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Política

José Nenil Medina, exalcalde de Anguía, permanecerá 2 años y medio de prisión preventiva.

La Tercera Sala Constitucional de Lima anuló la decisión adoptada en enero último, donde se le revocaba la medida cautela en su contra.

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José Nenil Medina logró favorecerse con el hábeas corpus que presentó, pero PJ optó por anular lo decidido. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR

El exalcalde de Anguía, José Nenil Medina, seguirá cumpliendo su periodo de prisión preventiva de 30 meses impuesto por el Poder Judicial mientras es investigado por supuestos actos de corrupción durante el Gobierno de Pedro Castillo. En enero, logró que se revocara la medida cautelar en su contra, pero la Tercera Sala Constitucional de Lima declaró nula esa decisión.

La Tercera Sala Constitucional de Lima revocó la resolución que declaró inválido el mandato de prisión preventiva de 30 meses contra el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, quien está siendo investigado por organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, según informó el Poder Judicial.

Anulación de la prisión preventiva en enero de 2024

A principios de enero de 2024, el juez constitucional Juan Carlos Núñez anuló la orden de 30 meses de prisión preventiva dictada contra el exalcalde de Anguía después de que se aceptara el hábeas corpus presentado por el exfuncionario, quien denunció la violación de sus derechos.

El juez decidió levantar la prisión preventiva al considerar que la medida se había ordenado en agosto de 2022 basándose en el robo del celular de José Nenil Medina como peligro de obstrucción. En ese momento, se consideró que estaba mintiendo para evitar proporcionar una prueba valiosa.

«La motivación para este supuesto se basa en presunciones o meras conjeturas, por lo que la razón expuesta por el juzgado para adoptar la medida más grave, como es la privación de la libertad, no puede sino, en el caso concreto, violar el derecho a una motivación adecuada de las resoluciones judiciales, ya que la resolución carece de revisión razonable y suficiente», dictaminó el juez.

José Nenil Medina está siendo investigado por formar parte de la red criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo.

¿Qué se le atribuye a José Nenil Medina?

Según la hipótesis fiscal, el exalcalde de Anguía sería parte de una red criminal en la que estarían involucrados varios familiares de Pedro Castillo. Se le acusa de influir en la dirección de obras millonarias financiadas por el Ministerio de Vivienda, dirigido en ese momento por el ministro Geiner Alvarado.

Por su parte, el empresario Hugo Espino admitió durante su declaración a la Fiscalía que pagó la suma de S/200,000 a José Nenil Medina para obtener la buena pro. Ambos se conocieron cuando se preparaban para ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en 2010.

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Política

Keiko Fujimori pide al TC anular juicio oral por el Caso Cócteles: ¿cuáles son sus argumentos?

La defensa de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza, busca frenar la investigación del fiscal José Domingo Pérez desde hace varios años.

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Keiko Fujimori y su abogada a la salida de audiencia por el caso Cócteles. Foto: La República

Keiko Fujimori presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de anular el juicio oral por el caso Cócteles, donde se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, por los cuales el fiscal José Domingo Pérez solicita al Poder Judicial 30 años y 10 meses de prisión.

El pedido fue presentado por la abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Giulliana Loza y busca que se declaren nulas y sin efecto legal tres resoluciones del juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional en el que se declararon infundados las solicitudes de la defensa de Fujimori para archivar el caso.

¿Cuáles son los argumentos de Fujimori para anular juicio en su contra? De acuerdo con la letrada Loza, consideran que se está afectando los derechos fundamentales de la hija de Alberto Fujimori. «Específicamente el derecho al principio de legalidad penal que establece por mandato constitucional que nadie puede ser procesado, menos sentenciado, por un hecho que no constituye delito al momento de la imputación (…) Aquí la acusación reposa sobre un hecho que al momento de la acusación no estaba vigente. Por tanto, nosotros reclamamos esto, que por demás es algo que no se debe permitir para ningún ciudadano», explicó a RPP.

La abogada hace referencia a los delitos de lavado de activos y organización criminal. «En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende, contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas”, se lee en la resolución.

Por otra parte, Giulliana Loza sostiene que también se está vulnerando el derecho a la libertad ambulatoria de Keiko Fujimori debido a que actualmente está sometida a comparecencia con restricciones, así como el derecho al plazo razonable porque es “objeto de una imputación penal que no cumple con el principio de legalidad (…) desde 2017”.

En ese marco, la abogada recordó que a inicios de este 2024 presentó una demanda de habeas corpus en contra de las resoluciones que emitió el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.

