Política
La Procuraduría comenzó a embargar la pensión vitalicia de Alberto Fujimori debido a una deuda por reparación civil.
El abogado del expresidente cuestionó el accionar de la Procuraduría y consideró un exceso el embargo de los más de S/ 10.000 recibidos por Fujimori, según informó Elio Riera.
La Procuraduría General del Estado (PGE) ha comenzado el proceso de embargo de la pensión vitalicia del ex presidente Alberto Fujimori debido a un pago pendiente de reparación civil, según informó su abogado, Elio Riera, en una entrevista para Exitosa. Se han iniciado tres procesos judiciales de embargo relacionados con la reparación civil que Fujimori debe pagar.
El abogado de Fujimori cuestionó la actuación de la Procuraduría, ya que esperaba llegar a un acuerdo con respecto a la pensión de su cliente y criticó la decisión de la entidad por actuar de manera precipitada.
Alberto Fujimori debe más de S/57 millones al Estado en concepto de reparación civil, y su abogado defiende su derecho a recibir la pensión, argumentando que la ley establece que puede recibir más de S/10,000, ya que no tiene ninguna acusación constitucional vigente.
Riera también cuestionó la investigación que la Fiscalía ha iniciado contra los funcionarios del Congreso que autorizaron la pensión a Fujimori, destacando que es inusual que se haya iniciado en ese momento.
Por otro lado, el exdictador ya ha recibido el primer pago de S/10,920 correspondiente a su pensión, según la información publicada en el portal de Transparencia del Congreso. La boleta de pago fue emitida el 31 de julio de 2024 a favor de Fujimori, en la que se le asignó la contratación de un auxiliar identificado como Óscar Paredes Estrada.
La ley estipula que Fujimori recibirá un total de S/10,920, con un descuento de S/436 por EsSalud, lo que resulta en un monto neto mensual de S/10,483.
En resumen, la Procuraduría General del Estado ha dado inicio al proceso de embargo de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori debido al pago pendiente de reparación civil, lo que ha generado controversia y debate en relación a los derechos del ex presidente.
Política
Fallece expresidente Alberto Fujimori a los 86 años.
El exmandatario y su hija Keiko Fujimori sorprendieron al anunciar su intención de volver a la vida política como candidato presidencial en el 2026, a pesar de que se encuentran impedidos para hacerlo.
El expresidente Alberto Fujimori falleció a los 86 años de edad el pasado 11 de septiembre, luego de haber enfrentado una dura batalla contra el cáncer y diversas enfermedades debido a su avanzada edad. Se informó que su salud se deterioró rápidamente en las últimas horas, tras haber sido visto en una clínica de la capital para exámenes de rutina.
Últimos momentos de Fujimori
Horas antes de su fallecimiento, se observó la presencia de un sacerdote saliendo de la casa de su hija Keiko Fujimori, donde se encontraba el exdictador. También recibió visitas de figuras vinculadas a Fuerza Popular, familiares y congresistas fujimoristas en actividad.
El estado delicado de salud de Fujimori fue confirmado por un vocero del partido Fuerza Popular, quien mencionó que estaba pasando por un momento difícil pero que confiaban en su pronta recuperación. Se conocía que, además de su avanzada edad, padecía de diversas enfermedades como cáncer de lengua, hipertensión crónica, gastritis, lumbalgia crónica, artrosis lumbar y una fractura de cadera reciente.
Deuda millonaria por reparación civil
Keiko Fujimori anunció a mediados de año que su padre sería candidato a la Presidencia en las Elecciones del 2026, a pesar de no poder postular legalmente debido a no cumplir con el pago de la reparación civil impuesta. Fujimori dejó una deuda de aproximadamente S/57 millones por tres casos en los que fue sentenciado y no cumplió con el pago, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
La millonaria deuda incluye intereses generados por el no pago de la reparación civil en favor del Estado a lo largo de los años. A pesar de intentar cobrarla embargando su pensión vitalicia, Fujimori desistió de recibirla y no poseía bienes o propiedades a su nombre para ser embargados.
Recientemente, Fujimori solicitó al Congreso el restablecimiento de su pensión vitalicia como exmandatario, así como la remuneración de una asistente personal y vales de combustible, solicitud que fue aceptada antes de su fallecimiento.
Política
El Perú censura la falta de honestidad en las elecciones de Venezuela.
La mandataria destacó en el Congreso que el Perú respaldó la resolución que pedía transparencia al régimen de Maduro en la exhibición de las actas electorales.
La presidenta Dina Boluarte reiteró la posición del Estado peruano en contra del fraude electoral en Venezuela que permitió la reelección de Nicolás Maduro como presidente.
Defensa de la democracia y la transparencia en elecciones venezolanas
Durante la conmemoración del 203 aniversario de la creación de la Cancillería, Boluarte Zegarra enfatizó que la defensa de la democracia, la libertad y la paz son fundamentales en la política exterior peruana. Por lo tanto, condenó el proceso electoral venezolano por su falta de transparencia y la manipulación de los resultados.
Además, la mandataria hizo un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para que respete la voluntad de los votantes que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio. Asimismo, recordó la emisión de comunicados oficiales denunciando el fraude y la violencia, y reafirmando el compromiso del Perú con la democracia y los derechos humanos.
Solidaridad con líderes políticos venezolanos y pedido de respeto a los resultados electorales
La presidenta expresó su solidaridad y apoyo a los líderes políticos de Venezuela, independientemente de sus diferencias ideológicas. Destacó la importancia del respeto mutuo y pidió a Nicolás Maduro que respete los resultados electorales para mejorar las relaciones entre Venezuela y Perú.
