Política
Dina Boluarte: “¿Qué tema personal tiene el coronel Harvey Colchado conmigo o mi familia?”
El 25 de marzo de este año, la presidenta Dina Boluarte y su hermano, reunidos en el despacho de su abogado Mateo Castañeda, escucharon hablar al coronel Harvey Colchado sobre la investigación de la Diviac a Nicanor Boluarte.
“¿Qué tema personal tiene el coronel Colchado conmigo y con mi familia?”, expresó, muy molesta, enardecida, la presidenta Dina Boluarte cuando se reunió, acompañada de su hermano Nicanor Boluarte, con el general PNP (r) Carlos Morán Soto, en la oficina de su abogado, Mateo Castañeda, en Miraflores, el 25 de marzo de este año.
Carlos Morán ya le había avisado a Colchado que se iba a encontrar con Mateo Castañeda en su estudio, y cuando llegó, le alertó que estaban en el lugar Dina y Nicanor Boluarte. De arranque la jefa de Estado fue muy imperativa por saber lo que estaba sucediendo. Era evidente que estaba al tanto de que Morán actuaba como una suerte de vínculo con Colchado. Así que, a pedido de Castañeda, Morán llamó a Colchado y encendió los parlantes para que los presentes escucharan sus respuestas.
En ese momento, Colchado era jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que investigaba a Nicanor Boluarte. Para entonces, el Eficcop también estaba embarcado en el caso de los relojes Rolex. La presidenta Boluarte estaba interesada en conocer qué es lo que sabía Colchado, de acuerdo con fuentes de La República que tienen conocimiento del episodio del 25 de marzo.
Dina Boluarte desconfiaba de Harvey Colchado. Foto: composición LR
Morán comenzó a preguntarle a Colchado lo que querían saben Dina y Nicanor Boluarte:
“ ¿Tienes algo personal contra la presidenta Dina Boluarte, contra su familia?”, interrogó Morán a Colchado.
“No tengo nada contra la presidenta Dina Boluarte y tampoco con su familia. Estoy haciendo solamente mi trabajo”, respondió el coronel Harvey Colchado.
“¿En qué estado se encuentra el caso de Nicanor Boluarte?”, indagó Morán. Gran parte de la carrera policial de Colchado la hizo bajo la influencia del general Carlos Morán, por lo que estaba hablando en confianza. Colchado no iba a decir nada que perjudicara el trabajo de la Diviac con el Eficcop.
“Hasta el momento no hay nada concreto y en un plazo de tres meses se debe estar archivando”, respondió Colchado.
Una vez que terminó el diálogo, de inmediato intervino Nicanor Boluarte y dijo que él no tenía ninguna responsabilidad y que lo estaban acusando injustamente.
La cita del 25 de marzo duró entre 5 de la tarde y 8 de la noche. Y fue exhausta, tensa, nerviosa. Y no sería la última.
Luego de ese encuentro, para Colchado era notorio que Dina y Boluarte pretendían interferir en las investigaciones de la Diviac.
Cuatro días después, el Viernes Santo del 29 de marzo, la Diviac allanó la casa de la jefa de Estado como parte del caso de los Rolex. En represalia, Boluarte destituyó, por intermedio de la Policía Nacional, a Colchado, el 13 de abril.
Pese a todo, Mateo Castañeda volvió a reunirse con Colchado.
Pescando pecados
Mateo Castañeda y Carlos Morán se conocen desde hace mucho tiempo por sus funciones públicas como fiscal y oficial de la Policía Nacional. Una vez en el retiro ambos, Morán contrató a Castañeda para que lo defendiera por casos que se presentaron durante la gestión de Morán como ministro del Interior. Cuando la presidenta convoca a Castañeda para el caso de los Rolex, el abogado busca a Morán. El primer encuentro se registró el 14 de marzo. Castañeda conocía perfectamente que Morán era amigo del jefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado, encargado de investigar a su clienta y a su hermano.
Carlos Morán fue el nexo entre Mateo Castañeda y Harvey Colchado. Foto: Congreso
En la reunión del 14 de marzo, en el restaurante Pescados capitales de la avenida La Mar, en Miraflores, cuando ya estaban juntos Morán y Castañeda, arribó el coronel Colchado. “Yo inicialmente participé y después me retiré. Ellos se quedaron solos conversando por espacio de una hora y media. Terminado el encuentro, llevé a Colchado en mi vehículo y en el camino me dijo: ‘Mi general, el interés de Mateo Castañeda es por el caso hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte”, relató a La RepúblicaHildebrandt sobre la JNJ : “La Junta no puede hacer nada, está paralizada, está muerta” el exministro Carlos Morán.
