Política
Según Hildebrandt : “Van a destituir al fiscal Villena de forma irregular”
El Periodista reveló que ciertos grupos políticos están tramando destituir al titular de la Fiscalía a través del parlamento con el objetivo de detener investigaciones y proteger a Dina Boluarte.

A través de su plataforma en línea, César Hildebrandt mencionó que el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, podría estar enfrentando una posible acusación en el Congreso debido a una supuesta violación de la Constitución. Esta acción se llevaría a cabo después de que Villena presentara una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por un presunto caso de cohecho relacionado con el escándalo ‘Rolexgate’.
Según Hildebrandt, la estrategia del Congreso se percibiría como un intento coordinado para proteger una vez más a la presidenta. Si se inicia un procedimiento de juicio político contra Villena y esto resulta en su destitución, las investigaciones preliminares contra la presidenta en el caso ‘Rolexgate’ se detendrían, dejándola nuevamente fuera de peligro.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, argumentó que Villena había infringido la ley al presentar una denuncia contra Boluarte por cargos que no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución, el cual protege al presidente de acusaciones por delitos comunes durante su mandato. Según Arana, esto constituye un mal uso de la ley.
Posturas en conflicto
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, también respaldó a la mandataria, considerando las acciones del Fiscal de la Nación como parte de una persecución políticamente motivada. Esta postura refleja la tensa relación entre el poder ejecutivo y el judicial.
En respuesta, el Congreso actuó rápidamente alineándose con la posición del Ejecutivo. Parlamentarios del partido Alianza para el Progreso (APP) y otros aliados cuestionaron la validez de la denuncia de Villena, argumentando que era un intento de debilitar la estabilidad política del país. John Carlos López Goicochea, abogado vinculado al gobierno y a intereses regionales, presentó formalmente la denuncia contra Villena, alegando que violaba principios constitucionales.
El caso ‘Rolexgate’
El escándalo ‘Rolexgate’ involucra a Boluarte y se centra en acusaciones de que no declaró ciertos bienes, incluyendo relojes Rolex y una pulsera con diamantes, que supuestamente recibió como sobornos. Estos lujosos artículos fueron entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favores presidenciales que beneficiaron a la región.
La Fiscalía ha presentado una denuncia por supuesto soborno pasivo impropio y enriquecimiento ilícito contra Boluarte, lo cual está bajo investigación en el Congreso peruano.
Postura de Boluarte
La presidenta ha negado haber cometido actos ilícitos en relación con las acusaciones del caso ‘Rolexgate’. Afirma que los relojes de lujo que posee fueron adquiridos con su propio esfuerzo, argumentando que ha trabajado arduamente desde joven y no tiene nada que ocultar. También ha denunciado las redadas y las investigaciones en su contra como un ataque a la democracia, calificándolas de arbitrarias y desproporcionadas.
Otras investigaciones
Además del ‘Rolexgate’, Boluarte enfrenta otras acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, omisión de declaración de bienes, y depósitos de origen desconocido. También se le investiga por su presunta responsabilidad en la represión de protestas que resultaron en la muerte de manifestantes, enfrentando acusaciones de homicidio calificado y lesiones graves debido al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante las protestas.

Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
Política
El Congreso aprobó una ley que protege a los policías que usan su arma en exceso.
El Fujicerronismo respalda propuesta aprobada en primera votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones en el Congreso.
El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que utilicen la fuerza de manera excesiva en el cumplimiento de sus funciones. La propuesta fue aprobada en primera votación y luego exonerada en una segunda votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.
Aprobación del proyecto de ley en el Congreso
El día de hoy, el Congreso de la República ha tomado una decisión que ha generado polémica y debate entre la población. Se ha aprobado un proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza durante el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta ha sido respaldada por 80 votos a favor, mientras que 18 legisladores se han manifestado en contra y 3 se han abstenido.
Esta medida ha generado diversas opiniones en la sociedad, ya que muchos consideran que podría fomentar la impunidad y el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Por otro lado, algunos defensores de la iniciativa argumentan que es necesario proteger a los efectivos policiales que enfrentan situaciones de riesgo en el cumplimiento de su deber.
Votación del Pleno sobre el proyecto de ley
Durante la sesión parlamentaria, se llevó a cabo la votación del Pleno sobre el proyecto de ley que busca brindar inmunidad a los policías que se excedan en el uso de la fuerza. La imagen capturada durante esta votación muestra la división de opiniones entre los legisladores, con una clara mayoría a favor de la propuesta.
Es importante destacar que esta medida ha levantado dudas sobre sus implicaciones en términos de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Algunos sectores de la sociedad han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta normativa pueda dar pie a abusos por parte de las fuerzas del orden.
Reacciones ante la aprobación del proyecto de ley de impunidad policial
Tras conocerse la aprobación del proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza, diversas organizaciones y líderes de opinión han manifestado su rechazo a esta medida. Argumentan que esta normativa podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitar el sistema de justicia.
Por otro lado, aquellos que respaldan la iniciativa destacan la importancia de proteger a los efectivos policiales que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber. Consideran que esta medida contribuirá a garantizar la seguridad de los agentes del orden y a fortalecer el trabajo policial en el país.
Conclusiones finales
En conclusión, la aprobación del proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza ha generado un intenso debate en la sociedad. Mientras algunos sectores expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta normativa, otros la defienden como un mecanismo necesario para proteger a los policías en el ejercicio de sus funciones.
Es importante que se continúe el diálogo y el análisis sobre este tema, para garantizar que las decisiones tomadas en el ámbito legislativo contribuyan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al respeto pleno de los derechos humanos en el país. La voz de la sociedad civil y de los expertos en la materia será fundamental para evaluar los efectos de esta medida y tomar las acciones necesarias en caso de identificar posibles vulneraciones.
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