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Sociedad

Escándalo en Piura: acusan a policías de cobrar coima de 4.000 soles y hasta una pierna de vaca

El jefe de la Región Policial Piura, Manuel Farías, confirmó que los agentes investigados por solicitar coimas serán retirados del servicio. 

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El caso se encuentra bajo investigación fiscal y los detenidos enfrentan cargos por presunto cohecho pasivo. Foto: Difusión

El general PNP Manuel Farías Zapata, jefe de la Región Policial Piura, informó a la prensa que los dos agentes detenidos preliminarmente en la provincia de Sechura, acusados de solicitar una coima de 4.000 soles, serán removidos de la institución.

Acerca del hecho, se sabe que el pasado martes por la tarde, los suboficiales de tercera PNP Josué Alexander Fiestas Sullón y Jean Pierre Gutiérrez Márquez fueron intervenidos por personal de la Dircocor y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Los agentes de la Policía Nacional fueron sorprendidos recibiendo 1.200 soles de los 4.000 que habrían solicitado para liberar a una persona con requisitoria en Sechura.

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El general Farías Zapata explicó que esta situación se encuentra bajo investigación fiscal y los detenidos enfrentan cargos por presunto cohecho pasivo. Añadió que más de 110 agentes policiales han sido sancionados y retirados de la institución debido a actos de corrupción. El jefe policial Farías Zapata señaló que estos casos han llevado a la destitución de 112 agentes. Destacó que premian a los buenos policías y sancionan y retiran a aquellos que cometen faltas.

Finalmente, el jefe de la Región Policial reiteró que han informado al comando y que actúan con firmeza tanto dentro de la Policía Nacional como conforme a la ley. Confirmó que los agentes investigados por solicitar coimas serán retirados del servicio.

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Piura: detienen a suboficiales PNP por pedir coima de S/1.000 para devolver camión

Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos por sus propios colegas por presunta coima a cambio de devolver un camión de combustible. El hecho sucedió en el distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara.

En la constancia de la denuncia policial, el conductor del vehículo de placa Z2L-802 fue intervenido porque no contaba con los documentos que lo acrediten para transportar combustible hacia la ciudad de Lima. Sin embargo, en lugar de seguir los procedimientos regulares, los suboficiales le habrían solicitado un pago de S/1.000 para devolver el vehículo a su propietario.

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Sin embargo, el conductor del camión manifiesta que, horas después, los mismos efectivos le solicitaron un monto adicional de S/3.000 para continuar con el acuerdo propuesto. De lo contrario, amenazaron con poner el vehículo a disposición de Aduanas en Tumbes.

Alertados por el hecho presentado y luego de escuchar las manifestaciones, la Policía de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción de Sullana, fotocopiaron los billetes que posteriormente serían entregados a los policías acusados.

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De esta manera, lograron detener a los suboficiales Marlon Inga Carrero y Hugo Ramos Zamores, ambos trabajadores de la comisaría de Los Órganos. Ante esto, se informó que a Ramos Zamora se le encontraron en su poder 6 billetes de 100 soles que previamente fueron fotocopiados, lo que después arrojó un resultado positivo en el reactivo.

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Sociedad

Conductor herido por criminales en ruta de Cusco sigue conduciendo para proteger a pasajeros de robo.

Un grupo de criminales abrió fuego contra un bus interprovincial, dejando gravemente herido al conductor. Los pasajeros, con destino a Cusco, elogiaron la valentía del chofer en medio del caos y la violencia.

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Criminales hirieron al chofer, quien prefirió llegar a Cusco para ser atendido. Foto: composición LR/Luis Álvarez/La República

Pasajeros de bus interprovincial sufren ataque en ruta de Madre de Dios a Cusco

Un grupo de delincuentes disparó contra un bus de servicio interprovincial que se desplazaba de Madre de Dios a Cusco, causando momentos de tensión entre los más de 50 pasajeros a bordo. Los hechos tuvieron lugar en Marcapata, provincia de Quispicanchi en Cusco, alrededor de las 4:00 a.m. del martes pasado, cuando el vehículo de la empresa El Crespo fue interceptado por los criminales.

