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Sociedad

En los últimos 5 años, se ha observado un aumento en los matrimonios entre peruanos y venezolanas, Lima registra el mayor número de estas uniones.

Actualmente, para que un extranjero obtenga la nacionalidad peruana mediante el matrimonio, debe estar casado al menos dos años; sin embargo, si durante ese tiempo se comprueba que la unión fue fraudulenta, los implicados pueden recibir una pena de cárcel. Conoce los detalles en esta nota.

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Hasta la fecha, se han registrado 3,897 matrimonios en todo el Perú. Foto: composición LR/ cortesía

En los últimos cinco años, Perú ha experimentado un notable aumento en los matrimonios entre ciudadanos peruanos y venezolanos, coincidiendo con la intensificación de la crisis en Venezuela y el subsiguiente éxodo de sus habitantes. Este fenómeno no solo refleja cambios demográficos significativos, sino que también suscita preguntas sobre las motivaciones detrás de estas uniones: ¿Se trata de amor o de interés por la nacionalización?

En una conversación con La República, la abogada especialista en familia, Mayda Mendoza, dio a conocer los procedimientos legales que se llevarían a cabo en caso de demostrarse que los matrimonios fueron fraudulentos.

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¿En qué año llegaron los venezolanos a Perú?

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe de ENPOVE, el mayor flujo migratorio de venezolanos a Perú se registró en 2018, concentrándose principalmente entre febrero y octubre. Durante este período, el 76,8% de los ciudadanos procedentes de Venezuela que ahora residen en el país, ingresaron utilizando principalmente el pasaporte vigente como documento de entrada.

 En 2018 se incrementó la llegada de los venezolanos al territorio peruano. Foto: INEI

En 2018 se incrementó la llegada de los venezolanos al territorio peruano. Foto: INEI

¿Cuántos matrimonios entre peruanos y venezolanos se han realizado hasta la fecha?

De acuerdo con las cifras obtenidas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), desde 2017 hasta marzo de 2024, se han realizado 3,897 matrimonios en todo el Perú. En 2017 se registraron 293, en 2018, 385; en 2019, 506; en 2020, 294; en 2021, 595; en 2022, 784; en 2023, 820; y en 2024, 220. Cabe precisar que, la mayoría de estas uniones fueron entre ciudadanos peruanos, y mujeres de nacionalidad venezolana, con un total de 2,383; mientras que, los casamientos entre varones venezolanos con mujeres peruanas, tuvo una suma de 1,514.

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Asimismo, en los últimos años, Lima fue el departamento con el mayor número de matrimonios (2,195), seguido por Callao (281), Arequipa (196), Piura (127), Ica (125) y Áncash (119).

 El mayor número de matrimonios se dio en Lima. Foto: Reniec

El mayor número de matrimonios se dio en Lima. Foto: Reniec

¿Qué pasa si un extranjero se casa con un peruano antes de que expire su visa?

La abogada explicó que, cuando un extranjero se casa poco antes de que su permiso de estancia expire, esto puede ser visto como un indicio de fraude matrimonial. En estos casos, aunque el Estado peruano tiene la capacidad de investigar los matrimonios, enfrenta limitaciones debido a la falta de recursos y personal. Los mecanismos específicos para la investigación incluyen la revisión de la documentación presentada por los cónyuges y la verificación de los requisitos legales. Además, se puede solicitar evidencia adicional que demuestre la convivencia y la relación genuina.

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¿Qué acciones legales se tomarían si se comprueba que el matrimonio fue fraudulento?

«Las consecuencias legales pueden ser bastante serias. Si se establece que hubo falsedad en el acto matrimonial, esto puede llevar a un proceso penal. Los cargos específicos mencionados incluyen falsedad ideológica, que es un delito que se comete al mentir en documentos públicos o privados«, acotó Mayda.

«En cuanto al tiempo de cárcel, la pena puede ser de aproximadamente tres años en adelante, dependiendo de la gravedad del caso y las pruebas presentadas durante el proceso judicial. Además de la posible cárcel, el matrimonio puede ser anulado, lo cual invalidaría cualquier beneficio legal que se hubiera obtenido a través del matrimonio, como la nacionalidad peruana obtenida bajo premisas falsas», añadió.

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 Hasta marzo de 2024, se han registrado 220 matrimonios entre ciudadanos peruanos y venezolanos. Foto: El Peruano

Hasta marzo de 2024, se han registrado 220 matrimonios entre ciudadanos peruanos y venezolanos. Foto: El Peruano

¿Qué es la nacionalidad?

