Política
Fiscalía denuncia a la presidenta Boluarte y seis ministros por el asesinato y lesiones graves de 160 manifestantes el 2022-2023
La presidenta y los ministros de defensa e interior actuaron por omisión impropia y dolo eventual al no evitar la represión violenta de la marchas con el resultado de 44 muertos y 116 heridos graves y leves, según el fiscal de la Nación.
Dina Ercilia Boluarte Zegarra se enfrentaría a la cárcel al dejar la presidencia de la República. La fiscalía de la Nación presentó una denuncia ante el Congreso contra la presidenta Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves, en un contexto de violación de los derechos humanos a los ciudadanos que participaron las masivas protestas que se desarrollaron de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023.
La denuncia constitucional incluye a los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, el ex ministro de defensa Jorge Luis Chávez Cresta y los ex ministros de Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Los hechos denunciados, precisa un comunicado de prensa de la fiscalía, «están referidos a las protestas ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad».
Los deudos de las víctimas de la represión policial y militar reclaman justicia
«De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente (impacto de bomba lacrimógena)) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)», precisa el comunicado.
El Ministerio Público establece que la presidenta Boluarte y los ministros mencionados tenían poder de mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que pudieron evitar la represión violenta de las protestas. Al no cumplir con sus funciones constitucionales y legales, cometieron un delito por omisión impropia con dolo eventual y son responsables de las 44 muertes y 116 heridos graves y leves que dejó la represión.
Protección en el Congreso
El Congreso podrá proteger a la presidenta mientras este al frente del gobierno, pero no por siempre
Esta es la segunda denuncia que Ministerio Público promueve contra la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas que se realizaron en Lima y las regiones del sur del país tras declararse la vacancia y producirse la detención del ex presidente Pedro Castillo.
La primera denuncia fue presentada el 27 de noviembre de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pocas horas antes de la detención de sus asesores por un caso de corrupción y que ella fuera apartada de la conducción del Ministerio Público. Esa denuncia incluyó el delito de genocidio.
Sin embargo, el 18 de julio último, la denuncia de Benavides contra Boluarte fue rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 14 votos en contra y solo cuatro a favor.
Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena promueve nueva denuncia contra Dina Boluarte
Una denuncia constitución busca que el parlamento autorice el procesamiento de la autoridad denunciada, en este caso de la presidenta de la República, ante el Poder Judicial.
La denegación de la autorización o rechazó de la denuncia constitucional no elimina los cargos penales, sino que posterga su tramite hasta cinco años después de dejar el cargo.
La nueva denuncia fue presentada por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y no incluye el delito de genocidio. Este ilícito penal, sobre el que no habían mayores evidencias, fue dejado de lado y pasó al archivo.
El 27 de mayo de 2024, Villena también presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el delito de cohecho propio, por los relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle, que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficiarlo con aumentos del presupuesto regional.
La denuncia del caso Rolex si fue admitida a trámite por el Congreso.
Cadena de Mando
La presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas
La denuncia contra Boluarte establece que la presidenta tiene el control funcional y operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la obligación de prevenir y controlar situaciones que pusieran en peligro la vida e integridad física de los ciudadanos que participaban en las protestas sociales, luego de declararse la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
Dicha cadena de mando partía de los jefes operativos de las fuerzas armadas y policiales desplazados para controlar el orden publico, pasaba por los ministros del interior y defensa, la presidencia del Consejo de Ministros y tenía en la cúspide a la presidencia de la República.
La fiscalía indica que no se evidencian órdenes concretas de las altas autoridades ejecutivas para evitar la muerte y agresiones físicas a los manifestantes; al contrario se fomentó el uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada. Entre estos indicios, aparece la designación del ministro de defensa, Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros.
Los familiares de las víctimas de las protestas piden justicia
Entre el 10 y 11 de diciembre de 2022, la represión policial causó 6 fallecidos en Andahuaylas, pero ni la mandataria Boluarte, ni el Comando de la Policía Nacional, ordenaron cesar el uso de las armas de fuego, según un informe de la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, que fue incluido en la denuncia constitucional.
Esto explica, según la fiscalía, por qué el 12 de diciembre la policía disparó y mató a Robert Medina Llanterhuay , de 16 años, y dejó herido de gravedad a otro niño, Einer Quispe Navarro, de 13 años, además de Alcides Barzola Huamán, de 23 años, en la localidad de Chincheros.
Únete al canal de Whatsapp para mantenerte al tanto de todas las novedades.
Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
Únete al canal de Whatsapp para mantenerte al tanto de todas las novedades.
Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
Únete al canal de Whatsapp para mantenerte al tanto de todas las novedades.
Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
Únete al canal de Whatsapp para mantenerte al tanto de todas las novedades.
-
Uncategorizedhace 1 añoLa carrera de la UNI en la que solo un alumno va a clases: “Solo somos el profe y yo”
-
Uncategorizedhace 1 año
Cassandra encara a usuaria que criticó su look en fiesta de su hijo: “Si no te gusta, cómprate una Barbie”
-
Uncategorizedhace 1 año
Peruano compra «gallo carioco» en el Centro de Lima, pero resultó ser gallinazo y se burlan: «Lo hicieron otra vez» [VIDEO]
-
Uncategorizedhace 1 año
No es Medicina ni Ingeniería Industrial: esta será la carrera mejor pagada en el 2024, según la IA
-
Uncategorizedhace 1 año
¿Por qué la UNI eliminó la carrera de Ingeniería Aeronáutica?: tuvo menos de 15 egresados
-
Uncategorizedhace 1 año
Luciana Fuster deslumbra con un nuevo talento: la Miss Grand brilló en clases de golf
-
Uncategorizedhace 1 año
Peruana que labora en Francia comparte sus nostalgias por regresar, en redes le expresan: «Yo Anhelando ese lugar»
-
Uncategorizedhace 1 año
Melissa Klug: ¿cuál es la nacionalidad de la primera hija de la empresaria y Jesús Barco?
