Política
Congreso da voto de confianza y se afianza el pacto de facto
Cálculo temporal. Con 70 votos, de Fuerza Popular, APP, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y de los no agrupados, el gabinete de Gustavo Adrianzén recibió la investidura. La coalición que domina el Congreso pasó por alto el escándalo del Rolexgate, pero no está segura de otorgarle las facultades legislativas.

Era inminente que, pese al escándalo por los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte, la coalición -conformada por el fujimorismo, la derecha y sus aliados- que domina el Congreso iba a otorgarle el voto de investidura al gabinete de Gustavo Adrianzén.
Ayer, pasadas las 6:30 de la tarde, con 70 votos de las bancadas de Fuerza Popular (FP), Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y un sector de los no agrupados, el primer ministro Adrianzén recibió la confianza de este Parlamento.
Las únicas fuerzas políticas que se opusieron fueron Perú Libre, Cambio Democrático, dos congresistas del Bloque Magisterial, dos de Acción Popular, tres de Perú Bicentenario y seis no agrupados. Todos ellos sumaron 36 votos en contra. No les alcanzó.
Discurso vacío
El primer ministro había comenzado su exposición pasadas las 9 de la mañana. Leyó un discurso de 34 páginas, de las que solo dedicó 6 párrafos para abordar la lucha anticorrupción.
El premier Adrianzén, incluso, se animó a prometer que en su gestión primará la austeridad. “Por ello, en estos primeros 28 días, hemos aprobado medidas estrictas de austeridad en el Poder Ejecutivo, reduciendo el uso de recursos públicos para gastos no esenciales”, manifestó.
Lo concreto es que en estos 28 días el Ejecutivo aprobó también, con las firmas de la mandataria Dina Boluarte y el ministro de Economía, José Arista, un crédito suplementario de S/50 millones para los gastos del Congreso.
Facultades en cuestión
El primer ministro, además, pidió facultades legislativas para la simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión privada y público-privada, mejora de la calidad de la inversión pública, fortalecimiento del Cofide y Fonafe, reducción de costos de transacción, acceso y competencia en servicios financieros, equilibrio fiscal, reforzamiento del tribunal fiscal, medidas para modernizar el sistema tributario, política criminológica y penitenciaria, desarrollo urbano en el ámbito de la influencia del terminal portuario de Chancay y en materia de seguridad.
Gabinete Rolex. La presidenta Boluarte cambió a 6 ministros para recibir luz verde del Congreso. También se aprobó un crédito suplementario de S/50 millones. Foto: Félix Contreras
Antes del mediodía, Adrianzén había terminado de leer.
Lo criticaron, pero igual lo apoyaron
La primera en criticar a Adrianzén fue la vocera de la bancada Avanza País, Norma Yarrow. “Hemos escuchado más de lo mismo”, dijo. Y lamentó que según la Constitución y para evitar agudizar la crisis política, el único camino para ella era otorgarle la confianza, pero adelantó que eso no significa que acatarán los pedidos del Ejecutivo.
“Yo sí me niego a darle esa delegación de facultades”, manifestó.
Esta agrupación votó de manera fraccionada. El colega de Yarrow, Alejandro Cavero, calificó de “frívolo” el gobierno de Boluarte. “Y este Congreso va a pagar el precio de ello”, aseguró.
El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, intervino en el mismo sentido y cuestionó la lentitud del Gobierno en resolver el dilema por la exclusividad de Cosco Shipping en el puerto de Chancay.
“Y así hablan de proteger las inversiones”, criticó.
Cuando llegó el turno de Fuerza Popular, su portavoz, Eduardo Castillo, sí se refirió al caso Rolexgate. “Hoy enfrentamos una nueva crisis política relacionada con las presuntas omisiones del patrimonio de la señora Dina Boluarte”, afirmó.
Su colega fujimorista Martha Moyano, sin embargo, dejó en claro que pese a dicha crítica, su bancada no iba a rechazar la confianza al gabinete de Adrianzén.
“Lo que queremos es defender la institucionalidad”, resaltó. Moyano también dejó en duda el respaldo al pedido de facultades. “Tampoco vamos a callar ante el Ejecutivo”, aseguró.
Pero más allá de las expresiones críticas, este bloque del Congreso no puso en aprietos al Ejecutivo. Eso se evidencia en la votación a favor de la investidura.
Fuentes parlamentarias explicaron que a medida que llegue el proceso electoral del 2026, aumentarán las voces críticas. Esto, agregaron, no significa un ánimo de desestabilizar al Ejecutivo. Básicamente, sostuvieron, es el interés de algunos legisladores de marcar distancia del régimen de Boluarte y poder postular a ser senadores.
Se quedaron en el discurso. Al final los congresistas fujimoristas votaron por la confi anza. Foto: difusión
Las únicas agrupaciones parlamentarias que han cerrado filas contra el gabinete ministerial son Cambio Democrático y Perú Libre.