El artículo 52 menciona que, son peruanos por nacimiento aquellos nacidos dentro del territorio de la República, así como los hijos de padres peruanos nacidos en el extranjero, siempre que sean registrados en el registro correspondiente antes de alcanzar la mayoría de edad. Además, se puede adquirir la nacionalidad peruana por naturalización o por opción, siempre que se resida en el país. Por otro lado, el artículo 53 establece que la nacionalidad peruana, una vez adquirida, no se pierde excepto por renuncia expresa ante autoridad competente, permitiendo así la doble o múltiple nacionalidad.

Complementariamente, la Ley de Nacionalidad, Ley N.º 26574, promulgada el 21 de diciembre de 1995, regula los aspectos jurídicos, políticos y sociales relacionados con la nacionalidad peruana. Esta ley se alinea con los principios constitucionales y los tratados internacionales ratificados por el Perú, asegurando que los vínculos de nacionalidad se gestionen conforme a los estándares legales vigentes en el país.

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«Para obtener la nacionalidad peruana mediante matrimonio, es necesario que el matrimonio haya durado al menos dos años. Si se cumplen los requisitos y se presenta la documentación adecuada, el extranjero puede mantener su nacionalidad incluso después de un divorcio, siempre que el proceso haya sido legítimo«, manifestó la abogada.

 En los últimos años, hubo un incremento entre matrimonios de varones peruanos con mujeres venezolanas. Foto: Reniec

En los últimos años, hubo un incremento entre matrimonios de varones peruanos con mujeres venezolanas. Foto: Reniec

Proyecto de ley para ampliar a 4 años el requisito de nacionalidad para extranjeros

Actualmente, uno de los principales requisitos para que un extranjero obtenga la nacionalidad peruana es estar casado un mínimo de dos años con su pareja. En este sentido, la congresista Lady Camones (APP) en 2023 presentó en el Congreso un proyecto de ley que propone, entre otras disposiciones, que un extranjero deba esperar cuatro años, en lugar de dos, como ocurre actualmente, para solicitar la nacionalidad peruana por matrimonio con un peruano.

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Camones señaló que estos matrimonios han venido incrementándose en los últimos años y no descarta que esta modalidad se esté desnaturalizando solo para cumplir el requisito de obtener la nacionalidad, debido al poco tiempo que se solicita.

Testimonios de matrimonios entre peruanos y venezolanos

Historia de Farid y Gusdalia

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El peruano Farid Pachas conoció a su esposa, Gusdalia Becerra, de nacionalidad venezolana, en 2018 gracias a las redes sociales, ya que ambos compartían una pasión por la vida saludable, lo que los llevó a coincidir en este espacio virtual y a forjar una amistad sólida. Curiosamente, durante muchos años su comunicación se mantuvo exclusivamente en el ámbito digital, hasta que empezaron a encontrarse en eventos relacionados con sus intereses comunes y a interactuar más en persona. En 2021, comenzaron una relación y luego de tres años, decidieron casarse.

La noticia fue recibida con alegría por sus familias y amigos, quienes los han apoyado y demostrado un gran cariño hacia ambos. La boda se celebró el 26 de abril de 2024. A pesar de provenir de culturas diferentes, no han tenido choques significativos y disfrutan de lo mejor de ambas, como fusionar sus tradiciones culinarias, como las arepas y el ceviche, creando platos únicos como la arepa rellena de ají de gallina. Actualmente, viven en San Borja y comparten el sueño de formar un hogar lleno de paz y amor, y planean convertirse en una familia de tres en un futuro cercano.

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 La boda de Farid y Gusdalia se celebró el 26 de abril de 2024. Foto: cortesía

La boda de Farid y Gusdalia se celebró el 26 de abril de 2024. Foto: cortesía

Historia de Jessica y Pablo

Jessica, peruana de nacimiento, pero criada en Venezuela desde niña, conoció a Pablo, un camarógrafo venezolano, durante su trabajo como practicante en unos juegos deportivos juveniles en la universidad. Aunque inicialmente no surgió nada entre ellos, el destino los reunió cinco años después, lo que reavivó su conexión y comenzó un noviazgo que, luego de tres años, culminó en matrimonio en 2008.

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La relación se fortaleció rápidamente y consolidaron un vínculo que mezcla sus culturas, especialmente en la cocina, donde los platos peruanos se adaptan con toques venezolanos, como la arepa con ají de gallina. Después de varios años, decidieron regresar a Perú y enfrentaron un choque cultural que los llevó a reintegrarse en la cultura peruana. Sus mellizos de 12 años, nacidos en Venezuela, pero criados entre dos culturas, han heredado el amor por la comida peruana y muestran un equilibrio perfecto entre sus raíces.

