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Economía

Modificación en la pensión mínima está vinculada a permanencia en AFP

Gesta. Gobierno plantea cuestionamientos a ley de reforma previsional del Congreso y advierte impacto fiscal de establecerse cuentas a partir de redireccionamientos del IGV.

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Fondos. Ley ayudaría a que los más pequeños quieran ser formales, porque se tendría la exigencia de pedir una boleta electrónica a cambio de un beneficio. Foto: difusión.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, mencionó que la propuesta de reforma previsional promovida por el Parlamento, que incluye modificaciones al proyecto del Ejecutivo, presenta deficiencias en su redacción que no permiten dirigirse de manera efectiva a la cobertura de un 70% de la PEA que no cuenta con ningún sistema previsional actualmente.

Durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, el titular del MEF identificó cuatro problemas principales: la pensión mínima para afiliados que hayan realizado retiros en las AFP, la posibilidad de retirar hasta un 50% de los fondos para pagar créditos hipotecarios, la creación de cuentas nacionales y la propuesta de una pensión por consumo financiada por el Estado.

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En cuanto a la pensión mínima para afiliados con cuentas en cero en las AFP, Arista se opuso a esta medida. En la actualidad, hay 2 millones de afiliados sin saldo en sus cuentas y otros 4.9 millones con menos de 1 UIT. El MEF estima que, de aprobarse este séptimo retiro, las cuentas vacías superarían los 7 millones, por lo que considera necesario reponer los montos retirados anteriormente para beneficiar a los afiliados.

El ministro también cuestionó la propuesta de destinar el 1% del consumo personal anual en boletas a la cuenta de cada persona, indicando que esta medida podría favorecer a la población más acomodada y afectar la recaudación fiscal. Asimismo, se mostró en desacuerdo con permitir retiros de hasta el 50% de los fondos para fines que desvirtúen el propósito del ahorro previsional. Finalmente, respaldó la creación de cuentas ‘nocionales’, pero señaló que su rentabilidad debe ser establecida mediante reglamento.

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Bajo el subtítulo «MEF pide reducir los ministerios», José Arista abogó por disminuir el número de ministerios como medida para reducir el gasto fiscal. Además, el MEF ha propuesto al Poder Judicial la implementación de salas que agilicen la resolución de litigios con contribuyentes.

Algunos congresistas criticaron la falta de un estudio actuarial que pueda evaluar de manera precisa el impacto de la reforma en el mercado previsional y en la población que actualmente no está cubierta por ningún sistema de pensiones.

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Datos relevantes mencionados por el ministro Arista incluyen que el 45% de los adultos mayores en Perú no reciben ninguna pensión, y que actualmente se puede retirar el 25% de los fondos de AFP para la adquisición de una vivienda.

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Política

Ley sobre colaboración eficaz que aprobó el Congreso dejaría a Perú fuera de la OCDE

La adhesión de Perú a la OCDE se encuentra en riesgo debido a la promulgación de una ley que debilita la colaboración eficaz, una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción.

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El Congreso de Perú aprobó por insistencia la ley que modifica el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de las advertencias de la OCDE. Foto: composición LR/Alberto Otárola/Congreso de la República

La adhesión de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se encontraría en una situación crítica debido a la promulgación de una ley que debilitaría la colaboración eficaz, requisito crucial en la lucha contra la corrupción. Una investigación realizada por el periodista Paolo Benza reveló que el Comité Anticorrupción de la OCDE, uno de los más rigurosos dentro de la organización, envió una carta en octubre del año pasado al entonces primer ministro Alberto Otárola.

En esta carta se exigía al gobierno de Dina Boluarte que cumpliera con una serie de condiciones antes de poder avanzar en su proceso de evaluación. La carta, que no fue hecha pública en su momento, habría advertido sobre la importancia de mantener intacta la colaboración eficaz y señalaba que la aprobación de la ley sería un obstáculo insalvable para la adhesión del país a la OCDE.