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Acto valeroso del conductor evita tragedia

Los pasajeros elogiaron la actuación del conductor, identificado como H. Q. B., quien decidió no detener el bus a pesar de los disparos recibidos, con el objetivo de escapar de los delincuentes y proteger a los pasajeros. Una vez a salvo, el conductor fue atendido en el Centro de Salud de Marcapata por las heridas de bala y posteriormente derivado al Hospital de EsSalud de Cusco, donde se encuentra en recuperación.

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Preocupación por la seguridad en la ruta Madre de Dios – Cusco

Martha Quispe, directora del Terminal Terrestre de Cusco, denunció la constante ola de asaltos en la ruta Cusco – Madre de Dios, solicitando a las autoridades mayor presencia para garantizar la seguridad de los pasajeros. Los viajes por esta vía son considerados peligrosos debido a la frecuencia de robos a las unidades de transporte, siendo necesario implementar medidas para proteger a los usuarios.

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Asalto a bus en vía Interoceánica: civiles y policías son víctimas

Un grupo de encapuchados armados asaltó a tres oficiales de la Policía Nacional de Puno y a nueve civiles que se desplazaban hacia Puerto Maldonado en un bus de la empresa Águilas Doradas. El incidente ocurrió en la vía Interoceánica, donde los robos y asaltos son habituales, especialmente en la ruta hacia Madre de Dios.

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Conclusión:

Los incidentes de asaltos en buses interprovinciales son una preocupación constante para los viajeros y las autoridades, quienes deben trabajar en conjunto para garantizar la seguridad en las carreteras. La valentía de los conductores y la solidaridad de los pasajeros son fundamentales para afrontar estas situaciones, pero es necesario implementar medidas preventivas y de control para evitar que estos hechos se repitan.

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Sociedad

Aidesep pide que los ministros de Educación y de la Mujer renuncien por discriminar a los pueblos indígenas.

La asociación mostró su rechazo a las declaraciones de los ministros al calificar las violaciones sexuales contra niñas awajún como una «práctica cultural».

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Aidisep exige a las autoridad sentencias a los responsables de violaciones a menores de la comunidad Awajún. Foto: composición Aidisep/Minedu

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha manifestado su rechazo e indignación frente a las declaraciones de los ministros de Educación y de la Mujer, quienes han calificado los más de 500 casos de violación contra menores del pueblo Awajún como «prácticas culturales».

Repudio a las declaraciones ministeriales

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En un comunicado emitido recientemente, Aidesep ha expresado su repudio a las declaraciones de los ministros en relación con los casos de abuso sexual reportados en Condorcanqui. La organización nacional ha denunciado la estigmatización hacia los pueblos indígenas por parte de los funcionarios estatales, señalando que dichas declaraciones reflejan discriminación y racismo estructural en el país. Por ello, han exigido la renuncia inmediata de los ministros involucrados.

El pedido de renuncia surge tras la polémica generada por el video respuesta del ministro de Educación, quien ha defendido su posición argumentando que sus declaraciones fueron tergiversadas y asegurando que su gestión ha favorecido a las víctimas. Sin embargo, la situación se complicó aún más con el respaldo inesperado de la ministra de la Mujer.

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Aidesep demanda justicia y rechazo del Estado

Como representante de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y de nueve organizaciones regionales, Aidesep ha instado al Ministerio de Cultura y a su Viceministro de Interculturalidad a rechazar las declaraciones realizadas por sus colegas en el Ejecutivo. En caso de no hacerlo, estarían respaldando dichas afirmaciones, según lo expresado en su comunicado.

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Además, la organización ha exigido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisen y sancionen a los docentes que cometan delitos, expulsándolos y presentando denuncias correspondientes. Según la dirigente Rosemary Pioc, de los 524 casos reportados desde el año 2010, solo 111 docentes han sido separados de sus cargos, permitiendo que el resto continúe impartiendo clases junto a sus denunciantes.

En conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas, Aidesep demanda que las entidades estatales trabajen de manera coordinada para promover el respeto y la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, generando espacios de diálogo y participación entre el sistema de justicia del Estado y la justicia indígena.

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Condena de organizaciones regionales a las declaraciones ministeriales

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) también ha emitido un comunicado exigiendo disculpas por los comentarios realizados por los ministros y solicitando su renuncia inmediata. Asimismo, han pedido investigaciones exhaustivas y apoyo especializado para todas las víctimas.

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Las organizaciones exigen la implementación de políticas de cero tolerancia hacia los agresores, incluyendo el cese inmediato de aquellos involucrados en el sistema educativo, así como la protección y apoyo integral a las víctimas, que incluya atención médica, psicológica y legal especializada y culturalmente adecuada.

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Congreso quiere castigar a jóvenes desde los 16 años: esto dicen los expertos.

El debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes es complejo. Si bien se busca establecer un marco legal que brinde respuesta a conductas delictivas, ¿no sería más eficaz invertir en programas de reinserción social y prevención para evitar que los jóvenes perpetúen conductas delictivas en el futuro? Es crucial reflexionar sobre las implicaciones de tratar a los menores como delincuentes comunes en lugar de proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

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Lima es la región que posee más centros juveniles con medidas privativas de libertad. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo/difusión/Congreso

El Congreso peruano ha presentado un proyecto de ley que plantea la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 16 años para delitos graves como homicidio, sicariato, robo agravado y extorsión. Esta medida busca combatir la inseguridad ciudadana y los altos índices de participación juvenil en crímenes graves, aunque genera interrogantes sobre su eficacia y su impacto en la reinserción social de los jóvenes infractores.

Expertos en Derecho y Sociología han expresado sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. El abogado penalista Carlos Caro ha señalado que la propuesta va en contra de las normativas internacionales de protección a menores, las cuales establecen la edad mínima de responsabilidad penal en 18 años. Además, Caro advierte que esta medida podría llevar a los menores a involucrarse aún más en actividades delictivas al mezclarlos con adultos en el sistema penitenciario.

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Por su parte, el sociólogo Raúl Porras Lavalle cuestiona la efectividad de la medida en la reducción de la delincuencia y resalta que la responsabilidad de los delitos cometidos por menores recae principalmente en los padres. Porras considera que criminalizar a los menores no soluciona el problema subyacente y refleja un desconocimiento de la realidad social.

Proyecto de ley como una medida desesperada por combatir la inseguridad

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En un contexto de creciente inseguridad ciudadana en Perú, el proyecto de ley n.º 8166/2023-CR busca reducir los índices delictivos mediante la imposición de penas más severas a los adolescentes a partir de los 16 años. Sin embargo, críticos sostienen que esta medida es una reacción desesperada que no aborda las causas profundas de la delincuencia juvenil. El abogado penalista Carlos Caro argumenta que mezclar a menores con adultos puede perfeccionar su carrera criminal en lugar de rehabilitarlos.

Las estadísticas muestran un preocupante aumento de la delincuencia juvenil en Perú. El número de menores involucrados en infracciones ha aumentado significativamente, lo que ha llevado al Congreso a proponer medidas más estrictas. Raúl Porras Lavalle critica la falta de consideración del contexto socioeconómico de los jóvenes en esta medida, señalando que muchos infractores son producto de factores como la presión de grupo y la falta de oportunidades.

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El Gobierno y la criminalización de los menores

El debate sobre la responsabilidad penal de los menores refleja una tensión entre la necesidad de seguridad pública y los derechos de los adolescentes. La propuesta de ley ha sido criticada por su enfoque punitivo y su potencial para criminalizar a una población vulnerable. Expertos como Carlos Caro y Raúl Porras advierten que estas medidas pueden ser contraproducentes y perpetuar el ciclo de criminalidad y marginalización en lugar de abordar sus causas profundas.

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Congreso insiste en aplicar pena a menores infractores desde los 16 años: ¿es posible? Esto dicen los expertos
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