Política
8 denuncias contra el Jurado Nacional de Elecciones han sido tramitadas por el Congreso desde el año 2021.
Ataque sin cesar. Aún quedan pendientes tres acusaciones constitucionales contra el titular del JNE, Jorge Salas Arenas, entre ellas una de la legisladora Rosselli Amuruz. La coalición que domina el Parlamento prepara el terreno para darle luz verde.
El Congreso ha recibido hasta ahora ocho denuncias constitucionales contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Tres de ellas aún están en proceso.
Estas acusaciones comenzaron en 2021, año en el que hubo elecciones generales y las instituciones electorales jugaron un papel importante en enfrentar las denuncias antidemocráticas de fraude de Keiko Fujimori.
Aunque el artículo 99 de la Constitución no contempla el juicio político contra los miembros del JNE que representan a la Corte Suprema y al Ministerio Público, en el Congreso se ha interpretado que estos magistrados pueden ser procesados debido a su condición de jueces y fiscales supremos respectivamente.
En julio de 2021, se presentó una denuncia constitucional contra Salas Arenas y el entonces magistrado Víctor Rodríguez Monteza, alegando que el pleno del JNE no se constituyó válidamente debido a la falta del quinto miembro.
Posteriormente, la subcomisión y la Comisión Permanente declararon improcedente esta denuncia en febrero de 2022. Sin embargo, días después, se juramentó a Willy Ramírez como representante del Colegio de Abogados en el JNE.
A pesar de esto, las denuncias continuaron llegando a la SAC, presidida por Rosio Torres, congresista de Alianza para el Progreso (APP). En agosto de 2021, se presentó una denuncia contra Salas Arenas por supuesto fraude en los últimos comicios generales.
En enero de este año, la SAC declaró improcedente esta denuncia, pero en el informe de calificación se consideró que Salas Arenas podría ser acusado como juez supremo, incluso por acciones realizadas en su calidad de titular del JNE.
En febrero de 2022, se presentó otra denuncia por la resolución del JNE que exigía la inscripción conjunta del padrón de afiliados de los partidos políticos. En abril de ese año, se presentó una denuncia contra Salas Arenas y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos por cambios en el Pleno del JNE.
En enero del año pasado, se presentó una denuncia contra Salas Arenas y el expresidente del JNE Víctor Ticona, solicitando la inhabilitación de ambos por 10 años.
El Jurado presentó una acción de amparo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa debido al trámite de estas denuncias constitucionales. La jueza Karina Apaza le dio la razón y ordenó al Congreso que cesara sus amenazas.
Ante esto, el Parlamento presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Este tribunal resolvió que no están sujetos al control judicial y recomendó modificar el artículo 99 de la Constitución para incluir a las autoridades electorales en las acusaciones constitucionales.
Aunque las denuncias 229, 107 y 267 no han sido aprobadas, esto no significa que la SAC considere inviable acusar a las autoridades electorales. En los informes de calificación, se declara la improcedencia de los casos, pero se sostiene que el presidente del JNE puede ser sometido a antejuicio o juicio político como juez de la Corte Suprema.
Ante esto, Salas Arenas ha enviado un oficio a Lady Camones solicitando que cese el acoso y advirtiendo que podría recusar a los miembros de la SAC si no se inhiben.
Quedan tres denuncias constitucionales pendientes de resolverse, entre ellas una presentada por la congresista Rosselli Amuruz. El informe de calificación está en manos del equipo técnico de la subcomisión y este caso podría ser determinante para la inhabilitación del presidente del JNE.
El abogado Francisco Eguiguren ha manifestado que un juicio político contra el presidente del JNE sería inconstitucional, ya que no cumple funciones en la Corte Suprema y ejerce una función jurisdiccional.
Política
Becas disponibles para el curso de periodismo de soluciones e integridad. ¡No te pierdas la oportunidad de postularte!
Iniciativa cuenta con acreditación académica de la PUCP y se realiza en el marco del Proyecto Inversión Pública Transparente de USAID.
Oportunidad de becas para el Curso de Actualización de Periodismo de Soluciones
El próximo domingo 7 de abril finaliza el plazo para postular a las becas del Curso de Actualización: Periodismo de Soluciones para la Cobertura de la Integridad, la Transparencia y la Vigilancia de las Contrataciones Públicas, organizado por la Fundación Gustavo Mohme Llona.