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Conductor herido por criminales en ruta de Cusco sigue conduciendo para proteger a pasajeros de robo.

Un grupo de criminales abrió fuego contra un bus interprovincial, dejando gravemente herido al conductor. Los pasajeros, con destino a Cusco, elogiaron la valentía del chofer en medio del caos y la violencia.

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Criminales hirieron al chofer, quien prefirió llegar a Cusco para ser atendido. Foto: composición LR/Luis Álvarez/La República

Pasajeros de bus interprovincial sufren ataque en ruta de Madre de Dios a Cusco

Un grupo de delincuentes disparó contra un bus de servicio interprovincial que se desplazaba de Madre de Dios a Cusco, causando momentos de tensión entre los más de 50 pasajeros a bordo. Los hechos tuvieron lugar en Marcapata, provincia de Quispicanchi en Cusco, alrededor de las 4:00 a.m. del martes pasado, cuando el vehículo de la empresa El Crespo fue interceptado por los criminales.

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Acto valeroso del conductor evita tragedia

Los pasajeros elogiaron la actuación del conductor, identificado como H. Q. B., quien decidió no detener el bus a pesar de los disparos recibidos, con el objetivo de escapar de los delincuentes y proteger a los pasajeros. Una vez a salvo, el conductor fue atendido en el Centro de Salud de Marcapata por las heridas de bala y posteriormente derivado al Hospital de EsSalud de Cusco, donde se encuentra en recuperación.

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Preocupación por la seguridad en la ruta Madre de Dios – Cusco

Martha Quispe, directora del Terminal Terrestre de Cusco, denunció la constante ola de asaltos en la ruta Cusco – Madre de Dios, solicitando a las autoridades mayor presencia para garantizar la seguridad de los pasajeros. Los viajes por esta vía son considerados peligrosos debido a la frecuencia de robos a las unidades de transporte, siendo necesario implementar medidas para proteger a los usuarios.

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Asalto a bus en vía Interoceánica: civiles y policías son víctimas

Un grupo de encapuchados armados asaltó a tres oficiales de la Policía Nacional de Puno y a nueve civiles que se desplazaban hacia Puerto Maldonado en un bus de la empresa Águilas Doradas. El incidente ocurrió en la vía Interoceánica, donde los robos y asaltos son habituales, especialmente en la ruta hacia Madre de Dios.

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Conclusión:

Los incidentes de asaltos en buses interprovinciales son una preocupación constante para los viajeros y las autoridades, quienes deben trabajar en conjunto para garantizar la seguridad en las carreteras. La valentía de los conductores y la solidaridad de los pasajeros son fundamentales para afrontar estas situaciones, pero es necesario implementar medidas preventivas y de control para evitar que estos hechos se repitan.

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Aidesep pide que los ministros de Educación y de la Mujer renuncien por discriminar a los pueblos indígenas.

La asociación mostró su rechazo a las declaraciones de los ministros al calificar las violaciones sexuales contra niñas awajún como una «práctica cultural».

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Aidisep exige a las autoridad sentencias a los responsables de violaciones a menores de la comunidad Awajún. Foto: composición Aidisep/Minedu

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) ha manifestado su rechazo e indignación frente a las declaraciones de los ministros de Educación y de la Mujer, quienes han calificado los más de 500 casos de violación contra menores del pueblo Awajún como «prácticas culturales».

Repudio a las declaraciones ministeriales

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En un comunicado emitido recientemente, Aidesep ha expresado su repudio a las declaraciones de los ministros en relación con los casos de abuso sexual reportados en Condorcanqui. La organización nacional ha denunciado la estigmatización hacia los pueblos indígenas por parte de los funcionarios estatales, señalando que dichas declaraciones reflejan discriminación y racismo estructural en el país. Por ello, han exigido la renuncia inmediata de los ministros involucrados.

El pedido de renuncia surge tras la polémica generada por el video respuesta del ministro de Educación, quien ha defendido su posición argumentando que sus declaraciones fueron tergiversadas y asegurando que su gestión ha favorecido a las víctimas. Sin embargo, la situación se complicó aún más con el respaldo inesperado de la ministra de la Mujer.

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Aidesep demanda justicia y rechazo del Estado

Como representante de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y de nueve organizaciones regionales, Aidesep ha instado al Ministerio de Cultura y a su Viceministro de Interculturalidad a rechazar las declaraciones realizadas por sus colegas en el Ejecutivo. En caso de no hacerlo, estarían respaldando dichas afirmaciones, según lo expresado en su comunicado.

