“Lo que buscan es frustrar las investigaciones que realiza el Ministerio Público. No se puede permitir el entorpecimiento en la ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que levantamos nuestra voz de protesta”.

Estas fueron las palabras del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, frente a la decisión del Ministerio del Interior y la Policía Nacional de desactivar el Equipo Especial policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), creado en julio de 2022.

Villena anotó que la desactivación de ese equipo afecta el trabajo del Eficcop y del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del despacho de la fiscalía de la Nación.

Aunque no lo mencionó de manera directa, esto supone que Villena considera que los actos del gobierno entorpecen las investigaciones a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso de los Rolex y las joyas de lujo.

Por su parte, frente a la detención su hermano, la presidenta afirmó: «Sin descanso ni distracciones de ningún tipo seguiremos doblegando nuestros esfuerzos para revertir la cifra de pobreza (…) Seguiremos trabajando sin descanso. No nos vamos a distraer en asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país.»

Investigación

Ante esta realidad, el fiscal de la Nación anunció el inicio de diligencias preliminares contra la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, por los delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal. Ella como instigadora y él como autor del mencionado delito.

Además, se les investigará como presuntos autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de obstrucción a la justicia.

En los siguientes días, la fiscalía procederá a llamarlos a declarar y se requerirá al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional información detallada de los motivos y el sustento legal de la resolución ministerial que desactiva el grupo policial y ordena una investigación sobre su creación.

Equipo Especial policial

Más temprano, en el aniversario del Ministerio Público, el fiscal de la Nación exhortó al gobierno a dejar sin efecto su decisión y restablecer al Equipo Especial policial.

El Equipo Especial Policial fue creado en julio de 2022 por el entonces ministro del Interior, Mariano González Fernández, en el gobierno de Pedro Castillo. Inicialmente, estuvo integrado por los jefes de cuatro unidades de inteligencia y búsqueda de personas de la PNP.

Hasta el 14 de abril de 2024, el grupo era dirigido por el coronel PNP Harvey Colchado, Jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac), como coordinador general, y el coronel PNP Segundo Argomedo Vásquez, Jefe de la División de Inteligencia Antidrogas.

Tras la intervención de Inspectoría de la Policía y la suspensión de Colchado, el coronel Franco Moreno Panta, jefe de la Diviac, pasó a ser el coordinador del grupo.

Obstrucción

La fiscalía sospecha que el mencionado equipo policial fue desactivado para entorpecer las investigaciones a la presidenta Boluarte, evitar la detención de  su hermano Nicanor y acceder a las declaraciones de los colaboradores eficaces y testigos protegidos.

Los actos de obstrucción habrían comenzado con la suspensión del coronel Colchado, para que un nuevo jefe policial pudiera filtrar información al Ejecutivo. Cuando eso no cumplió el objetivo deseado, el 7 de mayo la presidenta Boluarte llamó a Palacio y conversó con el actual coordinador, el coronel Moreno Panta.

Boluarte le habría pedido al jefe policial información reservada de las investigaciones. Moreno se negó o le respondió que no sabía nada, pues, cada grupo policial trabaja directamente con los fiscales. La respuesta de Moreno habría llevado al gobierno a decidir desactivar todo el grupo.

El 9 de mayo se publicó la resolución ministerial que desactivó el equipo policial que apoyaba a los fiscales. Sin embargo, días antes del 9 de mayo, la fiscalía había pedido al Poder Judicial la detención de Nicanor Boluarte. La presidenta habría estado al tanto de esa solicitud.

Las órdenes de detención fueron emitidas por el juez Richard Concepción Carhuancho el 10 de mayo de 2024, a las 04:49:25 de la madrugada. Se ejecutaron de inmediato. Fueron detenidos Nicanor Boluarte, el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda Segovia y otros seis personajes.

Investigaciones y organizaciones criminales

Con la nueva decisión de la Fiscalía de la Nación, la presidenta Dina Boluarte suma su segunda indagación preliminar. La primera es la del caso Rolex y las joyas que le prestó su «Wayki», Wilfredo Oscorima. La segunda, esta nueva investigación por encubrimiento personal y abuso de autoridad.

Además, hay que advertir que la presidenta Boluarte está mencionada en las investigaciones que realiza el Eficcop sobre tres presuntas organizaciones criminales: “La fiscal y su cúpula del poder”, encabezada por la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides; “La inteligencia en la sombra”, liderada por el coronel PNP (r) Martín ‘Conejo’ Gonzáles; y ahora, “Los Waykis en la sombra”, de Nicanor Boluarte.

Igualmente, antes de dejar la fiscalía de la Nación, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte, el primer ministro Alberto Otárola y los exfuncionarios públicos, César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santiesteban y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo, muertos en las protestas contra su gobierno, que se produjeron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.