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Política

Pérdidas por corrupción ascienden a S/24.268 millones según Contraloría.

Casos. El Callao registra la mayor incidencia, seguido por Tumbes, Ucayali, Piura, Áncash, La Libertad, Madre de Dios, Huánuco, Loreto y Apurímac.

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Alarmante. Nelson Shack, contralor general, indica que hay 5.436 funcionarios implicados. Foto: difusión

La Contraloría General de la República reportó que el impacto de la corrupción y la irregularidad en el año 2023 llegó a unos S/24.268 millones, representando el 12,7% del presupuesto público ejecutado ese año. Nelson Shack, contralor general, señaló que esta cifra muestra una disminución en comparación con mediciones anteriores. En 2019, la tasa de incidencia era del 14,9%, lo que significaba que casi S/15 de cada S/100 se perdían por corrupción e irregularidades.

En el 2023, se identificó una mayor incidencia de corrupción e irregularidades en la región del Callao, con una pérdida estimada del 17,9% de su presupuesto. Le siguen Tumbes (17,5%), Ucayali (16,5%), Piura (16,2%), Áncash (16,2%), La Libertad (15,2%), Madre de Dios (15,0%), Huánuco (15,0%), Loreto (14,8%) y Apurímac (14,4%).

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios públicos, se determinó que 9.338 tenían presunta responsabilidad en casos de corrupción e irregularidades en el 2023. De ellos, 5.436 tenían responsabilidad administrativa, 2.002 estaban sujetos al Proceso Administrativo Sancionador, 3.394 tenían responsabilidad civil y 4.030 tenían responsabilidad penal.

En cuanto al Plan Nacional de Control del 2024, se espera llevar a cabo más de 50.000 servicios de control, con una cobertura del 95% de las entidades públicas, en comparación con el 67% del 2023. Además, se realizarán seis operativos de control en seguridad ciudadana y se supervisarán más de 1.400 entidades públicas.

En relación a los gastos en consultorías, Shack mencionó que se destinan entre S/6.000 y S/7.000 millones al año, lo que representa casi la mitad de la brecha de pobreza en el país. Estos gastos aumentaron en aproximadamente un 15% entre 2022 y 2023.

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Política

Dina Boluarte: primo de la presidenta fue designado como miembro de la comisión que evalúa ascensos en la Cancillería

A través de la resolución ministerial publicada el 31 de enero, el ministro Elmer Schialer, con el aval de Dina Boluarte, designaron a Luis Alberto Campana Boluarte como representante del canciller en dicha comisión.

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Cancillería designó a primo de Dina Boluarte tras el viaje que realizó la presidenta a Davos. | Composición LR.

El primo de la presidenta Dina Boluarte, el embajador Luis Alberto Campana Boluarte, fue designado a partir del 1 de febrero como miembro de la Comisión de Personal de la Cancillería, la cual evalúa ascensos y traslados relacionados con el Servicio Diplomático. Según la resolución ministerial a la que La República tuvo acceso, Campana Boluarte integrará la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.

La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.

Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.

Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.

No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.

Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?

Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.

Posteriormente, fue designado como Asesor Especializado de la Dirección General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A partir del 1 de septiembre de 2024, Luis Alberto Campana Boluarte asumió el cargo de Director General de Europa hasta el 31 de enero de 2025, luego que Schialer lo designara como su representante en la Comisión de Personal de la Cancillería.

Asimismo, Campana Boluarte en su declaración jurada menciona a la jefa de Estado y a Nicanor Boluarte como parientes de cuarto grado de consanguinidad, señalando el oficio del hermano de la mandataria como abogado independiente.

 Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.

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Política

Dina Boluarte aprobó la ley que permite a los partidos políticos recibir financiamiento privado nuevamente.

El Gobierno aprobó una ley que permite a los abogados de los partidos políticos ser pagados con fondos públicos, en una contrarreforma del Congreso.

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Dina Boluarte lidera un Gobierno que es la mesa de partes del Congreso.

La nueva ley de financiamiento privado de partidos políticos

La presidenta Dina Boluarte ha promulgado una nueva ley que restituye el financiamiento privado de los partidos políticos y permite que los abogados de estas organizaciones sean remunerados con recursos públicos. Esta contrarreforma fue impulsada por el Congreso y recibió el visto bueno del Gobierno sin ninguna objeción.

