Keiko Fujimori presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular el juicio oral por el caso Cócteles, donde se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales el fiscal José Domingo Pérez solicita al Poder Judicial 30 años y 10 meses de prisión.

El pedido fue presentado por la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza y busca que se declaren nulas y sin efecto legal tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el que se declararon infundados las solicitudes de la defensa de Fujimori para archivar el caso.

¿Cuáles son los argumentos de Fujimori para anular juicio en su contra? De acuerdo con la letrada Loza, consideran que se está afectando los derechos fundamentales de la hija de Alberto Fujimori. «Específicamente el derecho al principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado, menos sentenciado, por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación (…) Aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaba vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano», explicó a RPP.

La abogada hace referencia a los delitos de lavado de activos y organización criminal. «En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende, contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas”, se lee en la resolución.

Por otra parte, Giulliana Loza sostiene que también se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria de Keiko Fujimori debido a que actualmente está sometida a comparecencia con restricciones, así como el derecho al plazo razonable porque es “objeto de una imputación penal que no cumple con el principio de legalidad (…) desde 2017”.

En ese marco, la abogada recordó que a inicios de este 2024 presentó una demanda de habeas corpus en contra de las resoluciones que emitió el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

«¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo. Decíamos los hechos por los cuales está acusando la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio, no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas devoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos. La Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora a esa instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional», dijo a RPP.

La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.

En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.

Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.

La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.

Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.

¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?

Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.

¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?

ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.

Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.

Las leyes del Poder Legislativo -entre otras, aquella que debilita el combate al crimen organizado- merecieron un comunicado conjunto de gremios empresariales (junto al sindicato de construcción civil) en donde se criticó el accionar parlamentario. Asimismo, la reciente encuesta de la revista Semana Económica a los gerentes generales reveló que el 87% desaprueban la gestión de la presidenta, Dina Boluarte. El año pasado, el 71% decía respaldarla.

Estos hechos dejan en evidencia el descontento del sector empresarial frente a quienes, en estos momentos, ejercen el poder tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso. Distintos analistas y especialistas han advertido que funcionan como una coalición.

La preocupación empresarial es evidente por lo que ocurre en el Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió, por ejemplo, que la norma aprobada en primera votación que modifica la ley en contra del crimen organizado es un “retroceso de trece años”.

Valdivia recordó que le costó mucho a su sector convencer a las autoridades -políticas y policiales- de que los problemas de violencia en obras que arreciaron hace trece años no suponían un simple conflicto entre trabajadores enfrentados, sino la aparición de bandas organizadas que vieron en el boom de la construcción la oportunidad perfecta para ganar dinero a través de acciones delictivas como la extorsión.

Luego, cuando ese boom terminó, esas bandas cambiaron de rubro delictivo y pasaron al tráfico de tierras, dijo Valdivia. Por esa razón, advirtió que “limitar la acción de las bandas a solo determinados delitos, excluyendo otros como el tráfico de tierras” significa que desde el Legislativo “no se entiende la magnitud de este problema”.  Debe recordarse que la iniciativa del Parlamento excluye a 51 tipos penales de los 91 inicialmente reconocidos en la ley contra el crimen organizado.

“Incluso ahora se habla de economías ilegales que han pasado a tener el control sobre territorios”, agregó Valdivia.

Para el representante de Capeco, el Legislativo no ha medido las consecuencias de sus actos. Y auguró que este tipo de iniciativas pueden terminar representando un serio peligro para la democracia y el estado de derecho.

Sobre la reciente encuesta de Semana Económica, Valdivia comentó que en Capeco se considera, desde hace mucho tiempo, que en el Perú hay un debilitamiento de la acción del Estado y de la capacidad de los diferentes poderes y organismos para ejercer sus funciones.

“Esto no se ve bien y lo dijimos desde antes de Pedro Castillo, con presidentes vacados, con Congresos cerrados. Lo que pasa con esta presidenta, en mi opinión, pudo pasar con cualquiera y seguramente pasará con el siguiente si es que no cambiamos el rumbo de manera consensuada. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no caminará. Le aseguro que los resultados serían los mismos si se hubiese preguntado (en la encuesta) qué piensan del Congreso o del Poder Judicial. Este es el país en donde nadie cree en nadie. Así no puede sobrevivir una democracia. Es la lógica de un Estado fallido, estamos en ese límite”, comentó.

Hablan las mypes

Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.

El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.

Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.

“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.

Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.

“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.

Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.