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Además, la organización ha exigido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) que supervisen y sancionen a los docentes que cometan delitos, expulsándolos y presentando denuncias correspondientes. Según la dirigente Rosemary Pioc, de los 524 casos reportados desde el año 2010, solo 111 docentes han sido separados de sus cargos, permitiendo que el resto continúe impartiendo clases junto a sus denunciantes.

En conjunto con las comunidades y organizaciones indígenas, Aidesep demanda que las entidades estatales trabajen de manera coordinada para promover el respeto y la defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres indígenas, generando espacios de diálogo y participación entre el sistema de justicia del Estado y la justicia indígena.

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Condena de organizaciones regionales a las declaraciones ministeriales

La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) también ha emitido un comunicado exigiendo disculpas por los comentarios realizados por los ministros y solicitando su renuncia inmediata. Asimismo, han pedido investigaciones exhaustivas y apoyo especializado para todas las víctimas.

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Las organizaciones exigen la implementación de políticas de cero tolerancia hacia los agresores, incluyendo el cese inmediato de aquellos involucrados en el sistema educativo, así como la protección y apoyo integral a las víctimas, que incluya atención médica, psicológica y legal especializada y culturalmente adecuada.

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Congreso quiere castigar a jóvenes desde los 16 años: esto dicen los expertos.

El debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes es complejo. Si bien se busca establecer un marco legal que brinde respuesta a conductas delictivas, ¿no sería más eficaz invertir en programas de reinserción social y prevención para evitar que los jóvenes perpetúen conductas delictivas en el futuro? Es crucial reflexionar sobre las implicaciones de tratar a los menores como delincuentes comunes en lugar de proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo integral.

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Lima es la región que posee más centros juveniles con medidas privativas de libertad. Foto: composición LR/Fabrizio Oviedo/difusión/Congreso

El Congreso peruano ha presentado un proyecto de ley que plantea la responsabilidad penal de adolescentes a partir de los 16 años para delitos graves como homicidio, sicariato, robo agravado y extorsión. Esta medida busca combatir la inseguridad ciudadana y los altos índices de participación juvenil en crímenes graves, aunque genera interrogantes sobre su eficacia y su impacto en la reinserción social de los jóvenes infractores.

Expertos en Derecho y Sociología han expresado sus preocupaciones sobre este proyecto de ley. El abogado penalista Carlos Caro ha señalado que la propuesta va en contra de las normativas internacionales de protección a menores, las cuales establecen la edad mínima de responsabilidad penal en 18 años. Además, Caro advierte que esta medida podría llevar a los menores a involucrarse aún más en actividades delictivas al mezclarlos con adultos en el sistema penitenciario.

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Por su parte, el sociólogo Raúl Porras Lavalle cuestiona la efectividad de la medida en la reducción de la delincuencia y resalta que la responsabilidad de los delitos cometidos por menores recae principalmente en los padres. Porras considera que criminalizar a los menores no soluciona el problema subyacente y refleja un desconocimiento de la realidad social.

Proyecto de ley como una medida desesperada por combatir la inseguridad

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En un contexto de creciente inseguridad ciudadana en Perú, el proyecto de ley n.º 8166/2023-CR busca reducir los índices delictivos mediante la imposición de penas más severas a los adolescentes a partir de los 16 años. Sin embargo, críticos sostienen que esta medida es una reacción desesperada que no aborda las causas profundas de la delincuencia juvenil. El abogado penalista Carlos Caro argumenta que mezclar a menores con adultos puede perfeccionar su carrera criminal en lugar de rehabilitarlos.

Las estadísticas muestran un preocupante aumento de la delincuencia juvenil en Perú. El número de menores involucrados en infracciones ha aumentado significativamente, lo que ha llevado al Congreso a proponer medidas más estrictas. Raúl Porras Lavalle critica la falta de consideración del contexto socioeconómico de los jóvenes en esta medida, señalando que muchos infractores son producto de factores como la presión de grupo y la falta de oportunidades.

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El Gobierno y la criminalización de los menores

El debate sobre la responsabilidad penal de los menores refleja una tensión entre la necesidad de seguridad pública y los derechos de los adolescentes. La propuesta de ley ha sido criticada por su enfoque punitivo y su potencial para criminalizar a una población vulnerable. Expertos como Carlos Caro y Raúl Porras advierten que estas medidas pueden ser contraproducentes y perpetuar el ciclo de criminalidad y marginalización en lugar de abordar sus causas profundas.

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Congreso insiste en aplicar pena a menores infractores desde los 16 años: ¿es posible? Esto dicen los expertos
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