Aportes no declarados y límites de contribución

La norma también establece que los aportes no declarados que superen las 200 UIT no serán considerados ilegales, sino como infracciones con responsabilidad administrativa. Cada persona natural o jurídica podrá contribuir con un partido político hasta 200 UIT al año, y en caso de exceder ese límite, el tope será de 500 UIT.

Además, la ley prohíbe que las agrupaciones políticas reciban contribuciones de empresas extranjeras u organizaciones sin fines de lucro, a menos que el dinero sea destinado específicamente para la formación, capacitación e investigación del partido.

Defensa legal de partidos políticos financiada con recursos públicos

Uno de los puntos más controvertidos de esta ley tiene que ver con el financiamiento de la asesoría legal hacia las organizaciones políticas. El Estado ya financia a los partidos políticos que alcanzan representación en el Congreso para sus gastos ordinarios y actividades de formación y capacitación. Ahora, hasta el 50% de este financiamiento público podrá ser utilizado para el pago de servicios de asesoría legal a la organización política, sus directivos, representantes y voceros. En caso de que alguno de los beneficiarios sea condenado, deberá devolver el dinero.

Impulso del fujimorismo a la contrarreforma

Esta ley fue promovida desde la Comisión de Constitución, presidida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. El dictamen fue aprobado el mes pasado por la Comisión Permanente del Congreso, evidenciando el impulso del fujimorismo en esta contrarreforma.

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El Congreso aprobó una ley que protege a los policías que usan su arma en exceso.

El Fujicerronismo respalda propuesta aprobada en primera votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones en el Congreso.

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La iniciativa fue impulsada por Fuerza Popular y Perú Libre. Foto: difusión

El Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que utilicen la fuerza de manera excesiva en el cumplimiento de sus funciones. La propuesta fue aprobada en primera votación y luego exonerada en una segunda votación con 80 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones.

Aprobación del proyecto de ley en el Congreso

El día de hoy, el Congreso de la República ha tomado una decisión que ha generado polémica y debate entre la población. Se ha aprobado un proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza durante el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta ha sido respaldada por 80 votos a favor, mientras que 18 legisladores se han manifestado en contra y 3 se han abstenido.

Esta medida ha generado diversas opiniones en la sociedad, ya que muchos consideran que podría fomentar la impunidad y el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Por otro lado, algunos defensores de la iniciativa argumentan que es necesario proteger a los efectivos policiales que enfrentan situaciones de riesgo en el cumplimiento de su deber.

Votación del Pleno sobre el proyecto de ley

Durante la sesión parlamentaria, se llevó a cabo la votación del Pleno sobre el proyecto de ley que busca brindar inmunidad a los policías que se excedan en el uso de la fuerza. La imagen capturada durante esta votación muestra la división de opiniones entre los legisladores, con una clara mayoría a favor de la propuesta.

Es importante destacar que esta medida ha levantado dudas sobre sus implicaciones en términos de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos. Algunos sectores de la sociedad han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta normativa pueda dar pie a abusos por parte de las fuerzas del orden.

Reacciones ante la aprobación del proyecto de ley de impunidad policial

Tras conocerse la aprobación del proyecto de ley que otorgará impunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza, diversas organizaciones y líderes de opinión han manifestado su rechazo a esta medida. Argumentan que esta normativa podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitar el sistema de justicia.

Por otro lado, aquellos que respaldan la iniciativa destacan la importancia de proteger a los efectivos policiales que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber. Consideran que esta medida contribuirá a garantizar la seguridad de los agentes del orden y a fortalecer el trabajo policial en el país.

Conclusiones finales

En conclusión, la aprobación del proyecto de ley que brindará inmunidad a los efectivos policiales que se excedan en el uso de la fuerza ha generado un intenso debate en la sociedad. Mientras algunos sectores expresan su preocupación por las posibles consecuencias de esta normativa, otros la defienden como un mecanismo necesario para proteger a los policías en el ejercicio de sus funciones.

Es importante que se continúe el diálogo y el análisis sobre este tema, para garantizar que las decisiones tomadas en el ámbito legislativo contribuyan al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y al respeto pleno de los derechos humanos en el país. La voz de la sociedad civil y de los expertos en la materia será fundamental para evaluar los efectos de esta medida y tomar las acciones necesarias en caso de identificar posibles vulneraciones.

Votación del Pleno sobre el proyecto de ley. Foto: captura de pantalla/Congreso

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