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Política

Fray Vásquez, familiar de Pedro Castillo, irá a prisión temporal en la cárcel de Castro Castro.

Luego de entregarse a la justicia y tras 2 años en clandestinidad, Fray Vásquez fue clasificado por el INPE para que cumpla su prisión preventiva. Se le acusa por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias.

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Fray Vásquez se entregó a la justicia el último lunes 29 de enero de 2024. Foto: PNP

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha informado que Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo Terrones, ha sido clasificado en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, donde cumplirá los 24 meses de prisión preventiva impuesta por el Poder Judicial, mientras es investigado por el Ministerio Público. Esta decisión fue tomada por la junta de Clasificación de la institución adscrita al Minjus.

Según una publicación en ‘X’, el INPE ha informado que Fray Vásquez Castillo ha sido clasificado en el Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, siguiendo los procedimientos establecidos.

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Fray Vásquez ha sido entregado a las autoridades peruanas después de dos años como fugitivo y ha sido trasladado de Puno a Lima. Fue llevado a la Dirección de Aviación Policial y posteriormente a la División de Alta Complejidad. En las imágenes recientes, se le ve vestido de manera característica.

Vásquez Castillo ha pasado por una audiencia de control de identidad en el caso en el que se le acusa de colusión y tráfico de influencias.

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Después de entregarse, Fray Vásquez ha optado por acogerse a la colaboración eficaz para aportar información y pruebas a la investigación del Ministerio Público. Se le acusa de pertenecer a una organización criminal liderada por su tío.

La información proporcionada por Fray Vásquez será evaluada por Marita Barreto y su equipo de fiscales contra la corrupción. Se espera que mantenga su condición de aspirante a colaborador eficaz.

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La colaboración eficaz es un proceso especial contemplado en el Código Procesal Penal que permite otorgar beneficios procesales a cambio de información privilegiada. Es una herramienta importante para combatir la delincuencia.

Pedro Castillo ha pedido a los prófugos de su gobierno que se entreguen y enfrenten las investigaciones del Ministerio Público. Según él, después de sufrir un encarcelamiento abusivo, no han logrado demostrar las acusaciones en su contra.

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Política

Aumenta la tensión entre agricultores y comunidad cacataibo en Ucayali

Los campesinos sostienen que se ha concedido títulos de propiedad a favor de los comuneros en tierras que se sobreponen a sus posesiones. El jueves pasado, los nativos les dieron un plazo para que abandonen sus tierras y llegaron a incendiar algunas viviendas.

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Colonos dedicados a la agricultura y ganadería en Guineal. Al lado, su presidente Celis Vergara.

Los agricultores de Guineal y los habitantes de la comunidad Sinchi Roca son vecinos en el distrito de Irazola, provincia Padre Abad, región Ucayali. La demarcación de áreas ampliadas del territorio de los comuneros cacataibos ha generado la disputa legal de los colonos. El presidente de Guineal, Celis Vergara, afirma que la decisión de la Dirección Regional de Agricultura-Ucayali los perjudica porque se ha otorgado títulos de propiedad que se superponen a sus posesiones de hace más de quince años.

Por su parte, los nativos de la comunidad Sinchi Roca han decidido desalojar a los agricultores de Guineal de sus tierras, para lo cual ya han realizado varias incursiones. La última ocurrió el jueves 1 de febrero en el sector conocido como Mendoza. Ese día, según informó el periodista Beni Sinarahua Grandes, los nativos incendiaron algunas viviendas, provocando la pérdida de enseres y otros objetos.

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Sinarahua recogió el testimonio del agricultor Aviud Ecel Ocaña Urbano, uno de los amenazados para que abandone las tierras tituladas a los cacataibos. “Nos han dado un plazo para irnos, nos advirtieron que si no lo hacemos en un mes volverán y quemarán nuestras propiedades. También nos amenazaron con tomar represalias si difundimos un audio o video en los medios de comunicación. Creo que no tenemos justicia, lo que necesitamos es ayuda de las autoridades competentes, que nos apoyen en nuestra salida. Si tenemos que irnos, nos iremos”, declara resignado Aviud Ocaña, teniendo en cuenta que ya es una persona mayor.