En el debate, la vocera perulibrista, Margot Palacios, mostró un vídeo que recuerda la audiencia de noviembre del 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando el primer ministro perdió los papeles ante los deudos de las víctimas de las protestas contra este Gobierno. “Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes”, exclamó entonces Adrianzén.
Mientras que en Cambio Democrático presentaron la segunda moción de vacancia presidencial -la primera la interpuso Perú Libre- por el caso Rolexgate. Sin embargo, más allá de las intenciones, ninguna de estas bancadas de izquierda cuenta con los votos.
El pacto de facto entre el Gobierno y el Congreso permite, por ahora, que Boluarte y Adrianzén sigan en el poder.
Reacciones
Edgard Reymundo, Cambio Democrático
“¿Cómo puede pedir voto de confianza del Congreso un Gobierno que no puede explicar el origen de sus relojes Rolex? Tampoco se puede hablar de respeto a los derechos humanos”.
Norma Yarrow, Avanza País
“Hemos escuchado más de lo mismo y me niego a darle esa delegación de facultades. En el caso de seguridad ciudadana, no cumplieron. Varios hospitales están en una situación paupérrima”.
Jorge Montoya, Renovación Popular
“Hemos escuchado las palabras que escuchamos siempre. Quiero comenzar con las Fuerzas Armadas y la PNP. Siempre están presentes, incluso para la foto, pero no hay más presupuesto”.
Alejandro Cavero, Avanza País
“Defender la institucionalidad no significa darle un cheque en blanco (…). La bancada de Avanza País sabe también que no podemos hacerle el juego a quienes quieren desestabilizar el país”.
Margot Palacios, Perú Libre
“Este régimen bañado de sangre no merece la confianza. Debería darles vergüenza a los ministros pertenecer a este régimen violador de derechos humanos (…) como no son sus hijos, no les importa”.

Política
Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería
A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.
El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.
Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.
Política
Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.
El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.
La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos
La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.
Aportes no declarados y límites de contribución
La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.
Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.
Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos
Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.
Impulso del fujimorismo a la contrarreforma
Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.
Política
El Congreso aprobó una ley que protege a los policías que usan su arma en exceso.
El Fujicerronismo respalda propuesta aprobada en primera votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones en el Congreso.
El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que utilicen la fuerza de manera excesiva en el cumplimiento de sus funciones. La propuesta fue aprobada en primera votación y luego exonerada en una segunda votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.
Aprobación del proyecto de ley en el Congreso
El día de hoy, el Congreso de la República ha tomado una decisión que ha generado polémica y debate entre la población. Se ha aprobado un proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza durante el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta ha sido respaldada por 80 votos a favor, mientras que 18 legisladores se han manifestado en contra y 3 se han abstenido.
Esta medida ha generado diversas opiniones en la sociedad, ya que muchos consideran que podría fomentar la impunidad y el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Por otro lado, algunos defensores de la iniciativa argumentan que es necesario proteger a los efectivos policiales que enfrentan situaciones de riesgo en el cumplimiento de su deber.
Votación del Pleno sobre el proyecto de ley
Durante la sesión parlamentaria, se llevó a cabo la votación del Pleno sobre el proyecto de ley que busca brindar inmunidad a los policías que se excedan en el uso de la fuerza. La imagen capturada durante esta votación muestra la división de opiniones entre los legisladores, con una clara mayoría a favor de la propuesta.
Es importante destacar que esta medida ha levantado dudas sobre sus implicaciones en términos de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Algunos sectores de la sociedad han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta normativa pueda dar pie a abusos por parte de las fuerzas del orden.
Reacciones ante la aprobación del proyecto de ley de impunidad policial
Tras conocerse la aprobación del proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza, diversas organizaciones y líderes de opinión han manifestado su rechazo a esta medida. Argumentan que esta normativa podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitar el sistema de justicia.
Por otro lado, aquellos que respaldan la iniciativa destacan la importancia de proteger a los efectivos policiales que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber. Consideran que esta medida contribuirá a garantizar la seguridad de los agentes del orden y a fortalecer el trabajo policial en el país.
Conclusiones finales
En conclusión, la aprobación del proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza ha generado un intenso debate en la sociedad. Mientras algunos sectores expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta normativa, otros la defienden como un mecanismo necesario para proteger a los policías en el ejercicio de sus funciones.
Es importante que se continúe el diálogo y el análisis sobre este tema, para garantizar que las decisiones tomadas en el ámbito legislativo contribuyan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al respeto pleno de los derechos humanos en el país. La voz de la sociedad civil y de los expertos en la materia será fundamental para evaluar los efectos de esta medida y tomar las acciones necesarias en caso de identificar posibles vulneraciones.
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