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Política

Interrogatorio a la presidenta y peritajes definirán investigación

Momento clave. Dina Boluarte declararía que sus ingresos y gastos se justifican con sus ahorros como ministra y presidenta, de julio del 2021 a diciembre del 2023. Además de regalos o préstamos de amigos que la apoyan en su gestión pública. La Fiscalía espera que sus palabras estén respaldadas con documentos bancarios y que muestre los Rolex y joyas Cartier.

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Dina Boluarte deberá explicar y documentar sus ingresos y gastos ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Foto: La República

La presidenta Dina Boluarte tiene este viernes 5 de abril, a partir de las 8:30 a.m., la gran oportunidad de aclarar y explicar en el despacho del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, la procedencia de las lujosas y carísimas joyas Cartier y relojes Rolex que utiliza en sus actividades públicas, su incremento patrimonial de los últimos dos años y depósitos en sus cuentas bancarias.

Será una oportunidad para ella misma. Sus respuestas deberían dar tranquilidad a las fuerzas políticas que la apoyan públicamente —Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso— de que puede llegar hasta julio del 2026 o, antes, procederá la vacancia.

“De ella depende casi la mayor parte de la investigación. Si sus respuestas son convincentes, sencillas y están respaldadas por evidencias y pruebas documentales, este proceso puede terminar rápidamente; si no, será un laberinto cada día más complejo”, señalan en el Ministerio Público.

Muchas preguntas

Tal como adelantamos en nuestra edición del martes, el fiscal de la Nación amplió el marco fáctico (hechos) de la investigación que se inició el 19 de marzo contra la presidenta.

Al inicio solo se le iba a preguntar por un (1) hecho, el tema de los cuatro relojes Rolex. Ahora, también debe responder 2) por el uso de una pulsera Cartier, 3) diversas joyas de lujo que costarían en conjunto más de 500.000 dólares, 4) una diferencia de 432.932,25 soles en sus declaraciones juradas, entre fines del 2021 y al concluir el 2023.

Además, 5) depósitos de origen desconocido por un millón de soles en sus cuentas bancarias desde julio del 2021, cuando llegó al Gobierno como ministra de Estado, hasta la actualidad.

Es de señalar que los depósitos bancarios y cuentas mancomunadas observadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del periodo 2016 a 2022 ya forman parte de una investigación por delito de lavado de activos que en abril del 2023 inició el fiscal Richard Rojas, del subsistema especializado en lavado de activos.

 Libre y oculto. La presidenta Dina Boluarte está incluida en una investigación con Vladimir Cerrón por los gastos de la campaña del 2021. Foto: difusión

Libre y oculto. La presidenta Dina Boluarte está incluida en una investigación con Vladimir Cerrón por los gastos de la campaña del 2021. Foto: difusión

Si bien la investigación tiene su partida de nacimiento en artículos periodísticos que aparecieron en ‘La encerrona’, ‘Panorama’, ‘Cuarto poder’ y La República, en estas dos últimas semanas, la Fiscalía ha reunido información adicional a partir de los allanamientos y diversas declaraciones, como de los representantes de la Casa Banchero.

Lo que diga la presidenta tendrá que tener relación con lo que los fiscales ya conocen y tienen documentado. Si hay una discrepancia, será malo para ella, salvo que su respuesta también aclare la discrepancia.

Respuestas

De acuerdo con diversas fuentes, la presidenta diría que todos sus ingresos y gastos entre julio del 2021 y diciembre del 2023 están debidamente justificados con sus sueldos como ministra de Estado (30.000 soles mensuales durante 16 meses y días), y presidenta de la República (15.500 mensuales durante 13 meses, hasta diciembre del 2023).

Los ingresos en ese periodo totalizan unos 700.000 soles (US$ 189.000), la mayor parte de los cuales, aseguraría, habría podido ahorrar, pues como ministra y presidenta dispone de movilidad para sus traslados, alimentación en el desempeño de su función y no tiene muchos gastos personales y familiares.

Además, su liquidación como trabajadora de Reniec, institución en la que trabajó desde el 2007 hasta julio del 2022.

Estos ingresos y ahorros, de acuerdo con su explicación, estarían reflejados en sus declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República y sustentarán la diferencia de 432.932,25 soles (US$118.000), respecto a sus ingresos de periodos anteriores.

La presidenta deberá presentar documentaciones y extractos bancarios que le permitan justificar su nivel de ahorro. Hay antecedentes de presidentes que al final de su mandato tienen todo su sueldo sin tocar en el Banco de la Nación.

Joyas y amigos

Sobre los Rolex y las joyas Cartier habría dos respuestas. Uno, se trataría de objetos que ella compró, a través de otras personas, con su sueldo. Dos, obsequios de amigos que la apoyan desinteresadamente en su desempeño como ministra y presidenta de la República.

De acuerdo con sus abogados, ellos se oponían a la declaración del representante de Rolex en el Perú, al considerar que la Casa Banchero no tiene información sobre este tema.

Sin embargo, esto ha cambiado luego del allanamiento. En su casa se encontraron cajas y tarjetas de compra de joyas y posiblemente relojes en dicha tienda de joyería.