Los agricultores han acordado llevar a cabo una marcha preventiva en Pucallpa el jueves 8 de febrero para exigir una solución por parte de la Dirección Regional de Agricultura. Afirmaron que, de no lograrlo, llevarán a cabo un paro regional en apoyo del Frente de Defensa de Ucayali. Ese mismo día, también se movilizarán quienes apoyan la nueva Ley Forestal.

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Según el periodista Benni Sinarahua, la población de Guineal cuenta con el respaldo del congresista Edwin Martínez, uno de los impulsores de la modificación de la Ley Forestal. Indicó que el parlamentario le informó que están solicitando la nulidad del título de la ampliación y la realización de una nueva medición y un nuevo plano.

Versión del dirigente cacataibo

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Washington Bolívar, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo (Fenacoca), mencionó a La República que, efectivamente, las comunidades del pueblo cacataibo tienen títulos de propiedad y ahora les corresponde trabajar sus tierras en agricultura, ganadería y recursos forestales, ya que su territorio está categorizado como agrícola, ganadero y forestal.

Sin embargo, señala que estos conflictos por territorio no ocurren debido a la invasión de los colonos, sino porque los comuneros venden o alquilan sus terrenos en lugar de trabajarlos. «Hay documentos que me avergüenzan, los mismos líderes de comunidad han vendido o alquilado sus territorios. En Puerto Nuevo, un arrendatario tiene más de 300 hectáreas de pasto y será difícil sacarlo. Dicen: me voy, pero me pagas lo invertido. La comunidad no tiene recursos para pagarles; probablemente se queden con el terreno», expresa, al mencionar que en Mariscal Cáceres el 95% del territorio está arrendado a mestizos que cultivan papaya, piña, pero los comuneros no obtienen beneficios.

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Afirma que Guineal se encuentra como una isla en el centro de la comunidad nativa Sinchi Roca y que los comuneros les permitieron ingresar bajo la modalidad de alquiler.

El presidente de Fenacoca está a favor de la nueva Ley Forestal, ya que ahora no serán criminalizados por talar árboles en sus parcelas o producir carbón. Se excluirán los Bosques de Producción Permanente (BPP) y las personas que viven en estas áreas, donde ya existen escuelas y centros de salud, serán tituladas. «A esa gente no se le puede expulsar», sostiene en referencia a los agricultores.

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Menciona caseríos que se encuentran dentro de los BPP y están habitados. Entre ellos, Nuevo Edén, Motelillo, Juantía y Bimboya, en el distrito de Nueva Requena, provincia Coronel Portillo.

Respaldando su postura a favor de la nueva Ley Forestal, argumenta que los pueblos indígenas no pueden seguir viviendo en la miseria. Cuestiona que se les pida cuidar los bosques para obtener ingresos, pero que estos sean mínimos. «La venta de carbono genera 69 dólares por hectárea de captura de carbono y la ONG encargada paga a la comunidad 4 dólares por hectárea anualmente. Son 400 mil soles que se reparten entre más de 200 familias», explica.

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Política

Embajador peruano en Estados Unidos es investigado por asunto Odebrecht.

Y embargado. Informe señala que a Alfredo Ferrero se le imputa el presunto delito de colusión agravada. Además, tiene propiedades embargadas por S/27 millones.

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Gestión. Alfredo Ferrero fue ministro de Comercio Exterior y Turismo en gobierno de Toledo. Foto: La República

El recién nombrado embajador de Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero Diez Canseco, está siendo investigado por presunta colusión agravada en el caso Odebrecht. Actualmente, enfrenta un embargo de S/27 millones en propiedades, incluyendo un palco en el estadio Monumental de Universitario de Deportes, según un informe de investigación de ‘Latina noticias’.

