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Política

El Congreso y el Ejecutivo tienen una alianza corrupta en busca de impunidad y beneficios personales.

Ideología. Belaunde afirma que si bien cree en una economía de mercado, la experiencia ha demostrado que no es suficiente: “Hay un espacio para el Estado”. 

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Rafael Belaunde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Foto: difusión.

Rafael Belaunde Llosa, líder del Partido Libertad Popular, ofrece su visión sobre la realidad nacional. Señala que más allá de diferencias ideológicas, lo que observa es un acuerdo basado en la impunidad y el beneficio personal. «La situación no solo genera preocupación, sino también rechazo», afirma.

Perspectiva sobre la clase política

—Se ha referido a la clase política como una costra. ¿A quiénes incluye?

—Basta con mirar la votación de Gustavo Adrianzén para entenderlo. Existe un consenso amplio que abarca desde opositores de Perú Libre hasta la derecha más conservadora. Este consenso se basa en la impunidad, el favoritismo y el saqueo de los fondos públicos. Hay una élite política enquistada en el Estado, una alianza corrupta entre el Congreso y el Ejecutivo en busca de impunidad y enriquecimiento ilícito. Esto explica por qué no se han adelantado las elecciones ni se ha promovido una economía más abierta y competitiva. La situación no solo merece preocupación, sino también rechazo.

Relación entre el Congreso y el Gobierno

—¿Existe un acuerdo oscuro entre el Congreso y el Gobierno?

—Hay una convivencia, un acuerdo generalizado basado en la impunidad y la obtención de beneficios personales. Los privilegios se reparten por igual entre todos. El denominador común es el saqueo del Estado para favorecer a unos pocos individuos que no representan a la población, pero han capturado las instituciones estatales, perjudicando a los ciudadanos. La solución radica en cuestionar a toda esta clase política. En este sentido, los políticos han logrado un acuerdo amplio para desfalcar las arcas públicas y protegerse mutuamente. Solo cambiará con un gobierno nuevo y un mandato popular claro. El problema es que no existen los mecanismos adecuados para lograrlo, como sucedió en Ecuador con la disputa entre el presidente y el Parlamento…

—Y se llegó a una crisis constitucional.

—Exactamente. En nuestro caso, llevamos ocho años atascados en una situación similar.

Referencia a su trayectoria política

—Usted critica a la clase política, pero ¿usted mismo formó parte de ella al ser ministro con Martín Vizcarra?

—Fue una participación efímera, ya que fui ministro en un gobierno al que no se le otorgó la confianza. En los últimos veinte años, he trabajado para el Estado durante un total de 24 días en mi vida profesional. No provengo del Estado…

—No hay nada de malo en trabajar para el Estado.

—Por supuesto, pero…

—Supongo que le gustaría tener una oportunidad de trabajar para el Estado.

—Sí, tener un partido político para participar en elecciones es para administrar y dirigir un gobierno, con una visión inclusiva para todos. Ese es el principal fallo del sistema jurídico y económico que se ha implementado desde 1990, que ha tenido éxitos pero también sombras. Existe una profunda división, especialmente en el sur andino, con personas que se sienten excluidas, con un desarrollo desigual e inequitativo. Vemos esto con el gas de Camisea, que se extrae de Cusco, llega hasta Ica y pronto llegará a Piura, a pesar de que en Cusco, Andahuaylas, Huamanga y Cora Cora no hay acceso al gas.

Proyecciones futuras

—¿Cree que la alianza entre el Ejecutivo y el Legislativo se mantendrá hasta el 2026?

—Es probable que los parlamentarios quieran prolongar esta situación para beneficiarse del Estado en la medida de lo posible. Sin embargo, hacia el último año podrían prescindir de la señora Boluarte. Aunque en realidad, nada cambiará.

Consideración sobre otros actores políticos

—Cuando se analiza la situación política, se suele hablar del Congreso y el Gobierno. Pero, ¿qué piensa sobre otros actores poderosos que han decidido ignorar la realidad, como las organizaciones empresariales?

