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Política

Piden a EE.UU. restringir visas a congresistas peruanos por socavar la democracia, como ocurrió en Guatemala, Nicaragua y Venezuela

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Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones, solicitó a las autoridades estadounidenses revocar las visas de legisladores peruanos implicados en corrupción y en la aprobación de normas que afectan el Estado de derecho, como en otros países de la región

La Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones a nivel nacional, ha solicitado a las instancias gubernamentales de Estados Unidos que revoquen las visas de todos los congresistas peruanos implicados en corrupción u otros delitos graves, “así como de aquellos que sistemáticamente aprueban normas que afectan el Estado de derecho y la democracia”.

En un pronunciamiento difundido este jueves a través de la plataforma Change.org, donde han iniciado una recolección de firmas, el colectivo subraya que esta medida ya ha sido empleada en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, países en los que Washington ha sancionado a funcionarios involucrados en actos antidemocráticos.

En agosto de 2021, la administración estadounidense anunció la restricción de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, además de fiscales y jueces, acusados de obstaculizar el proceso electoral previsto para noviembre de ese año. En 2019, además, revocó las visas de altos militares del régimen chavista por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.

En el caso peruano, Coalición Ciudadana destacó que el 91% de los ciudadanos rechazan el desempeño del Congreso, señalando que esta falta de legitimidad se debe a “una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población”.

El colectivo remarcó que en el último año, el Congreso ha avanzado en la aprobación de “anti-reformas” legislativas que ponen en riesgo el sistema de justicia y la democracia, entre ellas, la limitación de los procesos de colaboración eficaz, el favorecimiento de organizaciones criminales en allanamientos judiciales y la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Además, los legisladores han aprobado reformas políticas y electorales como la reelección inmediata y la bicameralidad, ignorando el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de 2018. También han eliminado movimientos regionales y locales, la paridad horizontal para mujeres en política y el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estos actos, junto con escándalos de corrupción como los ‘Mochasueldos’ y ‘Los Niños’, así como privilegios injustificados, “han llevado a la ciudadanía a tomar acciones contra estos abusos de poder”.

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Basándose en un informe de Ojo Público, la Coalición enfatiza que Estados Unidos es el principal destino extranjero de los parlamentarios peruanos. “Esta situación no solo significa un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no merece un sector mayoritario de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados”, se lee en el pronunciamiento.

La petición se ha hecho pública el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.

La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate. El proyecto de Fuerza Popular y Renovación Popular, en parte compuesto por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a personas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.

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Puedes firmar la petición aquí  

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Política

Keiko Fujimori pide al TC anular juicio oral por el Caso Cócteles: ¿cuáles son sus argumentos?

La defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, busca frenar la investigación del fiscal José Domingo Pérez desde hace varios años.

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Keiko Fujimori y su abogada a la salida de audiencia por el caso Cócteles. Foto: La República

Keiko Fujimori presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular el juicio oral por el caso Cócteles, donde se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales el fiscal José Domingo Pérez solicita al Poder Judicial 30 años y 10 meses de prisión.

El pedido fue presentado por la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza y busca que se declaren nulas y sin efecto legal tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el que se declararon infundados las solicitudes de la defensa de Fujimori para archivar el caso.

¿Cuáles son los argumentos de Fujimori para anular juicio en su contra? De acuerdo con la letrada Loza, consideran que se está afectando los derechos fundamentales de la hija de Alberto Fujimori. «Específicamente el derecho al principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado, menos sentenciado, por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación (…) Aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaba vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano», explicó a RPP.

La abogada hace referencia a los delitos de lavado de activos y organización criminal. «En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende, contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas”, se lee en la resolución.

Por otra parte, Giulliana Loza sostiene que también se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria de Keiko Fujimori debido a que actualmente está sometida a comparecencia con restricciones, así como el derecho al plazo razonable porque es “objeto de una imputación penal que no cumple con el principio de legalidad (…) desde 2017”.