 Benefactor. Wilfredo Oscorima es sospechoso, pero no sería el único. Foto: difusión

Benefactor. Wilfredo Oscorima es sospechoso, pero no sería el único. Foto: difusión

En tanto, aún no está definido si Boluarte llevará consigo los cuatro Rolex y las joyas con las que ha sido fotografiada, o solo algunas muestras que, según ella, respalden sus palabras.

La Fiscalía le ha pedido exhibir los cuatro relojes Rolex. Si no los lleva, tendrá que explicar a qué se debe tanto misterio y cuándo podrá mostrarlos. Además de establecer su autenticidad, la Fiscalía requiere valorizarlos y eso solo será posible cuando sean revisados por especialistas.

Aunque ha trascendido que uno de sus benefactores podría ser el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, las fuentes hablan de otras personas: un abogado vinculado a procesos electorales, con quien tendría una antigua amistad, y una empresaria que la ha acompañado en Palacio de Gobierno.

Estas personas, diría la presidenta, le habrían obsequiado o prestado joyas para determinadas presentaciones públicas, pero que no han querido aparecer públicamente para no ser parte del escrutinio público. Aunque eso será inevitable.

Respecto a las cuentas mancomunadas del informe de la UIF del 2016 al 2022, la presidenta ya ha entregado una explicación documentada y diversos testimonios ante la Fiscalía de Lavado de Activos, en una investigación que data del 2022.

Es claro que la palabra de la presidenta no será suficiente para que le crean. Boluarte deberá llevar documentos de pago y transferencias bancarias que respalden su relato.

Además, deberá ofrecer otros testimonios que corroboren toda la historia de posibles benefactores con solvencia económica suficiente para que ese tipo de regalos no se vuelvan aún más sospechosos.

Lo que viene

Si bien la declaración de la presidenta Dina Boluarte ante el fiscal de la Nación debería permitir tener un mejor panorama de los sucesos, eso no concluye el caso.

La Fiscalía tendrá que seguir indagando y realizar una valorización de relojes y joyas, y hacer uno o más peritajes de sus ingresos y gastos.

El tema documental será clave.

La investigación es por 60 días, que pueden ampliarse por otros 60 días. Pero, al 19 de mayo o 19 de julio, la Fiscalía deberá tomar una decisión definitiva sobre este caso.

Para ese momento tendrá dos posibilidades. En primer lugar, descartar indicios de delito y archivar; o, segundo, pasar a investigación preparatoria con respaldo del Poder Judicial.

Para esta segunda posibilidad, la Fiscalía requerirá la autorización de una denuncia por el Congreso de la República. Un lugar donde la presidenta cuenta al día de hoy con poderosos aliados que no dudarían en tirar a la basura una denuncia constitucional que se sostenga solo en sospechas e informes de prensa.

Para romper la alianza política que sostiene a Boluarte en el poder, la Fiscalía debería sumar peritajes contables o declaraciones que pongan en entredicho su versión de la historia. Las palabras explican, los documentos prueban.

El informe de la UIF y la campaña electoral del 2021

 El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera en el que se reportan 11 cuentas de la presidenta Dina Boluarte, con fondos por S/1.372.04 en el periodo 2016-2022, forma parte del expediente por lavado de activos que se sigue a los dirigentes y candidatos a la presidencia de Perú Libre por los fondos de la campaña a la Presidencia de la República, el 2021.

Inicialmente, este caso formó parte del proceso por lavado de activos al fundador y presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, derivado del proceso a ‘Los Dinámicos del Centro’. Luego se desagregó, según Jaime Villanueva, por gestiones del abogado Óscar Nieves con el fiscal superior Rafael Vela.

En ese expediente, los abogados de Boluarte han explicado que los depósitos por 1.100.000 soles corresponden a 84 meses de cotizaciones de asociados, alquiler de salones y actividades culturales del club Apurímac. Los dirigentes del club habrían trabajado con cuentas personales para evitar el embargo de sus ingresos por demandas laborales.

Congreso

Denuncia. El congresista Elías Varas presentó una denuncia contra Dina Boluarte ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Le atribuye infracciones a los artículos 38 y 118 de la Constitución y delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos. Un pedido de vacancia y adelanto de elecciones que promueven congresistas de izquierda sigue en trámite.

 Libre y oculto. La presidenta Dina Boluarte está incluida en una investigación con Vladimir Cerrón por los gastos de la campaña del 2021. Foto: difusión
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Política

Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.

La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.

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Fuerza Popular y aliados limitaron la clausura de los centros comerciales. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República.

Tragedia en el Real Plaza de Trujillo

El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.

Antecedentes preocupantes

En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.

Normativa legal

El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.

Limitaciones y regulaciones

La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.

Apoyo parlamentario

La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:

– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]

Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.

Proyecto que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo

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Política

Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería

A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.

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Cancillería designó a primo de Dina Boluarte tras el viaje que realizó la presidenta a Davos. | Composición LR.

El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.

La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.

Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.

Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.

Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?

Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.

Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.

Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

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Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.

El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.

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Dina Boluarte lidera un Gobierno que es la mesa de partes del Congreso.

La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos

La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.

Aportes no declarados y límites de contribución

La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.

Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.

Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos

Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.

Impulso del fujimorismo a la contrarreforma

Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.

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