Después de retirar una gran suma de dinero del banco, los propietarios de una maderera fueron sorprendidos por dos sujetos armados que intentaron robarles en pleno día. Afortunadamente, las víctimas lograron cerrar la puerta y evitar el robo.

El empresario afectado relató que los delincuentes ingresaron sin ser detectados con el dinero en su poder. Tras revisar las cámaras de seguridad, se descubrió que los cuatro atacantes se movilizaban en dos motos y un taxi amarillo. A pesar del susto, lograron evitar el asalto.

La policía logró detener a dos de los implicados y recuperar un arma de imitación, pero el empresario pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Este no es el primer robo que ocurre en la zona industrial de Piura, lo que genera temor entre los comerciantes.

En otro caso, dos policías fueron detenidos por presuntamente solicitar una coima a un comerciante de pescado en Piura. Los fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutaron la medida de detención preliminar contra los efectivos policiales. La denuncia surgió por el presunto cobro de 500 soles para no revisar la cámara frigorífica de la comerciante.

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En Europa, ha entrado en vigencia una nueva ley que prohíbe la importación de productos de áreas deforestadas ilegalmente antes de diciembre de 2020 y legalmente después de esa fecha. Mientras tanto, en el Congreso peruano se ha admitido una nueva norma que modifica la ley forestal, según advierte la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en su informe «Parcelando la Amazonía». Este informe expone cómo varias empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía y cometiendo ilegalidades con la complicidad del gobierno.

El informe de la EIA señala que esta nueva ley viola los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, el cual establece que ambos países deben promover el comercio sin debilitar las protecciones ambientales. Sin embargo, empresas que han operado impunemente pueden seguir comercializando productos contaminados de aceite de palma y cacao a consumidores europeos y peruanos, lo cual representa un precedente peligroso.

Las cifras oficiales revelan que en Perú se han talado 2’774,563 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, una superficie similar a la de Haití. Además, la tala de bosques en Loreto y Ucayali, que asciende a 422,953 hectáreas, no fue autorizada y, por lo tanto, fue ilegal.

Según la EIA, diez empresas han cometido una serie de abusos, incluyendo la compra de terrenos deforestados ilegalmente y la falta de permisos necesarios. En algunos casos, se llevaron a cabo procesos ilegales de titulación de tierras y se violaron los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

La modificación de la ley forestal perdona toda la deforestación ilegal histórica cometida en predios rurales o áreas deforestadas para la agricultura, lo cual impide que los agronegocios sean responsables de sus acciones ilegales anteriores. Esto va en contra de las disposiciones fundamentales de la nueva ley de la UE.

Varias organizaciones de la sociedad civil en Perú, incluyendo pueblos indígenas y ONGs, han protestado contra esta ley y están llevando el caso a los tribunales. Según Julia Urrunaga, directora de EIA Perú, esta ley debilita la lucha contra la impunidad y fomenta más destrucción, por lo que debería ser derogada y las empresas implicadas en la tala ilegal de bosques deben ser responsabilizadas por sus delitos.

La EIA hace un llamado a los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos, Noruega y Alemania para que colaboren con el gobierno peruano y convenzan a que derogue la modificación de la ley forestal. También sugiere aumentar la transparencia en el sector de la tierra, exigir responsabilidades a las empresas y funcionarios estatales involucrados en la ilegalidad, reformar las instituciones estatales y promover leyes que protejan la Amazonía.

El informe de la Agencia de Investigación Ambiental concluye que muchos de los problemas presentados se deben a una mentalidad obsoleta que considera a la Amazonía como un territorio vacío que debe ser colonizado y explotado, mientras se castiga a las poblaciones que se oponen a este proceso. Por lo tanto, se recomienda garantizar la rendición de cuentas por comportamientos ilegales y corruptos, establecer procesos legales y transparentes de titulación y gestión de la tierra, modificar el marco normativo para alinear la legislación y promover la protección de los derechos humanos y de los bosques.