
El Perú no necesita más universidades públicas, sino potenciar las que existen a través de la ampliación de vacantes, creación de más filiales y secciones de facultad, sostiene Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).
Mori argumenta que estos proyectos de ley no están adecuados a lo que realmente requiere el mercado de la educación superior.
Precedente. En los últimos años, los estudiantes y ciudadanos piden respetar la reforma. Foto: difusión
Del 2021 al 2024, el Congreso ha presentado 146 PL que buscan la creación de universidades nacionales. En la actualidad, 60 propuestas impulsadas por diferentes parlamentarios están siguiendo su curso para eventualmente ser promulgadas por el Poder Ejecutivo. Hasta la fecha, han completado esta etapa 18 centros de estudios.
“Muchos congresistas piensan que así aseguran un puesto de gobernador o pueden hacer carrera política. Realmente, no se está tomando en cuenta lo que está pasando en el mercado universitario”, comenta Mori a La República.
Asimismo, advierte que la fundación indiscriminada de estas entidades no va a solucionar el problema de acceso a la educación superior ni tampoco crearlas para públicos y localidades tanto específicas como alejadas de la capital de cada región, como indican algunos proyectos que son impulsados en el Legislativo.
Implementar una universidad desde cero demanda entre 10 y 12 años, mientras que una filial o sección de facultad tomaría entre 1 o 2 años, explica el exdirector general de Educación Superior del Minedu.
“¿Qué profesor de especialidad va a ir a estas localidades? Las universidades públicas locales tienen muchas dificultades para conseguir docentes. ¿Quién de ellos va a viajar a un lugar en que no tiene dónde poner a sus hijos, no tiene colegios ni hospitales? Los docentes universitarios se quedan en la capital de la región. No es que se tenga que crear una universidad en cada localidad, se tiene que llevar a los estudiantes a la capital de cada región, con buenas residencias y con becas. Están cometiendo un crimen para el futuro de los jóvenes”, insiste.
Cuestionado. Congreso sigue sin respetar tema técnico. Foto: Marco Cotrina / La República
Un claro ejemplo de ello es el PL 07660/2023-CR, que busca la creación de la Universidad Binacional Aimara. Su autor, Flavio Cruz, señala que la razón principal por la que propone este proyecto es que, para “el mundo aimara, en 200 años de república, no se ha creado una universidad”. Además, asegura que es un asunto de justicia que en esa zona del sur de Puno se establezca una casa de estudios, puesto que la falta de acceso a la educación universitaria hace que los jóvenes migren hacia Bolivia.
Otro caso es la Universidad Nacional Autónoma de Jauja, propuesta por el congresista José Arriola, quien indica que se debe concretar su iniciativa por “mera lógica”, con lo que se confirmaría lo que dice Jorge Mori.
Esta fiebre de creación de nuevas universidades ya ha sido alertada antes por exministros de Educación y especialistas en el tema.
Algunos de ellos son los extitulares de Minedu Flor Pablo, Juan Cadillo León y Ricardo Cuenca; así como la exjefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) Lorena Masías. Todos han cuestionado estas propuestas sin sustento que son impulsadas por puro populismo.
Juegan con expectativas de población
La congresista Flor Pablo, también exministra de Educación, expresa fuertes críticas hacia las iniciativas que buscan la creación de nuevas universidades en Lima y en regiones. También cuestiona estas propuestas y las califica de estrategias populistas e irresponsables porque juegan con las expectativas de los ciudadanos, las familias y los jóvenes.
“Efectivamente, la proliferación de proyectos de ley que proponen crear universidades son estrategias populistas e irresponsables, juegan con la expectativa de los pueblos, de las familias y los jóvenes. La Ley Universitaria exige opinión positiva del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía, pero esto no es considerado ni por la Comisión de Educación ni por el Pleno del Congreso, lo que vulnera el rol del Poder Ejecutivo (Minedu) como rector del sistema educativo”, menciona.