Apoyo académico y respaldo institucional
Este curso, respaldado por el Proyecto Inversión Pública Transparente de USAID, cuenta con la acreditación académica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el respaldo de la organización Solutions Journalism Network (SJN).
Convocatoria para becas integrales
Se otorgarán 40 becas completas a profesionales de distintas regiones del país, como Piura, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Loreto, Cusco y Lima, que estén involucrados en temas de vigilancia, transparencia e integridad pública.
Características del curso y certificación
El curso, de 50 horas académicas divididas en cuatro bloques temáticos, iniciará el 13 de abril y se llevará a cabo durante dos meses. Las clases serán impartidas por expertos de SJN, USAID y OSCE, así como por docentes de la PUCP.
Incentivos y certificación
Al finalizar el curso, los participantes presentarán propuestas de informes especiales, y los autores de las mejores veinte propuestas recibirán un fondo para la producción y publicación de sus trabajos. Además, tendrán la oportunidad de participar en un taller presencial en la PUCP, con todos los gastos cubiertos.
Detalles de la convocatoria
El plazo para postular vence el domingo 7 de abril, y la lista de seleccionados se publicará el martes 9 de abril. Las clases iniciarán el sábado 13 de abril, y la información para postular se encuentra en el enlace de la Fundación Gustavo Mohme Llona.
Política
Peligro para la pesca artesanal: planes de Camones y Espinoza.
Congresistas de Alianza para el Progreso (APP) y de Acción Popular (AP) plantean modificar significativamente la Ley 31749 promulgada en abril de 2023 y que protege las cinco millas marítimas para la pesca artesanal.
Representantes de los pescadores artesanales se oponen a legislación que busca reducir áreas de pesca
Dirigentes de gremios que representan a más de 50 mil pescadores artesanales expresaron su rechazo a dos proyectos de ley presentados por los congresistas Lady Camones (APP) y Darwin Espinoza (AP). Estos proyectos buscan disminuir las cinco millas marítimas para la pesca artesanal establecidas por la Ley 31749.
Preocupación por el impacto en la sostenibilidad pesquera
Los pescadores artesanales argumentan que permitir el uso de equipos mecanizados en las primeras millas marítimas afectaría la sostenibilidad pesquera y el ecosistema marino. La Ley de Pesca Artesanal y Ancestral se promulgó para garantizar la supervivencia y desarrollo de esta actividad, por lo que la introducción de embarcaciones de cerco y arrastre representaría una amenaza para la pesca artesanal.
Desacuerdo con los congresistas
A pesar de las afirmaciones de Lady Camones y Darwin Espinoza sobre apoyar la pesca artesanal, los pescadores discrepan con los cambios propuestos en los proyectos de ley. Consideran que estas modificaciones afectarían sus actividades y la Ley 31749 que los protege.
Solicitud de protección a la actividad pesquera
Los pescadores artesanales piden al Congreso que no apruebe las propuestas de Camones y Espinoza, y que defienda la ley que protege su actividad y el ecosistema marino. Destacan la importancia de mantener las primeras millas marítimas para la pesca artesanal y piden ser escuchados en este debate legislativo.
Política
El Tribunal Constitucional permite una mayor flexibilidad en la vacancia presidencial.
Sin equilibrIo de poderes. Reciente fallo sobre el habeas corpus presentado por Pedro Castillo debilita al Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional y el equilibrio de poderes
En una decisión reciente, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda de habeas corpus presentada por el ex presidente Pedro Castillo, lo que podría afectar el equilibrio de poderes. Castillo pedía la anulación de la resolución del Congreso que declaraba su incapacidad moral y vacancia.
Según el TC, la vacancia por incapacidad moral es un tema político que debe ser analizado dentro de parámetros razonables y respetando el debido proceso. Sin embargo, también señala que esta figura está relacionada con la ideología y la cultura predominante en un contexto histórico.
Esto podría dar pie a vacancias presidenciales basadas en motivos ideológicos y culturales, lo que dejaría un amplio margen de discrecionalidad al Poder Legislativo. Expertos como la periodista Rosa María Palacios y la abogada Beatriz Ramírez Huaroto han expresado su preocupación por la falta de estabilidad que esta decisión podría generar en la presidencia, así como por la debilidad de las presidencias peruanas.
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