Las leyes del Poder Legislativo -entre otras, aquella que debilita el combate al crimen organizado- merecieron un comunicado conjunto de gremios empresariales (junto al sindicato de construcción civil) en donde se criticó el accionar parlamentario. Asimismo, la reciente encuesta de la revista Semana Económica a los gerentes generales reveló que el 87% desaprueban la gestión de la presidenta, Dina Boluarte. El año pasado, el 71% decía respaldarla.

Estos hechos dejan en evidencia el descontento del sector empresarial frente a quienes, en estos momentos, ejercen el poder tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso. Distintos analistas y especialistas han advertido que funcionan como una coalición.

La preocupación empresarial es evidente por lo que ocurre en el Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió, por ejemplo, que la norma aprobada en primera votación que modifica la ley en contra del crimen organizado es un “retroceso de trece años”.

Valdivia recordó que le costó mucho a su sector convencer a las autoridades -políticas y policiales- de que los problemas de violencia en obras que arreciaron hace trece años no suponían un simple conflicto entre trabajadores enfrentados, sino la aparición de bandas organizadas que vieron en el boom de la construcción la oportunidad perfecta para ganar dinero a través de acciones delictivas como la extorsión.

Luego, cuando ese boom terminó, esas bandas cambiaron de rubro delictivo y pasaron al tráfico de tierras, dijo Valdivia. Por esa razón, advirtió que “limitar la acción de las bandas a solo determinados delitos, excluyendo otros como el tráfico de tierras” significa que desde el Legislativo “no se entiende la magnitud de este problema”.  Debe recordarse que la iniciativa del Parlamento excluye a 51 tipos penales de los 91 inicialmente reconocidos en la ley contra el crimen organizado.

“Incluso ahora se habla de economías ilegales que han pasado a tener el control sobre territorios”, agregó Valdivia.

Para el representante de Capeco, el Legislativo no ha medido las consecuencias de sus actos. Y auguró que este tipo de iniciativas pueden terminar representando un serio peligro para la democracia y el estado de derecho.

Sobre la reciente encuesta de Semana Económica, Valdivia comentó que en Capeco se considera, desde hace mucho tiempo, que en el Perú hay un debilitamiento de la acción del Estado y de la capacidad de los diferentes poderes y organismos para ejercer sus funciones.

“Esto no se ve bien y lo dijimos desde antes de Pedro Castillo, con presidentes vacados, con Congresos cerrados. Lo que pasa con esta presidenta, en mi opinión, pudo pasar con cualquiera y seguramente pasará con el siguiente si es que no cambiamos el rumbo de manera consensuada. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no caminará. Le aseguro que los resultados serían los mismos si se hubiese preguntado (en la encuesta) qué piensan del Congreso o del Poder Judicial. Este es el país en donde nadie cree en nadie. Así no puede sobrevivir una democracia. Es la lógica de un Estado fallido, estamos en ese límite”, comentó.

Hablan las mypes

Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.

El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.

Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.

“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.

Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.

“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.

Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.

Los ciudadanos ya firman formularios para revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y decenas de gobernadores regionales, alcaldes, consejeros y regidores luego de que la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)declaró procedentes 119 pedidos de compra de kits para recolectar rúbricas en respaldo a las iniciativas para destituirlos.

La ONPE declaró procedente la solicitud de Ciro Silva, promotor de la revocatoria al burgomaestre capitalino. “Se inicia de manera inmediata la recolección de firmas de los ciudadanos que apoyan la revocatoria”, comentó el impulso tras recibir el kit en la ONPE.

“Se necesita firmas del 25% del padrón electoral: algo más de 1’900,000 rúbricas”, explicó

El promotor de la iniciativa tiene hasta el 12 de octubre para entregar estas firmas.

Silva sustenta su pedido en que no ha cumplido sus promesas de campaña, de lema “Lima Potencia Mundial”, el endeudamiento a Lima por 18 años, el abuso de autoridad, la basura acumulada, despidos arbitrarios de cientos de trabajadores ediles y la supuesta sobrevaloración de motos en más de 5 mil soles, una pérdida de 18 millones de soles.

El pedido de Silva incluye revocar a 38 regidores de la capital.

“En cualquier democracia del mundo, la revocatoria es un derecho, pero mi único comentario es que el señor (Ciro) Silva tiene un conflicto grave de interés porque está muy ligado a Susana Villarán y demás personajes políticos. (…) Ojalá que esa campaña no tenga a Odebrecht atrás«, expresó López Aliaga en una conferencia de prensa.

Hay un segundo pedido de compra de kit que busca la remoción de López Aliaga, esta presentada por Andrea Lia Valderrama Campos, comunicadora y activista. Esta solicitud ha sido observada por ONPE y sus impulsores tienen dos días de plazo para subsanar.

119 kits de revocatoria

Unos 119 pedidos similares contra gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales fueron declaradas procedentes hasta el lunes reciente, de un total de 457 solicitudes presentadas en el país desde hace dos semanas, según informó a La República Melissa Garro, subgerenta de Atención al Ciudadano de la ONPE.

En tanto 104 solicitudes han sido observadas y pueden ser subsanadas para una nueva evaluación y solo un pedido se ha declarado improcedente. El resto aún no se califican.

De las 457 solicitudes presentadas, 366 apuntan a revocar alcaldes y regidores distritales, 72 a alcaldes y regidores provinciales y 19 a gobernadores y consejeros regionales.

De estos pedidos contra autoridades regionales, cuatro son de Arequipa, dos del Callao, otros dos de Ayacucho, también dos de Puno y los demás, uno cada uno, son de Lima provincias, Ancash, La Libertad, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque y Piura.

Los gobernadores Rohel Sánchez, de Arequipa; Ciro Castillo Rojo, del Callao; Wilfredo Oscorima, de Ayacucho; son algunas autoridades que buscan destituir en sus regiones.

En general, los departamentos con más pedidos de compra de estos kits son Arequipa, Ayacucho, Junín, Cusco, La Libertad, Loreto y Lima, según informó ONPE a La República.

Luego de recolectarse las firmas necesarias, deben validarse en Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil). Si esta entidad concluye que son verdaderas, ya se puede solicitar que se consulte a la población si revoca o no a la autoridad en cuestión.

Las consultas de revocatoria están previstas para el año 2025.

Silva: “Lo voy a querellar”

Ciro Silva, promotor de la revocatoria del alcalde Rafael López Aliaga, anunció que denunciará al burgomaestre por haber afirmado que está vinculado a Susana Villarán y que “ojalá Odebrecht no esté detrás de esta campaña”

“Solo fui candidato a la alcaldía de Surco y después nada…. Es mentira que yo esté vinculado a ella. Voy a querellar a López Aliaga”, dijo a La República.

Silva postuló a alcalde del distrito limeño de Santiago de Surco en el 2010 por el partido Fuerza Social, de Villarán. Ese mismo año ella fue elegida para ser alcaldesa de Lima.