En ese marco, la abogada recordó que a inicios de este 2024 presentó una demanda de habeas corpus en contra de las resoluciones que emitió el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

«¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo. Decíamos los hechos por los cuales está acusando la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio, no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas devoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos. La Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora a esa instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional», dijo a RPP.

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Política

Ley sobre colaboración eficaz que aprobó el Congreso dejaría a Perú fuera de la OCDE

La adhesión de Perú a la OCDE se encuentra en riesgo debido a la promulgación de una ley que debilita la colaboración eficaz, una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción.

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El Congreso de Perú aprobó por insistencia la ley que modifica el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de las advertencias de la OCDE. Foto: composición LR/Alberto Otárola/Congreso de la República

La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.

En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.

Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.

La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.

Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.

¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?

Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.

¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?

ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.

Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.

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Política

Los empresarios levantan su voz contra el Congreso y el Gobierno

Cuestionan el accionar del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El comunicado a raíz de la ley que debilita la lucha contra las organizaciones criminales y la reciente encuesta de Semana Económica a los gerentes generales que revela un escaso respaldo a Dina Boluarte, deja en evidencia el malestar del sector.

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El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

Las leyes del Poder Legislativo -entre otras, aquella que debilita el combate al crimen organizado- merecieron un comunicado conjunto de gremios empresariales (junto al sindicato de construcción civil) en donde se criticó el accionar parlamentario. Asimismo, la reciente encuesta de la revista Semana Económica a los gerentes generales reveló que el 87% desaprueban la gestión de la presidenta, Dina Boluarte. El año pasado, el 71% decía respaldarla.

Estos hechos dejan en evidencia el descontento del sector empresarial frente a quienes, en estos momentos, ejercen el poder tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso. Distintos analistas y especialistas han advertido que funcionan como una coalición.

La preocupación empresarial es evidente por lo que ocurre en el Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió, por ejemplo, que la norma aprobada en primera votación que modifica la ley en contra del crimen organizado es un “retroceso de trece años”.

Valdivia recordó que le costó mucho a su sector convencer a las autoridades -políticas y policiales- de que los problemas de violencia en obras que arreciaron hace trece años no suponían un simple conflicto entre trabajadores enfrentados, sino la aparición de bandas organizadas que vieron en el boom de la construcción la oportunidad perfecta para ganar dinero a través de acciones delictivas como la extorsión.

Luego, cuando ese boom terminó, esas bandas cambiaron de rubro delictivo y pasaron al tráfico de tierras, dijo Valdivia. Por esa razón, advirtió que “limitar la acción de las bandas a solo determinados delitos, excluyendo otros como el tráfico de tierras” significa que desde el Legislativo “no se entiende la magnitud de este problema”.  Debe recordarse que la iniciativa del Parlamento excluye a 51 tipos penales de los 91 inicialmente reconocidos en la ley contra el crimen organizado.

“Incluso ahora se habla de economías ilegales que han pasado a tener el control sobre territorios”, agregó Valdivia.

El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

Para el representante de Capeco, el Legislativo no ha medido las consecuencias de sus actos. Y auguró que este tipo de iniciativas pueden terminar representando un serio peligro para la democracia y el estado de derecho.

Sobre la reciente encuesta de Semana Económica, Valdivia comentó que en Capeco se considera, desde hace mucho tiempo, que en el Perú hay un debilitamiento de la acción del Estado y de la capacidad de los diferentes poderes y organismos para ejercer sus funciones.

“Esto no se ve bien y lo dijimos desde antes de Pedro Castillo, con presidentes vacados, con Congresos cerrados. Lo que pasa con esta presidenta, en mi opinión, pudo pasar con cualquiera y seguramente pasará con el siguiente si es que no cambiamos el rumbo de manera consensuada. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no caminará. Le aseguro que los resultados serían los mismos si se hubiese preguntado (en la encuesta) qué piensan del Congreso o del Poder Judicial. Este es el país en donde nadie cree en nadie. Así no puede sobrevivir una democracia. Es la lógica de un Estado fallido, estamos en ese límite”, comentó.

Hablan las mypes

Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.

El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.

Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.

“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.

Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.

“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.

Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.

El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

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