En este sentido, Boluarte resaltó la intervención del Canciller en la OEA, donde se apoyó una iniciativa que instaba al régimen de Nicolás Maduro a mostrar las actas electorales. Asimismo, se abogó por una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela en foros internacionales como la OEA y la ONU, respaldando resoluciones para presionar al régimen a respetar los principios democráticos.
Rechazo a la falta de transparencia en elecciones venezolanas
Sin embargo, la iniciativa para mostrar las actas electorales no tuvo éxito, lo que provocó una enérgica reacción del canciller contra los representantes de otros países que votaron en abstención. La intervención de Javier Gonzáles Olaechea generó controversia al ser criticada por el presidente del Consejo Permanente de la OEA por su actitud agresiva durante la reunión.
En conclusión, la postura de la presidenta Dina Boluarte y del Estado peruano es clara en cuanto a la defensa de la democracia y la transparencia en las elecciones venezolanas, exigiendo el respeto a la voluntad de los ciudadanos y abogando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela en foros internacionales clave como la OEA y la ONU.
Política
Fiscalía denuncia a la presidenta Boluarte y seis ministros por el asesinato y lesiones graves de 160 manifestantes el 2022-2023
La presidenta y los ministros de defensa e interior actuaron por omisión impropia y dolo eventual al no evitar la represión violenta de la marchas con el resultado de 44 muertos y 116 heridos graves y leves, según el fiscal de la Nación.
Dina Ercilia Boluarte Zegarra se enfrentaría a la cárcel al dejar la presidencia de la República. La fiscalía de la Nación presentó una denuncia ante el Congreso contra la presidenta Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves, en un contexto de violación de los derechos humanos a los ciudadanos que participaron las masivas protestas que se desarrollaron de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023.
La denuncia constitucional incluye a los ex presidentes del Consejo de Ministros Pedro Miguel Angulo Aranda y Luis Alberto Otárola Peñaranda, el ex ministro de defensa Jorge Luis Chávez Cresta y los ex ministros de Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
Los hechos denunciados, precisa un comunicado de prensa de la fiscalía, «están referidos a las protestas ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad».
Los deudos de las víctimas de la represión policial y militar reclaman justicia
«De lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpe con objeto contundente (impacto de bomba lacrimógena)) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)», precisa el comunicado.
El Ministerio Público establece que la presidenta Boluarte y los ministros mencionados tenían poder de mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por lo que pudieron evitar la represión violenta de las protestas. Al no cumplir con sus funciones constitucionales y legales, cometieron un delito por omisión impropia con dolo eventual y son responsables de las 44 muertes y 116 heridos graves y leves que dejó la represión.
Protección en el Congreso
El Congreso podrá proteger a la presidenta mientras este al frente del gobierno, pero no por siempre
Esta es la segunda denuncia que Ministerio Público promueve contra la presidenta Boluarte por las muertes en las protestas que se realizaron en Lima y las regiones del sur del país tras declararse la vacancia y producirse la detención del ex presidente Pedro Castillo.
La primera denuncia fue presentada el 27 de noviembre de 2023 por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pocas horas antes de la detención de sus asesores por un caso de corrupción y que ella fuera apartada de la conducción del Ministerio Público. Esa denuncia incluyó el delito de genocidio.
Sin embargo, el 18 de julio último, la denuncia de Benavides contra Boluarte fue rechazada por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, con 14 votos en contra y solo cuatro a favor.
Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena promueve nueva denuncia contra Dina Boluarte
Una denuncia constitución busca que el parlamento autorice el procesamiento de la autoridad denunciada, en este caso de la presidenta de la República, ante el Poder Judicial.
La denegación de la autorización o rechazó de la denuncia constitucional no elimina los cargos penales, sino que posterga su tramite hasta cinco años después de dejar el cargo.
La nueva denuncia fue presentada por el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena y no incluye el delito de genocidio. Este ilícito penal, sobre el que no habían mayores evidencias, fue dejado de lado y pasó al archivo.
El 27 de mayo de 2024, Villena también presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el delito de cohecho propio, por los relojes Rolex, un par de aretes de oro y una pulsera Bangle, que recibió del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de beneficiarlo con aumentos del presupuesto regional.
La denuncia del caso Rolex si fue admitida a trámite por el Congreso.
Cadena de Mando
La presidenta de la República es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas
La denuncia contra Boluarte establece que la presidenta tiene el control funcional y operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y la obligación de prevenir y controlar situaciones que pusieran en peligro la vida e integridad física de los ciudadanos que participaban en las protestas sociales, luego de declararse la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
Dicha cadena de mando partía de los jefes operativos de las fuerzas armadas y policiales desplazados para controlar el orden publico, pasaba por los ministros del interior y defensa, la presidencia del Consejo de Ministros y tenía en la cúspide a la presidencia de la República.
La fiscalía indica que no se evidencian órdenes concretas de las altas autoridades ejecutivas para evitar la muerte y agresiones físicas a los manifestantes; al contrario se fomentó el uso de la fuerza indiscriminada y desproporcionada. Entre estos indicios, aparece la designación del ministro de defensa, Luis Alberto Otárola Peñaranda como presidente del Consejo de Ministros.
Los familiares de las víctimas de las protestas piden justicia
Entre el 10 y 11 de diciembre de 2022, la represión policial causó 6 fallecidos en Andahuaylas, pero ni la mandataria Boluarte, ni el Comando de la Policía Nacional, ordenaron cesar el uso de las armas de fuego, según un informe de la fiscal Rosa Retamozo Eguía, del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, que fue incluido en la denuncia constitucional.
Esto explica, según la fiscalía, por qué el 12 de diciembre la policía disparó y mató a Robert Medina Llanterhuay , de 16 años, y dejó herido de gravedad a otro niño, Einer Quispe Navarro, de 13 años, además de Alcides Barzola Huamán, de 23 años, en la localidad de Chincheros.
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