El primer año de Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue un periodo marcado por la alta conflictividad social, su baja popularidad y la insatisfacción de la población por el incremento de la inseguridad y la crisis económica. Frente a ello, desde el Ejecutivo se hicieron una serie de promesas —algunas de ellas enmarcadas en el mensaje a la nación por 28 de julio— para tentar la calma entre peruanos, pero muchas de ellas quedaron a medio camino o fueron descartadas, meses después, por los principales voceros de la jefa de Estado.

No más muertes en protestas, pero las hubo

“No tiene que haber, no tiene que haber más muertes”, dijo la mandataria a La República, en lo que representó su primera entrevista a un medio impreso del Perú. Ella hacía referencia a que, a partir del 4 de enero, fecha en la que se reactivarían las protestas, no habría más fallecidos. Semanas antes ya se había perpetrado las matanzas en Ayacucho, Junín y otros puntos del país. El Gobierno cerró diciembre con 22 muertos en 2 semanas.

Las protestas se detuvieron coincidiendo con las fiestas de fin de año, pero se anunciaba que desde el 4 de enero la población saldría nuevamente a las calles. Si bien la activación de veladores de derechos humanos internacionales y las exigencias de justicia para las víctimas generó que la agresividad de la represión policial bajara un poco al inicio, no tardó en alcanzar nuevamente cifras preocupantes de fallecidos.

El 9 de enero, se registraron 17 personas asesinadas, todas provenientes de Juliaca. Entre las víctimas mortales, nuevamente figuraron 2 menores de edad. Entre el 11 y el 20 de ese mes, se registraron nuevos fallecimientos en zonas como Puno, Cusco, Arequipa, La Libertad, Apurímac y Lima. La represión más violenta que vivió el Perú en años alcanzó la cifra de 66 personas muertas, número que fue contabilizado tras los 100 primeros días de Gobierno.

Boluarte allanada a las investigaciones, pero sin responder

Siguiendo el tema de las muertes en protestas, la presidenta Dina Boluarte prometió su total colaboración con las investigaciones que desarrollaba la Fiscalía. Aseguró que se allanaría a las indagaciones: “Mantengo mi compromiso, junto a los funcionarios y autoridades, de allanarme totalmente y cooperar con el trabajo que realiza el Ministerio Público. No habrá impunidad para nadie en este caso”.

Con el paso de los meses, esta voluntad de colaborar con las investigaciones se fue diluyendo. En setiembre, la jefa de Estado acudió a la Fiscalía para declarar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, pero no respondió las preguntas del interrogatorio. Lejos de colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido, Dina Boluarte optó por acogerse a su derecho a guardar silencio.

El plan Boluarte y la derrota ante la inseguridad ciudadana

El denominado plan Boluarte solo fue parte de la retórica del Gobierno para hacer frente a las críticas por la creciente inseguridad ciudadana y el pedido de autoridades locales para que desde el Ejecutivo se aplique el plan Bukele. La respuesta solo fue un eslogan emitido por Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, quien señaló que la jefa de Estado tenía una estrategia mejor que la implementada en El Salvador.

Meses después, sin resultados concretos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con estados de emergencia que se fueron diluyendo ante su ineficacia, Dina Boluarte dio por zanjado el denominado plan Boluarte tras incomodarse con las preguntas de la prensa. En concreto, nunca hubo ni habrá plan Boluarte.

“A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el ‘Perú seguro’. Sabemos que la inseguridad ciudadana no es de ahorita, ahí también los medios que nos ayuden a dar noticias en positivo y no siempre en negativo”, dijo una mandataria molesta.

La Policía de orden murió antes de nacer

Entre los anuncios de 28 de julio, la jefa de Estado comentó la presentación de cinco proyectos de ley ante el Congreso de la República. Uno de ellos versaba sobre la incorporación de la categoría Policía de orden y seguridad “para fortalecer la seguridad ciudadana en el país”. Esta propuesta apuntaba a que la población sienta que tiene más efectivos en las calles cuidándolos.

Finalmente, tras recibir una lluvia de críticas y la escueta defensa por parte del Gabinete Otárola a la iniciativa, la Comisión de Defensa Nacional —dirigida por Patricia Chirinos— optó por archivar el proyecto de ley 5633-2023-PE. Tras ello, integrantes del grupo de trabajo lamentaron que ni siquiera los ministros se acercaran para defender esta propuesta emblema de la mandataria.

Un aumento de sueldo mínimo que sigue en espera

Una demanda que siempre está sobre la mesa es el aumento de sueldo mínimo vital, el cual se encuentra fijado en nuestro país en los S/1.025. Entre los anuncios de julio, este tema fue puesto en agenda por la mandataria. En noviembre, anunció el incremento de sueldo para enfermeras y obstetras, también para docentes.

“Mi Gobierno espera que fruto de ese diálogo entre los gremios sindicales y empresariales, pronto podamos anunciar al país el incremento del sueldo mínimo vital, que mejore las condiciones de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras”, dijo durante su mensaje a la nación.

En concreto, el gran grueso de peruanos que trabajan —ganando el sueldo mínimo— en el sector privado siguen a la espera de que se cumpla el anuncio de la presidenta Boluarte. El último aumento ocurrió durante el 2022, cuando la RMV pasó de S/930 a S/1.025. Antes de ello, la cifra no variaba desde el 2018.