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Por ello, tras la publicación de la nueva ley sobre colaboración eficaz publicada en el 2024, el Perú estaría incumpliendo un requisito básico, lo que llevaría a la OCDE a «congelar» el proceso de adhesión, enviando una comisión multisectorial para evaluar la situación en el terreno. Este congelamiento coincidiría con la reciente renuncia de Sara Farfán, quien estaba a cargo del proceso de adhesión en temas de integridad.

La carta también criticaría la falta de condenas en casos de corrupción por parte de la Fiscalía, aunque este problema aún podría ser resuelto si se aceleran los procesos judiciales. Adherirse a la OCDE, además de mejorar la imagen del país ante los inversionistas, también habría permitido la implementación de políticas públicas que beneficiarían a la ciudadanía en general.

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Según el periodista, la entonces secretaria de Integridad Pública de la PCM, Sara Farfán Cuba, le habría pedido al ex primer ministro hacer pública la carta para frenar el avance del proyecto de ley que debilitaba la colaboración eficaz. Sin embargo, de acuerdo con Benza, no era de interés de Otárola que esa carta se hiciera pública.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores habría mostrado optimismo, sugiriendo que el proceso podría completarse en el 2026, pero el periodista considera que este optimismo sería infundado mientras no se resuelvan los problemas señalados por la OCDE.

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¿Qué dice la carta enviada por la OCDE?

Dirigido al entonces presidente del Consejo de Ministros, la carta de la OCDE indicaba que el gobierno peruano debía tomar las medidas correspondientes en cuanto a los temas que se le habían cuestionado en el campo anticorrupción. En el documento se indicaba que, una vez Perú subsanara las medidas indicadas, el país podría ser sometido a una evaluación completa que determinaría si podría unirse a la OCDE.

¿Cómo se aprobó la ley sobre colaboración eficaz?

ElPleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que permite modificar el proceso especial para aspirantes a colaboración eficaz, a pesar de la observación del Poder Ejecutivo meses atrás. La medida tuvo el respaldo de 88 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. El debate fue respaldado por los congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Acción Popular, Perú Bicentenario y María del Carmen Alva, en calidad de no agrupada.

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Mientras que las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes advirtieron que al imponer un plazo fijo para la corroboración de la información que proporciona un colaborador eficaz, en realidad se estaba favoreciendo al crimen organizado y se estaba perjudicando el trabajo de la Fiscalía.

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Política

Los empresarios levantan su voz contra el Congreso y el Gobierno

Cuestionan el accionar del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El comunicado a raíz de la ley que debilita la lucha contra las organizaciones criminales y la reciente encuesta de Semana Económica a los gerentes generales que revela un escaso respaldo a Dina Boluarte, deja en evidencia el malestar del sector.

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El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

Las leyes del Poder Legislativo -entre otras, aquella que debilita el combate al crimen organizado- merecieron un comunicado conjunto de gremios empresariales (junto al sindicato de construcción civil) en donde se criticó el accionar parlamentario. Asimismo, la reciente encuesta de la revista Semana Económica a los gerentes generales reveló que el 87% desaprueban la gestión de la presidenta, Dina Boluarte. El año pasado, el 71% decía respaldarla.

Estos hechos dejan en evidencia el descontento del sector empresarial frente a quienes, en estos momentos, ejercen el poder tanto en Palacio de Gobierno como en el Congreso. Distintos analistas y especialistas han advertido que funcionan como una coalición.

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La preocupación empresarial es evidente por lo que ocurre en el Perú. Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), advirtió, por ejemplo, que la norma aprobada en primera votación que modifica la ley en contra del crimen organizado es un “retroceso de trece años”.

Valdivia recordó que le costó mucho a su sector convencer a las autoridades -políticas y policiales- de que los problemas de violencia en obras que arreciaron hace trece años no suponían un simple conflicto entre trabajadores enfrentados, sino la aparición de bandas organizadas que vieron en el boom de la construcción la oportunidad perfecta para ganar dinero a través de acciones delictivas como la extorsión.