Por lo tanto, desde la cita del 14 de marzo en Pescados capitales, el coronel Colchado supo que había expectativa de Palacio de Gobierno por conocer que había encontrado la Diviac sobre Nicanor Boluarte. La sospecha se convirtió en certeza cuando Morán llama a Colchado desde su teléfono para preguntarle sobre lo que sabía del hermano de la presidenta. Carlos Morán se las arregló para avisar al jefe de la Diviac que en el despacho de Mateo Castañeda estaban Dina y Nicanor Boluarte.
Colchado no es el enemigo
“Luego de la reunión del 25 de marzo conversé con Colchado y le manifesté que la presidenta Dina Boluarte desconfiaba y le tenía animadversión. Le dije que tuviera cuidado, a lo que Colchado me respondió: ‘No se preocupe, general, estoy actuando de acuerdo a ley’”.
Si los Boluarte creyeron que luego del encuentro el coronel Colchado y la Diviac bajarían la intensidad dedicada al caso de los Rolex y de Nicanor Boluarte, se equivocaron. Cuatro días después, el 29 de marzo, en la noche de Viernes Santo, el mismísimo jefe de la Diviac dirigía el allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte. Esto fue un punto de inflexión.
Tras el allanamiento a la casa de Dina Boluarte, Mateo Castañeda dijo a la presidenta que su enemigo número 1 era Juan Villena. Foto: composición LR
El 13 de abril, la Inspectoría General de la Policía, obviamente por mandato de la jefa de Estado, destituyó a Harvey Colchado. Aparentemente, Mateo Castañeda, o su clienta, la presidenta Boluarte, consideraron que fuera de juego Colchado, este podía ayudar a detener las investigaciones sobre los Rolex o Nicanor Boluarte. Así que el 30 de abril se produjo un nuevo encuentro. Esta vez en el Centro Aeronáutico del Perú, en San Isidro.
Esta parte la relató Morán a La República. Indicó que Mateo Castañeda le solicitó organizar una nueva reunión con Harvey Colchado. Morán aceptó, aunque intrigado, porque se suponía que el exjefe de la Diviac era un personaje detestado por Dina Boluarte. Sin embargo, su abogado, quería contactar con Colchado sin saber este exactamente para qué.
“Ese día 30 abril almorzamos Mateo Castañeda, Colchado y yo. Y durante la conversación, Castañeda puso hincapié en que Colchado debía encontrar responsabilidad en alguien del equipo policial del Eficcop por haber filtrado la fotografía del allanamiento de la casa de la presidenta Dina Boluarte”, que fue lo que causó su destitución.
Según Morán, el mensaje de Mateo Castañeda era que, si Colchado colaboraba con ese pedido, podía superar el momento complicado que tenía con la Inspectoría General, que lo sacó de la jefatura de la Diviac.
En esa ocasión, Castañeda confió a Morán y Colchado: ‘Yo le dije a la presidenta de la República que el coronel Colchado no es el enemigo. No es su enemigo. Que sus enemigos son el número uno de la Fiscalía de la Nación, (Juan Carlos) Villena, y el fiscal supremo (Hernán) Mendoza (Salvador), que este cargo de la investigación del caso los Rolex. Ellos son los que han gestionado la medida judicial para el allanamiento a su domicilio. Ellos son los enemigos”.
En esa conversación Mateo Castañeda también propuso un intercambio de “figuritas”. Y le dijo directamente a Colchado: “Si consigues información sobre alguna irregularidad en la conducta de los fiscales Villena y Mendoza, me avisas. Ten en cuenta que en diciembre son los pases al retiro por renovación de cuadros”, le advirtió Castañeda a Colchado. ¿A qué se refería Castañeda por el “intercambio de figuritas”? En este caso, a canjear favores: si tú me ayudas a tumbarme a los fiscales Villena y Mendoza -–que son los que están investigando a Dina y Nicanor y Boluarte–, yo te ayudo impidiendo que te den de baja. Para plantear semejante propuesta, Castañeda contaba con el respaldo de la presidenta Boluarte, quien cuenta con el poder para ascender o destituir a un oficial de la Policía Nacional. En lugar de eso, la Eficcop y la Diviac detuvieron a Nicanor Boluarte y a ‘Los Waykis en la Sombra’.