Según documentos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) a los que tuvo acceso el equipo de Latina, se detallan los inmuebles del embajador en EE. UU., que están sujetos a un «embargo en forma de inscripción y orden de inhibición». Estas propiedades se encuentran en Miraflores, San Isidro, Ate, La Molina, Pachacámac y Cañete, y comprenden 21 propiedades que incluyen estacionamientos, depósitos, departamentos, lotes y un palco suite.

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Se acusa a Ferrero Diez Canseco de favorecimiento a la empresa Odebrecht en el proceso de concesión del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte cuando era miembro del consejo directivo de Proinversión. Por ello, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó un «embargo en forma de inscripción» por un monto total de S/27.748.514,66, además de una orden de inhibición sobre los derechos y acciones del embajador en relación a sus bienes inmuebles.

El abogado penalista James Rodríguez explicó que el embargo en forma de inscripción ocurre cuando el juzgado ordena que una propiedad o propiedades a nombre del procesado queden embargadas mediante su inscripción en los registros públicos. Este embargo tiene como finalidad asegurar el pago de la reparación civil en caso de que se encuentre responsabilidad en el procesado. ‘Latina noticias’ intentó entrevistar a Ferrero Diez Canseco y a su abogado, Aurelio Pastor, pero el embajador no respondió y el abogado se negó a declarar sobre el tema.

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En el informe periodístico se menciona que en 2005, Proinversión le adjudicó dos tramos de la carretera IIRSA Norte a dos compañías con procesos legales pendientes, y los funcionarios del consejo directivo, incluido Ferrero Diez Canseco, dieron la aprobación del proyecto a Odebrecht.

Alfredo Ferrero Diez Canseco anunció a través de sus redes sociales que no ofrecerá declaraciones hasta que asuma su cargo en marzo. Desde su posición, buscará fortalecer las relaciones políticas y promover las inversiones, especialmente en el ámbito del comercio y el turismo.

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Política

Jorge Angulo, ex comandante general de la PNP, toma medidas legales por su retiro

El general Jorge Angulo no estuvo de acuerdo con ser removido del más alto cargo de la PNP por decisión del Gobierno de Dina Boluarte.

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El ex comandante general de la PNP fue pasado al retiro tras agresión que sufrió Boluarte. Foto: composición La República

El excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Angulo ha interpuesto una demanda judicial debido a su destitución de la institución policial por parte del Gobierno de Dina Boluarte, tras el incidente violento que sufrió la mandataria en Ayacucho. Esta acción legal ha sido presentada ante el Tercer Juzgado Constitucional, en la cual se señala como demandados al Ministerio del Interior y al despacho presidencial. Jorge Angulo ha manifestado públicamente que considera su destitución como abrupta, ilegal e irregular.

El general Jorge Angulo ha conversado exclusivamente con La República sobre su citación por parte de la Fiscalía para declarar sobre las supuestas injerencias del ministro del Interior, Víctor Torres, en las decisiones de la Policía Nacional. Angulo sostiene que esta investigación iniciada por la Fiscalía implica la presunción de un hecho delictivo y busca obtener pruebas como chats, documentos, audios y fotos. Además, destaca la clara diferencia política que se ha querido establecer, a lo cual él se opone.

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En relación al ministro Víctor Torres, el excomandante general de la PNP afirma que no considera su destitución como un acto de venganza, pero reconoce que existen otros asuntos de interés en el Gobierno. Señala que tuvo diferencias con Torres debido a desacuerdos en las decisiones policiales, y afirma que el ministro era solo un instrumento de otros intereses.

Ante la preocupante situación de inseguridad ciudadana en el país, la congresista Maricruz Zeta critica la falta de atención del Ministerio del Interior, que no destina suficiente presupuesto para fortalecer la seguridad y reducir los casos de asesinatos. Si bien sus declaraciones se refieren específicamente a la delincuencia en la región de Piura, esto no significa que los asesinatos y otros delitos no sean un problema en el resto del país, especialmente en Lima, donde las cifras delictivas son cada vez más alarmantes.

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