—Ante el temor generado por Castillo, la Confiep y otras organizaciones empresariales han apostado por Dina, quien ofrece estabilidad como un cementerio. En el Perú, todo permanece estático y sin avances. Los empresarios buscan ganancias, lo cual es comprensible, pero el proyecto nacional y el sistema económico deben fomentar una mayor competencia. Si creen que al tener contactos políticos aseguran sus negocios, el verdadero perjudicado es el consumidor. Por eso afirmo que existe un pacto, más allá de izquierdas o derechas, basado en el beneficio propio, con personas que buscan ventajas. El status quo perjudica a la mayoría de los peruanos. El país necesita una economía más competitiva y empoderar al consumidor. En una economía de mercado, el soberano es el consumidor, no la empresa.

Posición ideológica

—Hablando de ideología, ¿se considera libertario o liberal?

—Hoy en día existen diversos términos…

—Un liberal no ve necesariamente al Estado como un enemigo. Puede ser un aliado. Un libertario difícilmente aceptaría eso. Un ejemplo sería Milei, a quien usted ha retuiteado.

—Milei implementó reformas en Perú en los años noventa. En mi opinión, el país debe brindar a todos la oportunidad de desarrollo independientemente de su ubicación geográfica o estatus socioeconómico. Para lograr

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Política

Congresistas de Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron a favor de una ley que impide el cierre del Real Plaza Trujillo.

La ley N° 31914 obliga a las municipalidades a levantar la clausura de un centro comercial en 48 horas tras presentar la documentación requerida.

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Fuerza Popular y aliados limitaron la clausura de los centros comerciales. Foto: composición Gerson Cardoso/ La República.

Tragedia en el Real Plaza de Trujillo

El reciente incidente en el Real Plaza de Trujillo ha generado interrogantes sobre las causas que lo provocaron. Mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el hecho, que dejó 8 fallecidos y más de 70 heridos, es importante destacar que existen normas legales que limitaron el cierre del establecimiento comercial, promulgadas por el Gobierno de Dina Boluarte.

Antecedentes preocupantes

En diciembre de 2023, el exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, clausuró el centro comercial después del asesinato de Hugo Chávez Loyola, conocido como ‘Virolo’, en el patio de comidas. Sin embargo, esta medida generó críticas, como la del congresista Alejandro Cavero, quien señaló que el alcalde no tenía la autoridad para cerrar el Real Plaza de la ciudad.

Normativa legal

El legislador recordó que existe una ley aprobada por el Congreso que prohíbe la clausura «arbitraria» de centros comerciales, con el objetivo de permitir que empresarios de distintos tamaños puedan trabajar sin temor a ser clausurados sin justificación.

Limitaciones y regulaciones

La ley, aprobada el 10 de mayo de 2023, limita el cierre temporal de los centros comerciales en el país. Sin embargo, también establece que las municipalidades deben levantar la clausura temporal en un plazo máximo de 48 horas si el establecimiento subsana las observaciones presentadas.

Apoyo parlamentario

La nueva normativa contó con el respaldo de diversas bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Perú Libre y Podemos Perú, así como de sus aliados. A continuación, se enumeran los congresistas que respaldaron la iniciativa que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo:

– Alianza para el Progreso: [Lista de congresistas]
– Fuerza Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Libre: [Lista de congresistas]
– Podemos Perú: [Lista de congresistas]
– Avanza País: [Lista de congresistas]
– Renovación Popular: [Lista de congresistas]
– Somos Perú: [Lista de congresistas]
– Bloque Magisterial: [Lista de congresistas]
– Acción Popular: [Lista de congresistas]
– Perú Bicentenario: [Lista de congresistas]
– Juntos Por el Perú: [Lista de congresistas]
– No agrupados: [Lista de congresistas]

Esta diversidad de respaldo parlamentario refleja la importancia y la repercusión de la legislación en la regulación de los cierres temporales de centros comerciales en el país.

Proyecto que limitó el cierre del Real Plaza de Trujillo

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Política

Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería

A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.

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Cancillería designó a primo de Dina Boluarte tras el viaje que realizó la presidenta a Davos. | Composición LR.

El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.

La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.

Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.

Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.

Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?

Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.

Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.

Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

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Política

Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.

El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.

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Dina Boluarte lidera un Gobierno que es la mesa de partes del Congreso.

La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos

La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.

Aportes no declarados y límites de contribución

La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.

Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.

Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos

Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.

Impulso del fujimorismo a la contrarreforma

Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.

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