Política
Detenidos en la Prefectura denuncian una detención arbitraria
Reclaman que las órdenes de detención preliminar señalan un plazo de 10 a 15 días, pero algunos están por cumplir dos meses privados de libertad sin que se defina su situación
Un grupo de 26 personas privadas de su libertad en las celdas de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) en la Prefectura de Lima se quejaron ante la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia y el Ministerio de Justicia de una «grave, sistemática y reiterada» violación de su libertad personal.
En la carta dirigida al presidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, a la que tuvo acceso La República, detallan que «por ejemplo, 18 de las 26 personas privadas de su libertad fueron detenidas el 12 de abril del presente año, por un plazo de 10 días de detención preliminar y hasta ahora llevan 28 días de detención arbitraria e ilegal, sin que se haya definido su situación jurídica«.
Carta de los detenidos en la prefectura
«Pese, añaden, a que el artículo 2, inciso 24 , literal f de la Constitución Política del Estado establece un plazo máximo de detención preliminar de 15 días, tal como lo ha reconocido el precedente del expediente 6423-2007-caso Guillermo Ruiz Dianderas«.
Agregan, que la Defensoría del Pueblo, a través del programa de personas privadas de su libertad, ha reconocido la violación de la libertad personal en el caso de 5 personas que fueron detenidas el 23 de abril de 2024 y cuyo plazo de detención de 15 días venció el 8 de mayo del presente, habiendo transcurrido 12 días de detención arbitraria, ilegal e inconstitucional».
La Defensoría del Pueblo reconoce que cinco detenciones son arbitrarias
Acompañan su carta con el oficio n.° 006-2024-DP/ASCSNLD-PPPL, fechado el 17 de mayo de 2024, que la Defensoría del Pueblo dirigió al juez de investigación preparatoria Raúl Justiniano Romero.
En este oficio, la Defensoría recuerda que el Tribunal Constitucional ha señalado como precedente vinculante que la Constitución establece un plazo máximo, de carácter absoluto, cuyo cómputo es inequívoco y simple, pero no es el único, pues existe también el plazo estrictamente necesario de detención.
La Defensoría del Pueblo indica que los detenidos se quejan de que, pese a que los jueces a cargo de sus casos ordenaron que no debían estar recluidos en una establecimiento penitenciario o carceleta; sin embargo, «las características del lugar donde se encuentran bajo custodía de la Policía Nacional corresponden a una celda o carceleta, esto es, un ambiente de pequeñas dimensiones, falto de iluminación natural y de servicios básicos como luz y agua, con una puerta formada por barrotes metálicos«.
Una situación que estaría generando problemas de salud a uno de los detenidos. Otro investigado se quejó de que se afecta su derecho de defensa y debido proceso, al haber sido excluido de las diligencias de deslacrado y visualización de especies incautadas, permitiendo solo la participación de su defensa técnica.
Sin derechos
Carta al presidente del Poder Judicial
Los detenidos reconocen que se les detuvo con una orden judicial que señala un plazo de privación de su libertad de 10 a 15 días, pero transcurrido ese periodo de tiempo permanecen recluidos en las celdas de la prefectura, sin que se resuelva su situación jurídica.
En total, hay unas 31 personas en esta situación. Pero, solo 26 firman las cartas. Los otros se abstienen, posiblemente, por temor a las represalias. La mayoría está detenida por el caso «Los Tarjeteros del Norte» desde el 12 de abril, otros vinculados al caso de la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides, desde el 23 de abril, y del caso del expresidente Pedro Castillo, desde el 26 de abril.
Un problema que se viene repitiendo desde hace algunos años con las detenciones preliminares e incluso la prisión preventiva, sin que las autoridades haga nada por solucionarlo. Los detenidos parecen no importar a nadie y carecer de derechos humanos. El plazo previsto en la orden judicial se extiende por tiempo indefinido, hasta que concluyan las audiencias judiciales donde se discute y se resuelve su situación.
Mientras, el juez resuelve, todos permanecen detenido en la prefectura en función a una interpretación de la norma procesal que otorga al juez un plazo adicional de 48 horas para que las instancias judiciales resuelvan. Pero, este segundo plazo tampoco se cumple.
Los jueces y fiscales reconocen que se produce un exceso en la detención preliminar, que afecta diversos derechos humanos, el debido proceso y la legítima defensa, pero se prefiere aplicar el aforismo clásico al revés: ‘más vale cien inocentes presos que un sospechoso pueda fugar‘.
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Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
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Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
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Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
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