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Luego, cuando ese boom terminó, esas bandas cambiaron de rubro delictivo y pasaron al tráfico de tierras, dijo Valdivia. Por esa razón, advirtió que “limitar la acción de las bandas a solo determinados delitos, excluyendo otros como el tráfico de tierras” significa que desde el Legislativo “no se entiende la magnitud de este problema”.  Debe recordarse que la iniciativa del Parlamento excluye a 51 tipos penales de los 91 inicialmente reconocidos en la ley contra el crimen organizado.

“Incluso ahora se habla de economías ilegales que han pasado a tener el control sobre territorios”, agregó Valdivia.

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El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

El Congreso ha llevado adelante un paquete legislativo que ha sido muy resistido por sus consecuencias.

Para el representante de Capeco, el Legislativo no ha medido las consecuencias de sus actos. Y auguró que este tipo de iniciativas pueden terminar representando un serio peligro para la democracia y el estado de derecho.

Sobre la reciente encuesta de Semana Económica, Valdivia comentó que en Capeco se considera, desde hace mucho tiempo, que en el Perú hay un debilitamiento de la acción del Estado y de la capacidad de los diferentes poderes y organismos para ejercer sus funciones.

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“Esto no se ve bien y lo dijimos desde antes de Pedro Castillo, con presidentes vacados, con Congresos cerrados. Lo que pasa con esta presidenta, en mi opinión, pudo pasar con cualquiera y seguramente pasará con el siguiente si es que no cambiamos el rumbo de manera consensuada. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no caminará. Le aseguro que los resultados serían los mismos si se hubiese preguntado (en la encuesta) qué piensan del Congreso o del Poder Judicial. Este es el país en donde nadie cree en nadie. Así no puede sobrevivir una democracia. Es la lógica de un Estado fallido, estamos en ese límite”, comentó.

Hablan las mypes

Los pequeños y medianos empresarios también tienen algo por decir. Para Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, el Ejecutivo y la gran mayoría del Congreso “conviven”. Consideró que el de Boluarte es un “Gobierno débil, reactivo, que no propone absolutamente nada”.

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El descontento de las mypes frente al Ejecutivo es muy grande, de acuerdo con Hermoza. En ese sentido, recordó que el año pasado 233 mil mypes tuvieron que cerrar y se dieron de baja en la SUNAT, lo que denominó como un “genocidio empresarial”.

Además, Hermoza lamentó que en vez de estar legislando para protegerse entre ellos mismos -en alusión a las normas como la que atañe al crimen organizado- los parlamentarios no se preocupen más bien por el desarrollo económico.

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“En resumen, Legislativo y Ejecutivo están desconectados con lo que necesita el Perú. Hay poca empatía de parte de los funcionarios y ministros con lo que pasa”, agregó.

Cabe señalar que, en una entrevista concedida a Canal N, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante, sostuvo que la ley de organizaciones criminales “es un tremendo retroceso”.

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“Hemos visto en el pasado a congresistas que pertenecían a bandas de narcotráfico (…) La minería ilegal mueve cerca de seis mil millones de dólares, el narcotráfico, el sicariato, ¿por qué el congreso retrocede en lugar de luchar contra las organizaciones criminales? Solo puedo pensar porque son parte del problema”, comentó.

Las decisiones legislativas que entorpecen directamente a la lucha contra el crimen vienen dándose desde hace meses. Puede mencionarse aquella aprobada por insistencia por el Pleno y que debilita la figura de la colaboración eficaz. El periodista Paolo Benza publicó en sus redes sociales una carta enviada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la que se le advertía al Perú sobre la inconveniencia de la norma. El Perú busca ser admitido en este club de países.

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Política

Ciudadanos ya firman para revocar a López Aliaga y decenas de autoridades

En la mira.119 pedidos de compra de kits que apuntan a destituir autoridades regionales y municipales fueron declaradas procedentes por ONPE. Hubo 457 solicitudes presentadas en el país hasta el lunes último.

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López Aliaga enfrenta pedido de revocatoria que alega promesas incumplidas.