Política
Keiko Fujimori pide al TC anular juicio oral por el Caso Cócteles: ¿cuáles son sus argumentos?
La defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, busca frenar la investigación del fiscal José Domingo Pérez desde hace varios años.
Keiko Fujimori presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular el juicio oral por el caso Cócteles, donde se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales el fiscal José Domingo Pérez solicita al Poder Judicial 30 años y 10 meses de prisión.
El pedido fue presentado por la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza y busca que se declaren nulas y sin efecto legal tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el que se declararon infundados las solicitudes de la defensa de Fujimori para archivar el caso.
¿Cuáles son los argumentos de Fujimori para anular juicio en su contra? De acuerdo con la letrada Loza, consideran que se está afectando los derechos fundamentales de la hija de Alberto Fujimori. «Específicamente el derecho al principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado, menos sentenciado, por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación (…) Aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaba vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano», explicó a RPP.
La abogada hace referencia a los delitos de lavado de activos y organización criminal. «En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende, contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas”, se lee en la resolución.
Por otra parte, Giulliana Loza sostiene que también se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria de Keiko Fujimori debido a que actualmente está sometida a comparecencia con restricciones, así como el derecho al plazo razonable porque es “objeto de una imputación penal que no cumple con el principio de legalidad (…) desde 2017”.
En ese marco, la abogada recordó que a inicios de este 2024 presentó una demanda de habeas corpus en contra de las resoluciones que emitió el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.
«¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo. Decíamos los hechos por los cuales está acusando la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio, no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas devoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos. La Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora a esa instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional», dijo a RPP.
Política
Piden a EE.UU. restringir visas a congresistas peruanos por socavar la democracia, como ocurrió en Guatemala, Nicaragua y Venezuela
Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones, solicitó a las autoridades estadounidenses revocar las visas de legisladores peruanos implicados en corrupción y en la aprobación de normas que afectan el Estado de derecho, como en otros países de la región
La Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones a nivel nacional, ha solicitado a las instancias gubernamentales de Estados Unidos que revoquen las visas de todos los congresistas peruanos implicados en corrupción u otros delitos graves, “así como de aquellos que sistemáticamente aprueban normas que afectan el Estado de derecho y la democracia”.
En un pronunciamiento difundido este jueves a través de la plataforma Change.org, donde han iniciado una recolección de firmas, el colectivo subraya que esta medida ya ha sido empleada en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, países en los que Washington ha sancionado a funcionarios involucrados en actos antidemocráticos.
En agosto de 2021, la administración estadounidense anunció la restricción de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, además de fiscales y jueces, acusados de obstaculizar el proceso electoral previsto para noviembre de ese año. En 2019, además, revocó las visas de altos militares del régimen chavista por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.
En el caso peruano, Coalición Ciudadana destacó que el 91% de los ciudadanos rechazan el desempeño del Congreso, señalando que esta falta de legitimidad se debe a “una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población”.
El colectivo remarcó que en el último año, el Congreso ha avanzado en la aprobación de “anti-reformas” legislativas que ponen en riesgo el sistema de justicia y la democracia, entre ellas, la limitación de los procesos de colaboración eficaz, el favorecimiento de organizaciones criminales en allanamientos judiciales y la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Además, los legisladores han aprobado reformas políticas y electorales como la reelección inmediata y la bicameralidad, ignorando el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de 2018. También han eliminado movimientos regionales y locales, la paridad horizontal para mujeres en política y el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estos actos, junto con escándalos de corrupción como los ‘Mochasueldos’ y ‘Los Niños’, así como privilegios injustificados, “han llevado a la ciudadanía a tomar acciones contra estos abusos de poder”.
Basándose en un informe de Ojo Público, la Coalición enfatiza que Estados Unidos es el principal destino extranjero de los parlamentarios peruanos. “Esta situación no solo significa un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no merece un sector mayoritario de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados”, se lee en el pronunciamiento.
La petición se ha hecho pública el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.
La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate. El proyecto de Fuerza Popular y Renovación Popular, en parte compuesto por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a personas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.
Puedes firmar la petición aquí
Política
Ley sobre colaboración eficaz que aprobó el Congreso dejaría a Perú fuera de la OCDE
La adhesión de Perú a la OCDE se encuentra en riesgo debido a la promulgación de una ley que debilita la colaboración eficaz, una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción.
La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.
En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.
Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.
La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.
Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.
¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?
Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.
¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?
ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.
Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.
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