«¿Qué reclamábamos ahí? Precisamente lo mismo. Decíamos los hechos por los cuales está acusando la señora Fujimori y se le pretende llevar a juicio, no constituye delito. Esa petición nos fue rechazada en etapa intermedia, en esta etapa donde todos vieron que las tantas devoluciones de la acusación, frente a ello nosotros apelamos. La Sala Penal Nacional nos dijo que no caben apelaciones frente a resoluciones emitidas en este tipo de peticiones en etapa intermedia y con eso obviamente ahora a esa instancia recurrimos nosotros a la vía constitucional», dijo a RPP.

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Piden a EE.UU. restringir visas a congresistas peruanos por socavar la democracia, como ocurrió en Guatemala, Nicaragua y Venezuela

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Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones, solicitó a las autoridades estadounidenses revocar las visas de legisladores peruanos implicados en corrupción y en la aprobación de normas que afectan el Estado de derecho, como en otros países de la región

La Coalición Ciudadana, integrada por más de 340 organizaciones a nivel nacional, ha solicitado a las instancias gubernamentales de Estados Unidos que revoquen las visas de todos los congresistas peruanos implicados en corrupción u otros delitos graves, “así como de aquellos que sistemáticamente aprueban normas que afectan el Estado de derecho y la democracia”.

En un pronunciamiento difundido este jueves a través de la plataforma Change.org, donde han iniciado una recolección de firmas, el colectivo subraya que esta medida ya ha sido empleada en otros países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela, países en los que Washington ha sancionado a funcionarios involucrados en actos antidemocráticos.

En agosto de 2021, la administración estadounidense anunció la restricción de visas a 50 familiares directos de representantes de la Asamblea Nacional de Nicaragua, además de fiscales y jueces, acusados de obstaculizar el proceso electoral previsto para noviembre de ese año. En 2019, además, revocó las visas de altos militares del régimen chavista por su participación en “graves violaciones de los derechos humanos”.

En el caso peruano, Coalición Ciudadana destacó que el 91% de los ciudadanos rechazan el desempeño del Congreso, señalando que esta falta de legitimidad se debe a “una serie de actuaciones lamentables por parte de una mayoría de parlamentarios que se ha desentendido de la principal labor de representar y escuchar a la población”.

El colectivo remarcó que en el último año, el Congreso ha avanzado en la aprobación de “anti-reformas” legislativas que ponen en riesgo el sistema de justicia y la democracia, entre ellas, la limitación de los procesos de colaboración eficaz, el favorecimiento de organizaciones criminales en allanamientos judiciales y la eliminación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Además, los legisladores han aprobado reformas políticas y electorales como la reelección inmediata y la bicameralidad, ignorando el rechazo ciudadano expresado en el referéndum de 2018. También han eliminado movimientos regionales y locales, la paridad horizontal para mujeres en política y el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estos actos, junto con escándalos de corrupción como los ‘Mochasueldos’ y ‘Los Niños’, así como privilegios injustificados, “han llevado a la ciudadanía a tomar acciones contra estos abusos de poder”.

Basándose en un informe de Ojo Público, la Coalición enfatiza que Estados Unidos es el principal destino extranjero de los parlamentarios peruanos. “Esta situación no solo significa un gasto millonario que se realiza con el dinero de todos los peruanos, sino que además es injustificado y no merece un sector mayoritario de congresistas que le dan la espalda a la ciudadanía y no rinden cuentas ante sus representados”, se lee en el pronunciamiento.

La petición se ha hecho pública el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, la ley que propone limitar la aplicación y alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, en abierto desafío a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que pidió al Estado peruano que la deje sin efecto por la prescripción que significaba para esos casos.

La norma quedó aprobada con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que la puso como uno de los primeros temas de debate. El proyecto de Fuerza Popular y Renovación Popular, en parte compuesto por exjefes de las Fuerzas Armadas, busca impedir que se procese a personas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos antes de 2002 y, por lo tanto, excluye el periodo del conflicto interno (1980-2000) que dejó más de 69.000 víctimas en el país.

Puedes firmar la petición aquí  

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Ley sobre colaboración eficaz que aprobó el Congreso dejaría a Perú fuera de la OCDE

La adhesión de Perú a la OCDE se encuentra en riesgo debido a la promulgación de una ley que debilita la colaboración eficaz, una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción.

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El Congreso de Perú aprobó por insistencia la ley que modifica el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de las advertencias de la OCDE. Foto: composición LR/Alberto Otárola/Congreso de la República

La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.

En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.

Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.

La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.

Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.

¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?

Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.

¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?

ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.

Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.

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