Política
El Congreso nombra abogados poco cualificados para ocupar puestos en la Junta Nacional de Justicia
Fujicerronismo. Martha Moyano aceleró dictamen gracias a proyecto de Josué Gutiérrez. Perú Libre votó en abstención en el Pleno, pero apoyaron el dictamen en el grupo de Constitución.
El Pleno del Congreso aprobó ayer una modificación legal promovida por la fujimorista Martha Moyano en pared con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para completar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con abogados que sacaron las más bajas calificaciones en el concurso público del 2019.
Se trata de una norma aprobada de manera célere, luego de que el Parlamento mutilara la JNJ, con la inhabilitación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.
Tras el vacío generado por la mayoría parlamentaria, el defensor Josué Gutiérrez tramitó el 30 de abril un proyecto de ley, para permitir que los postulantes de más baja puntuación puedan acceder a los altos cargos de magistrados de la JNJ.
Pasaron dos días y el jueves 2 de mayo Martha Moyano logró la aprobación del dictamen en la Comisión de Constitución que ella preside. Todo parecía funcionar de acuerdo a un libreto, tomando en cuenta que Josué Gutiérrez logró ser elegido defensor gracias al pacto entre Fuerza Popular y Perú Libre.
Transcurrió apenas una semana y el Parlamento ya aprobó ayer la norma, aunque todavía queda pendiente la segunda votación. Moyano no solicitó la acostumbrada exoneración.
Detalle de los votos
Fueron 63 los votos a favor de esta norma. De esta cifra, 23 votos corresponden nada menos que a Fuerza Popular, el partido de la procesada Keiko Fujimori.
Sumaron con sus votos las bancadas satélites del fujimorismo Alianza para el Progreso (10 votos), Renovación Popular (6), Podemos Perú (5) y otros no agrupados que llegaron al Congreso por las filas del partido Acción Popular como María del Carmen Alva, Karol Paredes, Silvia Monteza, entre otros.
El partido del prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre, reportó ocho votos en abstención. De este modo, darían a entender que no respaldan este golpe contra el sistema de justicia, pero las apariencias engañan. Waldemar Cerrón e Isaac Mita votaron a favor de este texto en la sesión exprés de la Comisión de Constitución.
Suplentes del Congreso
De acuerdo con información oficial de la comisión especial del 2019, son diez los abogados que obtuvieron las más bajas calificaciones y, por lo tanto, no alcanzaron a ser elegidos titulares ni suplentes para la JNJ.
Ahora, con la ley que impulsa el Congreso, estos diez pasan a ser considerados “suplentes” y, por lo tanto, podrían asumir el cargo de magistrado de la JNJ.
En la lista se encuentra, por ejemplo, Ismael Lavilla Torres, quien obtuvo 73,50 puntos en el concurso del 2019 y ahora podría reemplazar a Aldo Vásquez, quien llegó al cargo con un puntaje de 90,75. Son más de 17 puntos de diferencia y eso es lo que promueve este Congreso.
Asimismo, podría ser designado el abogado José Hugo Rodríguez (71,85 puntos), en reemplazo de Inés Tello, quien en el concurso público tuvo la calificación de 84,05. Aparecen también en la lista de posibles suplentes Luis Naldos Blanco (71,50) y Jaime Gómez (70,80).
Ahora bien, si alguno de estos abogados decide por decoro no asumir el cargo, enfrentará una posible sanción, pues así lo acaba de establecer el Congreso, al fijar un castigo drástico como es la inhabilitación.
Sin autoridad moral
Richard Almonacid, decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, consideró que quienes obtuvieron los más bajos puntajes en el 2019 “no tendrían autoridad moral” para asumir un puesto de magistrado en la JNJ.
“Desde mi punto de vista, eso descalifica la evaluación y elección de jueces y fiscales supremos, o de jueces y fiscales superiores. ¿En quién vamos a confiar ahora?”, comentó.
Almonacid apunta que la decisión del Congreso desvirtúa la meritocracia y el concurso público realizado para elegir a los magistrados de la junta.
El abogado insistió en que no debe haber intromisión en el sistema de justicia, tal como ocurre también con la reforma para eliminar la JNJ.
La palabra
Richard Almonacid, decano CA – Ayacucho
“(Esas personas con bajos puntajes) no tendrían autoridad moral para evaluar a los jueces y fiscales. Lo que están haciendo descalifica los procesos de evaluación y elección de jueces y fiscales supremos o superiores”.
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Política
Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.
La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.
Tragedia en el Real Plaza de Trujillo
El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.
Antecedentes preocupantes
En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.
Normativa legal
El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.
Limitaciones y regulaciones
La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.
Apoyo parlamentario
La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:
– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]
Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.
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Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
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Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
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