Política
Obispos se pronuncian: Debemos dejar de considerar a Perú como una nación democrática.
Los equipos de la CEAS y de la Pastoral Social Nacional hacen un llamado enérgico a la defensa de la democracia y sus instituciones, instando a no robar el futuro a los jóvenes.
La Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) han expresado su preocupación por la situación actual del Perú, señalando que ya no se puede considerar al país como democrático debido a la falta de respeto a la dignidad de las personas. En un mensaje titulado «La autoridad es un servicio y una autoridad que no es servicio, es dictadura», la Iglesia peruana destaca su compromiso con la defensa de la democracia y sus instituciones.
Grandes sombras en la patria
Las instituciones religiosas critican las acciones de grupos y personas que buscan sus propios intereses en detrimento de la democracia y las instituciones. Se refieren a situaciones como la captura de órganos constitucionales autónomos, intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia y la ley que prohíbe la participación política de movimientos regionales. Todo esto contribuye a una cultura de ilegalidad que socava los cimientos de la nación.
Amnistía y cultura de la ilegalidad
La cultura de la ilegalidad se manifiesta en leyes aprobadas por el Congreso que favorecen la amnistía de militares y policías implicados en crímenes de lesa humanidad, así como en indultos ilegales y normativas que facilitan actividades ilegales. Además, se menciona la deforestación de la Amazonía en favor de intereses económicos y los conflictos sociales que ponen en peligro a defensores de territorios indígenas.
Enfrentando las sombras con luces de esperanza
A pesar de las sombras que cubren al país, la destitución de la fiscal de la Nación y la sentencia a militares por casos de violación ofrecen un rayo de esperanza. La Iglesia también destaca la importancia de la acción justa y la independencia del Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones.
En conclusión, la Pastoral Social Nacional y la CEAS hacen un llamado a la acción y la justicia con el fin de preservar la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es necesario enfrentar las irregularidades y luchar contra la corrupción para construir un país más democrático y justo para todos.
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Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
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Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
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Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
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