En lugar de enfocarse en la fundación de nuevas casas de estudios, la legisladora insta a fortalecer las universidades públicas que atraviesan una crisis evidente. En esa línea, indica que la matrícula en estas instituciones ha descendido del 30% al 26% entre 2018 y 2022, lo que destaca la importancia de seguir impulsando la política y el plan de educación superior establecidos.
Por su parte, el exministro Ricardo Cuenca coincide con Pablo y expresa su preocupación por esta lluvia de universidades, las cuales considera carentes de fundamentos sólidos dentro del marco de una verdadera reforma.
“Son unas propuestas que no tienen ningún asidero en el marco de una verdadera reforma universitaria. Como la reforma ya acabó, están haciendo uso de su potestad a la hora de legislar para un conjunto de universidades o proyectos porque no van a ser seguramente universidades, salvo en el papel, por un asunto de intereses particulares”.
En contra. Congresista Flor Pablo critica estas iniciativas. Foto: difusión
“Los congresistas ofrecen a sus votantes la creación de universidades sin tomar en consideración cómo funciona el sistema universitario. Por lo tanto, aprueban un conjunto de leyes y declaratorias que no van a tener ningún asidero en el futuro”, manifiesta.
Debe seguirse proceso meticuloso
Evaluar la creación de nuevos centros de estudios implica un proceso meticuloso. Así lo considera la exsuperintendenta de la Sunedu Lorena Masías, quien afirma que para promulgar ello se debe considerar no solo la disponibilidad de la oferta, sino también que las universidades públicas cuenten con los recursos necesarios para ofrecer una educación de calidad. Masías sostiene que el papel fundamental que desempeñan estas instituciones como proveedoras de un servicio público se debe basar en un plan de gestión de calidad de la plana docente y en uno de investigación con responsabilidades que vayan más allá de la simple impartición de conocimientos.
Ignoran la actual oferta educativa
Por último, el también extitular del Minedu Juan Cadillo expresa su preocupación sobre las diversas propuestas de creación de nuevas universidades públicas en el país.
El candidato a mejor profesor del mundo argumenta que estas iniciativas deben ser abordadas con extrema cautela. Además, destaca que, aunque incrementar la oferta de educación superior y facilitar el acceso son aspectos positivos, la nación requiere prioritariamente profesionales técnicos altamente calificados en lugar de más graduados universitarios.
Por tal motivo, menciona que sería más beneficioso concentrar los esfuerzos en mejorar y expandir la educación técnica superior mediante institutos tecnológicos especializados.
Cadillo advierte que cualquier oferta educativa que ignore la infraestructura, una plana docente calificada, así como los estándares rigurosos de calidad para obtener acreditación y reconocimiento, podría resultar en una propuesta populista que genera falsas expectativas en la ciudadanía, en lugar de responder efectivamente a sus necesidades y las del desarrollo nacional.
“Es una pésima decisión”, comentan
Se augura un futuro oscuro, ya que las universidades públicas han perdido aproximadamente el 30% de sus matrículas, puesto que han retrocedido en competitividad frente a las privadas. También se anota que es imposible potenciarlas porque se han visto perjudicadas con la reducción de su presupuesto. Tan solo en Cajamarca existen 5 que no tienen más de 1.500 alumnos.
“Es una pésima decisión. Estamos viendo la muerte anunciada de estas casas de estudios porque los estudiantes ya no quieren ir a una universidad pública, ya no quieren huelgas. Hacia eso nos están llevando los congresistas por desconocimiento, inacción del Minedu e intereses políticos”, agrega Jorge Mori.
Las últimas universidades de Lima
En Lima, uno de los últimos centros de estudios creados por el Poder Legislativo que ya funciona es la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. Esta institución, que se ubica en Villa El Salvador, tardó más de 6 años en efectuar su primer año académico desde su oficialización en 2001.
Por otro lado, en abril de 2024, tras más de 13 años de planificación, se aprobó por insistencia la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de SJL. Ahora, ¿cuánto tiempo demorará su construcción?

Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
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