Los ciudadanos ya firman formularios para revocar al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y decenas de gobernadores regionales, alcaldes, consejeros y regidores luego de que la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales)declaró procedentes 119 pedidos de compra de kits para recolectar rúbricas en respaldo a las iniciativas para destituirlos.

La ONPE declaró procedente la solicitud de Ciro Silva, promotor de la revocatoria al burgomaestre capitalino. “Se inicia de manera inmediata la recolección de firmas de los ciudadanos que apoyan la revocatoria”, comentó el impulso tras recibir el kit en la ONPE.

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“Se necesita firmas del 25% del padrón electoral: algo más de 1’900,000 rúbricas”, explicó

El promotor de la iniciativa tiene hasta el 12 de octubre para entregar estas firmas.

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Silva sustenta su pedido en que no ha cumplido sus promesas de campaña, de lema “Lima Potencia Mundial”, el endeudamiento a Lima por 18 años, el abuso de autoridad, la basura acumulada, despidos arbitrarios de cientos de trabajadores ediles y la supuesta sobrevaloración de motos en más de 5 mil soles, una pérdida de 18 millones de soles.

El pedido de Silva incluye revocar a 38 regidores de la capital.

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“En cualquier democracia del mundo, la revocatoria es un derecho, pero mi único comentario es que el señor (Ciro) Silva tiene un conflicto grave de interés porque está muy ligado a Susana Villarán y demás personajes políticos. (…) Ojalá que esa campaña no tenga a Odebrecht atrás«, expresó López Aliaga en una conferencia de prensa.

Hay un segundo pedido de compra de kit que busca la remoción de López Aliaga, esta presentada por Andrea Lia Valderrama Campos, comunicadora y activista. Esta solicitud ha sido observada por ONPE y sus impulsores tienen dos días de plazo para subsanar.

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119 kits de revocatoria

Unos 119 pedidos similares contra gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores provinciales y distritales fueron declaradas procedentes hasta el lunes reciente, de un total de 457 solicitudes presentadas en el país desde hace dos semanas, según informó a La República Melissa Garro, subgerenta de Atención al Ciudadano de la ONPE.

En tanto 104 solicitudes han sido observadas y pueden ser subsanadas para una nueva evaluación y solo un pedido se ha declarado improcedente. El resto aún no se califican.

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De las 457 solicitudes presentadas, 366 apuntan a revocar alcaldes y regidores distritales, 72 a alcaldes y regidores provinciales y 19 a gobernadores y consejeros regionales.

De estos pedidos contra autoridades regionales, cuatro son de Arequipa, dos del Callao, otros dos de Ayacucho, también dos de Puno y los demás, uno cada uno, son de Lima provincias, Ancash, La Libertad, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque y Piura.

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Los gobernadores Rohel Sánchez, de Arequipa; Ciro Castillo Rojo, del Callao; Wilfredo Oscorima, de Ayacucho; son algunas autoridades que buscan destituir en sus regiones.

En general, los departamentos con más pedidos de compra de estos kits son Arequipa, Ayacucho, Junín, Cusco, La Libertad, Loreto y Lima, según informó ONPE a La República.

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Luego de recolectarse las firmas necesarias, deben validarse en Reniec (Registro Nacional de Identidad y Estado Civil). Si esta entidad concluye que son verdaderas, ya se puede solicitar que se consulte a la población si revoca o no a la autoridad en cuestión.

Las consultas de revocatoria están previstas para el año 2025.

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Silva: “Lo voy a querellar”

Ciro Silva, promotor de la revocatoria del alcalde Rafael López Aliaga, anunció que denunciará al burgomaestre por haber afirmado que está vinculado a Susana Villarán y que “ojalá Odebrecht no esté detrás de esta campaña”

Solo fui candidato a la alcaldía de Surco y después nada…. Es mentira que yo esté vinculado a ella. Voy a querellar a López Aliaga”, dijo a La República.

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Silva postuló a alcalde del distrito limeño de Santiago de Surco en el 2010 por el partido Fuerza Social, de Villarán. Ese mismo año ella fue elegida para ser alcaldesa de Lima.

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